martes, 26 de julio de 2016

Recrimina Década contra la Impunidad que diputados del PRI hayan votado contra un exhorto por el caso El Charco

Lourdes ChávezChilpancingo
Julio 25, 2016
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad recriminó a los disputados locales del PRI que votaron contra un exhorto para llamar al gobierno federal a cumplir con un emplazamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la masacre de El Charco.
En un comunicado, denunció que un gobierno priista permitió las atrocidades del 7 de junio de 1998, en la comunidad indígena en Ayutla de los Libres, y como ejemplo señaló la tortura de los detenidos en la Novena Región Militar.
“¿Por qué tendrían que actuar de manera diferente los representantes de este partido y el mismo gobernador del estado de Guerrero 18 años después?”, denunció.
Entonces, era gobernador interino por el PRI Ángel Aguirre Rivero, que en 2011 ganó la elección constitucional de gobernador por el PRD.
El jueves pasado, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, propuso al pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo de urgente y de obvia resolución, para exhortar al gobierno mexicano, a que cumpla con el emplazamiento de la CIDH, de informar de los hechos de El Charco, donde fueron asesinados 11 personas en una operación militar.
Sin embargo, el acuerdo no fue aprobado por oposición de los diputados del PRI y los PVEM, con quienes suman mayoría, y el tema se turnó para revisión en comisiones.
Ayer, la asociación civil de derechos humanos denunció que en 1998, el gobierno priista permitió que se cometieran “todas las atrocidades inimaginables en contra de los indígenas, los estudiantes universitarios y el activista social”.
A 18 años de aquella masacre, señaló que el gobierno se mantiene “impasible ante la ejecución de 10 indígenas na’savi y un estudiante universitario, sin alzar la voz cuando los sobrevivientes de este hecho fueron obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar”,
Aseguró que el MP federal tuvo conocimiento en tiempo de que había detenidos, y fueron trasladados a la Novena Región Militar en Acapulco, donde fueron torturados.
Como referencia, citó el expediente militar que la asociación obtuvo por fuentes extraoficiales en Estados Unidos, sobre los sucesos del 7 de junio de 1998, “que desde las 8:45 de la mañana, el agente del Ministerio Público de la Federación, Gustavo Saavedra Astudillo, recibió la llamada del teniente Coronel de apellido Ramírez, para decirle que ‘requerían de un agente del Ministerio Público de la Federación, toda vez que se habían suscitado hechos de injerencia federal… indicándole que pasarían a recogerlo’ (a él y su equipo) (Acta Circunstanciada Foja 003 del expediente 49/98-I)”.
Así, los agentes ministeriales fueron llevados a la Novena Región Militar , y de ahí en helicóptero a la población de El Charco, donde fueron recibidos por el comandante de la Novena Región Militar.
La Red subrayó que las autoridades civiles tuvieron conocimiento de las detenciones, y nada hicieron para impedir la retención ilegal.
Insistió en que el gobierno priista “permaneció frío ante el hecho de que los sobrevivientes de esta masacre estuvieran detenidos en zona militar, en manos de integrantes del Ejército que torturaron con saña a los detenidos”.
Recordó que Erika Zamora Pardo denunció que fue obligada por los militares “a desnudarse y recostarse sobre el piso con agua, en la sede militar, donde le aplicaron toques eléctricos”.
Aunque el homicidio de 11 personas quedó plenamente acreditado, en el peritaje militar integrado a la averiguación previa, dice que existió “una excluyente de responsabilidad a favor del personal militar… por los hechos ocurridos en la comunidad de El Charco, Ayutla de los Libres, Guerrero, ya que fueron objeto de una agresión actual violenta sin derecho y resultó un peligro inminente de sus vidas…por lo que es procedente solicitar a la Procuraduría General de Justicia Militar el archivo con las reservas de la ley de la presente indagatoria …”
La Red denunció que si los gobiernos del PRI no respondieron en el ámbito de su competencia ante las violaciones a los derechos humanos, “¿porqué tendrían que actuar de manera diferente los representantes de este partido?”, y en el cuanto a PVEM, señaló que “su actuar es su carta de presentación”.