sábado, 7 de febrero de 2009

Informe sobre la situación de Presos Políticos

México, D. F. Noviembre del 2007
Ernesto Rodríguez Cabrera
Ericka Zamora Pardo
Ma. Magdalena López Paulino

Frente a sistemas sociales sin garantías jurídicas, frente
Órdenes políticos tiránicos regidos por la arbitrariedad y la
Práctica de las torturas, el sistema penal democrático supuso
Un cambio cualitativo puesto que adecua racionalmente el castigo
a la gravedad de los delitos y mide esos en relación a unas
Leyes emanadas de la voluntad general. Se podría objetar que
Sin embargo el espacio cerrado de las cárceles presenta
demasiadas similitudes con las viejas bastillas destruidas en
nombre de la libertad
Fernando Álvarez

AGRADECIMIENTOS
Para quienes integramos la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, es importante agradecer, reconocer y valorar la solidaridad y acompañamiento de quienes nos han apoyado en este caminar por la justicia y la verdad, ya que gracias a ellos nos hemos podido
consolidar como equipo, va nuestro cariño y respeto desde aquí a:

El Obispo de la Diócesis de Saltillo José Raúl Vera López
El Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas Samuel Ruiz García
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Edgar Cortéz Secretario Ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos
Agradecemos también el apoyo recibido en este caminar ha:
El Padre Jesús Ramos, de la Parroquia de San Pedro Martír
El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de
México
SICSAL
Lic. Alfredo Legaria
Agradecemos las opiniones recibidas de Edgar Cortéz para la elaboración de este Informe

INTRODUCCIÓN GENERAL
La Situación de los Presos Políticos en México

El 9 de diciembre del 2004, algunas Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos,
Organizaciones Sociales y de Defensa de Presos Políticos y de Conciencia conformamos la
Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organismo cuyo objetivo principal es la defensa y promoción a la Integralidad de los Derechos Humanos, y desde su nacimiento hace suya la Declaración No. 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” y que de acuerdo a la definición de Amnistía Internacional (AI) “Los defensores de derechos humanos son hombres y mujeres que actúan individual o colectivamente para contribuir a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos y las personas.

Esta labor incluye la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso de las violaciones de los
derechos humanos; la lucha a favor de la igualdad entre los sexos y las razas; la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos de los pueblos indígenas; y la lucha contra el hambre, la pobreza y la discriminación”, basados en lo anterior la Red camina por Verdad y la Justicia, pretendemos comenzar a lograr romper con el cerco de la impunidad, logar que la desesperanza permanente acompañante de las familias de los Presos Políticos y de Conciencia, bajo el cobijo de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario documentos Firmados y Ratificados por México, y logremos bajo la defensa integral de los derechos humanos convertirlo en un camino alumbrado por laesperanza tomando en cuenta Siempre el Principio de la Dignidad Humana.
A casi tres años de nuestro nacimiento damos a conocer este Informe cuyo contenido no radica en el reproducir lo que organizaciones nacionales o internacionales ya han mencionado sobre la situación de los Presos Políticos y de Conciencia y la Impunidad, pretendemos bajo la puntualización de la situación de los casos en los que esta organización colabora, evidenciar las dificultades y violaciones a derechos humanos con los que los abogados y los defensores de derechos humanos nos enfrentamos en la defensa de Presos Políticos y de Conciencia (asumimos la definición que hace Amnistía Internacional en referencia al termino preso de conciencia que a la letra dice “Son aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma”), así como la realización de un análisis sobre el tema de Presos Políticos y realizar propuestas sobre el combate a la Impunidad “Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o dederecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como deresponsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidosculpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.” (1)

Basados en nuestra posición fundamentada entre otros documentos por el Art. 2 de la Declaración del Hombre y el Ciudadano, para la Red Solidaria Década Contra la Impunidad el termino Preso Político significa: “Es un ser humano privado de su libertad por el Gobierno de un Estado a causa de luchar, defender, promover la dignidad, respeto y conservación integral de los derechos humanos incluido el derecho a la resistencia a la opresión”
Partiendo de esta posición este informe responde a la imprescindible necesidad que va más allá de la realización de una investigación y documentación de las violaciones a los derechos humanos y a un debido proceso, es una respuesta a la necesidad de conocer la verdad “Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientossucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de lascircunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes.

