jueves, 12 de febrero de 2009

Posicionamiento político de las organizaciones civiles mexicanas


Posicionamiento político de las organizaciones civiles mexicanas respecto del informe presentado por el gobierno mexicano ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal

Febrero 2009

Desde hace veinte años las organizaciones de la sociedad civil mexicana hemos venido denunciando reiteradamente una serie de violaciones a los derechos humanos que continúan cometiéndose y cuyos efectos siguen sin repararse. A pesar de que México demuestra una apertura ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos, la realidad nos revela una práctica sistemática.

Si bien coincidimos en los problemas que el Estado mexicano reconoce en materia de derechos humanos y en la vigente necesidad de reforzar las medidas para garantizarlos, las organizaciones firmantes consideramos que es imperante la consistencia y articulación al interior del gobierno federal y con los gobiernos estatales para garantizar y proteger los derechos humanos en México. Por lo anterior presentamos algunas preocupaciones y retos estructurales que identificamos deben ser atendidos de manera inmediata siendo acordes con la política internacional del Estado mexicano.

Políticas públicas

Se detecta una ausencia en el diseño de una política pública integral en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales. El gobierno federal afirma en su informe que presenta ante el Examen Periódico Universal que hay una tendencia a mejorar la situación de los derechos de las y los mexicanos. No obstante, la pobreza sigue siendo un problema latente en nuestra sociedad, condición que pone en riesgo el ejercicio de estos derechos, tal y como lo señala la evaluación realizada el año pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Por ejemplo, en materia de salud, la insistencia de poner en marcha programas sociales focalizados en lugar de establecer el principio de la universalidad para el acceso a una atención con calidad; también urge desarrollar un sistema integral de instrumentos de apoyo para operar la producción social de vivienda, que respondan a los compromisos del Estado asumidos en 2006 con la promulgación de la Ley de Vivienda, misma que carece de Reglamento así como políticas públicas que reflejen la perspectiva del derecho a una vivienda adecuada. Asimismo, el 60% de la Población Económicamente Activa se encuentra en el sector informal laboral; menos de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) se invierte en la educación pública; y los recursos legales para acceder a la justicia excluyen la posibilidad de acciones colectivas. Es decir, los derechos económicos y sociales no han tenido avance alguno.
Marco normativo

A pesar de la aprobación de la Ley para la Reforma del Estado1; así como de las grandes cantidades de recursos invertidos; del importante número de propuestas presentadas y discutidas en grupos de trabajo, no se concretó una reforma constitucional que permita a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial armonizar su orden jurídico interno con un mínimo de obligaciones internacionales de respeto, garantía y protección de los derechos humanos. En cambio en el marco de la reforma del Estado se modificaron las leyes relacionados en materia energética y electoral. Desafortunadamente, la propuesta sobre reforma en materia de derechos humanos quedó como un pendiente. Por ello es vital iniciar un proceso de armonización progresivo, que contenga resultados puntuales en el mediano plazo -antes del 2012- , contando con la suma de voluntades políticas de los tres poderes de gobierno.

La reforma en materia de derechos humanos, también debe incluir que el Estado garantice el ejercicio de la libertad de expresión a través de reformar las leyes y reglamentos sobre este derecho, permitiendo así la diversidad y el reconocimiento del sector comunitario de las comunicaciones.

Programa Nacional de Derechos Humanos 2008- 2012 (PNDH)

El PNDH quedó reducido a un programa de gobierno que tiene vigencia por cuatro años, tiempo que no será posible diseñar, implementar, evaluar y monitorear sus avances o retrocesos, contrario a lo que establece la Conferencia de Viena con relación a fijar una política de largo plazo por parte de los Estados en materia de derechos humanos. Es de destacar, que la administración actual desconoció la vigencia del programa de derechos humanos 2004-2007, restando así continuidad a cualquier intento de política realizada con anterioridad. Asimismo, es preocupante que el Programa no contiene plazos y objetivos concretos para abolir las practicas más violatorias de las autoridades mexicanas.


Por ello, como lo señala el PNDH 2008-2012, el gobierno federal tiene el desafío de establecer las acciones concretas en cortos plazos, definir los tiempos en que deben cumplirse y evaluar el impacto de las mismas. Es imperante que se realicen evaluaciones cualitativas sobre los resultados de las acciones implementadas a fin de asegurar una efectiva mejora en el goce de los derechos humanos de quienes habitamos el territorio mexicano.

Seguridad ciudadana

En un clima de inseguridad creciente, en el cual día a día se suman más ejecuciones y hechos violentos, es urgente que se establezcan propuestas para resolver de forma trascendental el problema de la inseguridad pública, la cual se ha limitado a ofrecer respuestas reactivas sin atacar las causas estructurales. Por otro lado, no hay un plazo para el retiro de las fuerzas armadas en tareas que legalmente corresponden a instituciones civiles. Actualmente se cuenta con un promedio de 45,000 soldados activos en las calles por mes2. Es preocupante que varias iniciativas en materia de seguridad incluyen la reinstauración de la pena de muerte y un endurecimiento de las penas.

