viernes, 19 de agosto de 2016

ONG: indignación por omisión del Estado en resolver el caso del crimen de Chavarría


  •  La ejecución extrajudicial fue por motivos políticos y está cubierta de impunidad, dice 

■ La viuda solicita que Zeferino Torreblanca sea indiciado por el asesinato y se le investigue
“Indignación”, fue la palabra utilizada por el presidente de la Red Década Contra la Impunidad, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, religiosos mexicanos, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos de México y el extranjero, para expresar su sentir ante la omisión del Estado mexicano en el esclarecimiento del asesinato de Armando Chavarría Barrera.
En una carta pública difundida ayer por la tarde, los frailes Tomás González Castillo, director del albergue La 72, de Tenosique y presidente del Comité de Derechos Humanos del Usumacinta; Julián Cruzalta, de la organización Católicas por el derecho a decidir; la religiosa Lety Gutiérrez, directora general de Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR) Observatorio Eclesial, y organizaciones como el Stunam, Association Gilberto Bosques (de Francia), Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Red de Defensa de Derechos Humanos, Central Campesina Cardenista Democrática, Humberto Robles (escritor), y los defensores de derechos humanos Jesús Robles Maloof, Maricela Ortiz, Ernesto Rodríguez Cabrera, Ericka Zamora Pardo y María Magdalena López Paulino, expresaron que “la ejecución extrajudicial de Armando Chavarría fue por motivos políticos y se encuentra cubierta de impunidad”.
La carta pública también está suscrita por la secretaria general del CEN del PRD, y ex candidata a la gubernatura de Guerrero por ese partido, Beatriz Mojica Morga.
“Su viuda la señora Martha Idalia Obezo Cazares, ha exigido que Zeferino Torreblanca Galindo sea indiciado en el caso y se le investigue conforme a derecho, sin embargo su voz no ha sido escuchada, al igual que la de miles de víctimas indirectas de las ejecuciones extrajudiciales”, señala el documento público.
Armando Chavarría Barrera fue asesinado el 20 de agosto de 2009, y la investigación sobre su caso se vio envuelta en una larga truculencia que ha derivado en que hasta la fecha no se tenga ningún indicio claro respecto a la autoría directa e intelectual. Durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, el entonces procurador Alberto López Rosas relató que un jefe policiaco del tiempo de Torreblanca Galindo le informó que él había participado en el asesinato por órdenes superiores, pero cuando iba a declararlo ministerialmente fue asesinado.
“Este expediente –recuerdan los firmantes– ha pasado por las manos de ocho procuradores, ninguno ha resuelto nada y todos le han negado a la viuda copias de este expediente, ningún abogado aceptó acompañar el caso ya que quiénes lo hicieron cuando sucedió el asesinato de Armando Chavarría, fueron amenazados y literalmente sacados del estado”. Reclamaron que existe “un absoluto silencio ante este caso, y una omisión permanente por parte del gobierno mexicano”. Actualmente, el caso se encuentra en proceso de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formulada por el obispo Raúl Vera en su carácter de presidente de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, y a petición de los familiares. “Exigimos al Estado mexicano el esclarecimiento de esta ejecución extrajudicial, y al gobierno del estado de Guerrero lo responsabilizamos de la integridad física y psicológica de la familia de Armando Chavarría y de quienes acompañan este caso a nivel nacional e internacional”, señalan.