El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones.” (2), combatir la impunidad como esta plasmado en el “Conjunto de Principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos en la lucha contra la impunidad, el cual dice que “La inexistencia, de hecho y de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de las violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento yen caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y las reparaciones de los perjuicios sufridos de garantizar elderecho inalienable de conocer la verdad y de tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones (3)”,a que se haga justicia y que se repare el daño a las víctimas, no solo directas si no también a las indirectas (la familia restringida y familia ampliada), es también nuestra intención que se termine con el ocultamiento y la distorsión de la realidad en que viven los presos y presas políticas en el Sistema Penitenciario de mediana y sobre todo el de alta seguridad nacional (CEFERESOS), es precisamente este último en el en el que aterrizaremos y puntualizaremos ya que a pesar de que en el año 2003 Ander s Kompass representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entregara el “Diagnóstico Sobre la situación de los Derechos Humanos en México” y es en este documento donde se incluyen varias

1 CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
recomendaciones sobre las violaciones sistemáticas en los CEFERESOS, ya que el Estado que debe procurar la justicia no la venganza a hecho caso omiso de ellas y de las Observaciones Generales adoptadas por el Comité de Derechos Humanos de de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la interpretación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Documento ONU: HRI/GEN/1/Rev.3,15 de agosto de 1997 sobre; Prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles (artículo 7)10/04/92, Observación General 20 y al Trato Humano de las personas privadas de su libertad (artículo 10), 10/04/92 Observación General 21.
(2) CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD, Principio 2
(3)INFORME RENDIDO POR DIANE ORENTLICHER (EXPERTA INDEPENDIENTE ENCARGADA DEACTUALIZAR EL CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD –E/CN. 4/2005102/Add.1-) A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Creemos que el Gobierno mexicano debe de hacer a un lado su retórica de defensa y garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos, hacer realidad el cumplimiento del debido proceso y el juicio justo, el habeas corpus, figura jurídica no contemplada en nuestro marco jurídico nacional pero que en este contexto político en que vivimos es indispensable porque se repite el terror de los años setenta, en la llamada “guerra sucia” donde hubo mas de 500 desaparecidos por razones políticas. Que a las personas privadas de su libertad se les garantice el respeto a su dignidad humana, que a los presos políticos les dejen de obstaculizar su defensa, es decir les permitan estar en contacto con los abogados y defensores de derechos humanos.
Que se conozca la verdad histórica de;
La Masacre de Acteal, en el Estado de Chiapas el 22 de diciembre de 1997, donde 45 indígenas que pertenecían a la Organización Civil de “Las Abejas” fueron masacrados por paramilitares.
La Masacre de Aguas Blancas, en el Estado de Guerrero, el 28 de junio de 1995, 17 personas pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinadas por elementos policíacos de las diferentes corporaciones policíacas.
Masacre del Charco, en el Estado de Guerrero el día 7 de junio de 1998, que dejo como saldo a 11 personas masacradas por elementos del Ejército Mexicano.
Que se conozca la verdad acerca de las aproximadamente 500 desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Guadalajara 28 de mayo, la represión a los altermundistas que se manifestaron.
De los hechos en Atenco los días 03 y 04 de mayo del 2006
De lo acontecido en Oaxaca en el mes de agosto del 2006
Conocer la verdad histórica de lo mencionado sería un signo positivo de avance en el ejercicio y promoción de la integralidad de los derechos humanos.
“Es un camino errado, a mi ver, acercarse a los derechos humanos desde el sistema internacional de protección, o partiendo de una particular doctrina social.
“Si se quiere ser duradero y estable, profundo y auténtico defensor, es preciso no desorientarse de la experiencia del dolor ajeno sentido como propio; es necesario dejar que la exterioridad irrumpa en el dolor íntimo, dejarse tocar, remontarse a la protopalabra: a ese ¡ay! De dolor que nos remite a alguien, no a algo, que nos hace vislumbrar a la persona, no a una cosa.Y ese grito sentido como propio lleva -nos ha llevado- a la compasión. Al padecer-con. No los principiospolíticos, ni los Pactos y declaraciones. Lo que provoca la com-pasión es oír el grito del Otro y tener la sensibilidad suficiente para responder, para hacerse eco del mismo. La com-pasión pasa así por las entrañas: es una vocación entrañable.”
David Fernández
Resumen de Casos a los cuales la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. da
Seguimiento
Caso de los Indígenas Nahuas de Astacinaga, Veracruz, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y su coacusado Gustavo Robles López
ANTECEDENTES
Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, son Originarios del Pueblo Náhuatl de Astacinga Veracruz, hablan perfectamente el castellano y hasta el momento que son detenidos residían en su Pueblo, son hermanos de Andrés Tzompaxtle Tecpile, quien en octubre de 1996 fue Detenido-Desaparecido hasta febrero de 1997 y se le relaciono con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), este caso es llevado por Tortura por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., y fue incluido en el Informe del Relator Especial, Sr.Nigel S. Rodley, en su segunda visita a México, presentándolo con arreglo a la resolución 1997/38, de la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1998/38/Add.2, anexo) de la ONU, a su vez la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite la Recomendación 121/96/Gro/3714 en contra de la Tortura a la que fue sometido el Sr. Andrés Tzompaxtle Tecpile, y quien dijo haber logrado escapar de una prisión militar clandestina ubicada en el Estado de México y de quien no se ha vuelto a saber de él.
HECHOS
PGR/VER/ORI/2006
Se encuentra radicada en la Subdelegación de la Procuraduría General de la República, en la Ciudad de Orizaba por la probable participación del delito de Cohecho.
El día 12 de enero del presente fueron detenidos aproximadamente a las 10:30 am; Gerardo Tzompaxtle Tecpile, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, en la zona del puente peatonal de Buena Vista kilómetro 281, de la carretera México-Veracruz, sobre la autopista Orizaba-Fortín de las Flores, cuando el vehículo en que viajaban, Jetta color gris, con placas YCD-19-41 del estado de Veracruz, modelo 2001 propiedad de Gerardo Tzompaxtle Tecpile se descompuso y al lugar de los hechos se acercan a ellos integrantes de la Policía Federal
Preventiva (PFP), que venían a bordo de la patrulla con No. Eco. 08833, cabe mencionar que dos personas de sexo masculino habían solicitado “aventón” a los integrantes del Jetta, y que éste les fue dado, y al acercarse la patrulla bajo el argumento de que “iban por agua” se alejaron del vehiculo dejando sus pertenecías, los integrantes de la patrulla sin que mediara orden de cateo alguna revisan el vehiculo, y en las pertenencias que dejaron las dos personas desconocidas encontraron una “Libreta”, la cual contiene datos de personas “supuestamente” relacionadas con grupos armados y narra un cuento inconcluso.