En cuanto a la Reforma Constitucional en matera de justicia penal de 2008, existen dudas razonables de las posibilidades reales de su instrumentación. Los vicios y corrupción que permanece en la administración y procuración de justicia, los cacicazgos locales, la falta de recursos económicos obstaculizan el avance de los aspectos positivos de esta reforma, entre ellas la transición paulatina a un sistema de justicia oral y acusatoria en México. Por otra parte, es lamentable que esta misma reforma constitucional admitiera prácticas violatorias como la figura del arraigo, una forma de detención preventiva y arbitraria que permite hasta 80 días de arraigo para determinar la consignación de una persona, lo cual es excesivo y es muestra de la ineficacia de las propias investigaciones que se realizan.

Impunidad en la procuración y administración de justicia

Es evidente que la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos continúa siendo un problema estructural. Si bien el gobierno federal ha asumido ciertos compromisos para avanzar en la protección de los derechos humanos, los gobiernos estatales los violan, ejemplo de ello son los estados de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Estado de México, entre otros, quienes realizan detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones, acoso a periodistas. En este contexto de impunidad y de la poca o nula respuesta de la autoridad ante demandas sociales, éstas actúan bajo el pretexto de combatir al crimen organizado, por ejemplo reprimiendo y deteniendo a líderes sociales, integrantes de movimientos que se manifiestan en contra de algunos megaproyectos de desarrollo como presas y minas, dando como resultado la criminalización de la protesta social. Incluso Amnistía Internacional ha considerado a varios de los líderes sociales como presos de conciencia.

Además, los congresos locales impulsan reformas legislativas en retroceso, como imponer la pena de muerte o el no garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, sino por el contrario se pretende penalizar su ejercicio.

A pesar de la existencia de numerosas instituciones como fiscalías especiales o especializadas en temas como las de cientos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de la “guerra sucia” de los años que van de 1960 a 1980; así como la violencia contra las mujeres y delitos contra periodistas, no se ha logrado obtener la adecuada investigación y posterior sanción de las personas responsables. Los casos quedan en la impunidad, un claro ejemplo son los 1,014 feminicidos de mujeres contabilizados entre enero de 2007 hasta junio de 20083, que no han sido debidamente investigados. Al mismo tiempo, México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina4 . A lo anterior se añade el incremento en más de 100% de las quejas en contra de militares registradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2008, prácticamente todos estos casos son juzgados de manera anti-constitucional bajo la jurisdicción militar. El ambiente se agrava porque las instituciones encargadas de la investigación y sanción no cuentan con los recursos humanos, financieros o jurídicos necesarios para hacer frente a la justicia pronta y expedita.

Discriminación y derechos de grupos específicos

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que el país sigue enfrentando problemas significativos que generan escenarios de violaciones a los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación. Dos ejemplos de ello:

Migrantes. La política migratoria del gobierno mexicano se sustenta en el control y administración de flujos; prácticamente todos sus programas demuestran que la política está diseñada para agilizar las deportaciones de centroamericanos, reforzar los controles en los puntos fronterizos y en los lugares de mayor tránsito migratorio e incrementar los centros de detención migratoria. Estas acciones, que no atienden las causas estructurales, hacen caso omiso de las flagrantes, graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de las personas migrantes y sus familias e incumplen con los compromisos del gobierno mexicano contraídos para la protección de los derechos humanos.

Mujeres. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las doce primeras semanas5, los recientes cambios realizados a la Norma Oficial Mexicana “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” (NOM-046-SSA2-2005)6 desvirtúan la obligación del Estado por garantizar que las mujeres víctimas de violencia sexual tengan acceso a la información objetiva y oportuna para evitar un embarazo y a los servicios de calidad para interrumpirlo, cuando éste es producto de una violación, tal como lo establecen las leyes en todo el país.

Diálogo y participación con la sociedad civil

Respecto a la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH) como mecanismo de interlocución y diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, el funcionamiento de ésta y de las subcomisiones que la integran ha sido irregular. Lo que ha redundado en que, a la fecha, son casi nulos los avances concretos en la armonización legislativa, a pesar de que existen proyectos importantes de legislación y reformas constitucionales.

El diálogo con la sociedad civil que la CPGMDH impulsa es intermitente y limitado. El mecanismo de interlocución de las subcomisiones es restringido, y los pocos resultados producto del trabajo de las mismas no han sido implementados. Por lo tanto este conjunto de más de 100 organizaciones nacionales decidieron no ir a la consulta con el gobierno federal en relación con el EPU, por considerarse como una reacción coyuntural que, con base en experiencias previas de consulta, no generaron resultados concretos.

EPU - México
El Mecanismo del Examen Periódico Universal representa para las organizaciones civiles mexicanas una oportunidad para el avance en la protección y defensa de los derechos humanos. Se requieren de compromisos contundentes por parte del Estado mexicano, con plazos y efectos precisos, con evaluaciones periódicas de impacto y una voluntad política de transformar lo que hasta el día de hoy no ha funcionado. Aspiramos a lograr una sociedad políticamente democrática que incluya no sólo en el discurso sino por la vía de los hechos, un respeto irrestricto de todos los derechos humanos. Esperamos esa congruencia, sabemos de las dificultades que se presentan en diferentes ámbitos, sin embargo el Estado mexicano se ha comprometido ante la comunidad internacional a la protección que requieren las personas que habitamos la República Mexicana, en este sentido exigimos poner un alto a la impunidad y avanzar en la armonización en los tres niveles de gobierno.