Los elementos policíacos, los remitieron ante el Ministerio Público Federal (MPF) de Orizaba, Veracruz, hasta las 19:00 horas del día 12 de enero del 2006, es decir tardaron más de siete horas en ponerlos a disposición de la Autoridad Ministerial, siendo que está se encuentra a solo 13 Kilómetros del lugar de la detención. Es este Funcionario Ministerial - que sin fundamentar la razón o motivo legal, no solo los mantiene privados de su libertad, también los mantiene en estado de incomunicados desde ese momento hasta el día 14 de enero de 2006, fecha en que rinden su Declaración ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, donde son informados que estaban en calidad de presuntos responsables por el Delito de Cohecho, siendo puestas en libertad por falta de elementos, pero deteniéndoseles por la siguiente Averiguación Previa.

PGR/SIEDO/UEITA/004/2006
Averiguación Previa en la que se ejerció acción penal contra los mencionados por su probable responsabilidad en los delitos de “Violación a la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer Terrorismo”
Son trasladados a las oficinas de la Unidad de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República, que se encuentran en la Ciudad de México, por su presunta participación en un secuestro cometido en agravio a un ex senador del Partido Revolucionario Institucional, el C. Alberto Zepahua, El Titular de la SIEDO ordena su libertad, el 16 dieciséis de enero de dos mil seis.
Sin embargo unos agentes de la policíacos que los arriba mencionados no identifican pero que se encontraban en el mismo edificio les comunicaron que les faltaba por firmar unos documentos para poder quedar en entera libertad y son presentados ante la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la misma Institución señalada en el punto que antecede, donde los mantienen hasta el día 18 de enero del 2006 donde bajo presión firman un documento en el que les informaban que estaban arraigados por noventa días por el delito de “Terrorismo”.
El Titular de UEITA quien ordena su detención posteriormente solicita al Juez Catorce de Distrito de Procesos Penales Federales su arraigo
El 10 de abril de 2006 el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la, Unidad de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), consignó la Averiguación Previa No. PGR/SIEDO/UEITA/004/2006 al Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, el cual la radica con el número:
Número de Expediente o Causa 43/2006
Por el delito de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en la Modalidad de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
El día 17 de abril del 2006 el juez decreta su detención a las 16:00 horas señalando como fecha para Rendir su Declaración Preparatoria el día 18 de abril de 2006 a las 9:00 horas.
Finalmente el día 22 de abril de 2006 se les dicta Auto de Formal Prisión como Probables
Responsables del Delito de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de cometer actos de Terrorismo, con la causa penal 43/2006, siendo remitidos al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México.
Sin embargo, el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal dicta el Auto de Formal Prisión y al mismo tiempo se declaró incompetente para conocer de la causa porque los hechos ocurrieron en la Jurisdicción de Córdova, Veracruz.
Corresponde al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México, dar resolución del conflicto competencial número 87/2006.
El uno de septiembre de 2006, dicho Tribunal determinó que la competencia para conocer de la causa corresponde al Juzgado Décimo Segundo en Materia Penal con cabecera en Córdova, Veracruz, radicándose la Causa Penal 61/2006. Ordenando, al mismo tiempo, “al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Veracruz, mediante oficio…para que gire las instrucciones necesarias al encargado de la Plaza de la Agencia Federal de Investigaciones, con el fin de que, se efectúe el traslado de los procesados Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, de las instalaciones que ocupa el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, con residencia en la Ciudad de México al Centro de Readaptación Social Amatlán de los Reyes, Veracruz”. “Lo cual deberá efectuar en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, contando a partir de aquel en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveido”.
El 28 de febrero de dos mil siete solicita el Ministerio Público de la Federación
adscrita al Juzgado Décimo Segundo de Distrito del Estado de Veracruz, con Residencia en Córdoba le sea proporcionada copia al Director del Reclusorio Norte del Distrito Federal de la orden de traslado de los hermanos Tzompaxtle y Gustavo Robles del Reclusorio mencionado al Penal de Amatlán de los Reyes en el Estado de Veracruz a lo que el juez contesta que cumpla con lo ordenado en el auto de fecha uno de septiembre del dos mil seis, en el que se ordeno al delegado de la Procuraduría General de la República, con residencia en Veracruz, para que comisionara a elementos necesarios para dar cumplimiento del traslado ordenado.
Finalmente los Hermanos Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle y su coacusado Gustavo Robles son trasladados y puestos a disposición del Juzgado Décimo Segundo el día trece de marzo del dos mil siete para dar inicio a un juicio, con una defensa adecuada y ofrecer todo tipo de pruebas a la que todo procesado tiene derecho.

En el mes de septiembre del presente, se solicito el Cierre de Proceso petición aceptada y se espera la Sentencia a finales del mes de enero del 2008.
Número de Expediente o Causa Penal 21/2007 por el Delito de Cohecho
Cabe mencionar que les fue reabierto a Averiguación Previa, por el Delito de Cohecho y que esta Averiguación fue Ahora se les sigue la presente causa penal y que se junto con la Causa 43/2006 en el Juzgado Décimo Segundo cabe mencionar que en su momento se ofrecieron las pruebas pertinentes.
Recursos legales Interpuestos en Contra de la Privación de la Libertad de los Indígenas Nahuas Gerardo Tzompaxtle Tecpile, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y de su coacusado Gustavo Robles López:

1) Amparo 240/2006 ante el Juez Primero de Distrito de Amparos en Materia Penal en el Distrito Federal, interpuesto el 6 de marzo del 2006, reclamando la privación de la Libertad en la Modalidad de Arraigo, fue Sobreseído (al momento de resolverse ya habían sido consignados al Juez del Proceso) 2) Amparo 279/2006 Primero en Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, interpuesto el 15 de marzo del 2006, por obstaculización al abogado al acceso a las actuaciones de la Averiguación Previa, fue sobreseído además al momento de resolverse ya habían sido consignados al Juez del Proceso.
FUNDAMENTOS DE SU DETENCIÓN
16 DE ENERO DEL 2006
El envío vía fax de la Dirección General de Comunicación Social (del número 53 46 44 40) de un fax de una nota periodística publicada en la página de Internet milenio.com, titulada “Detiene PFP a presuntos integrantes del EPR”
Constancia de una llamada anónima del día 16 de enero del 2006
Una llamada telefónica al número 53 46 44 40, la cual en la pantalla aparece la leyenda “Pública” de la que sale una voz masculina el cual refiere “…Mi llamada es para decirles que Gerardo Tzompaxtle Tecpile, nació el 25 de junio de 1976, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile nació el 25 de abril de 1970 y Gustavo Robles López nació el 21 de diciembre de 1976, son miembros del grupo Comando Popular la Patria es Primero, fueron detenidos el viernes 12 de 2006,por elementos de la policía federal preventiva en la carretera en el Estado de Veracruz, y se encontraban llevando a cabo operaciones de logística con el fin de llevar a cabo actos en contra de la Seguridad Nacional, muy probablemente en contra de las personas que están transitando por la República Mexicana en “La Otra Campaña”. Que este grupo es un grupo armado en contra de las acciones del Gobierno y que se ha adjudicado entre otras cosas la muerte de José Rubén Robles Catalán, el 6 de julio del 2005 en Acapulco Guerrero quien fungiera como Secretario de Gobierno en el estado de Guerrero en el año de …ustedes saben si no hacen nada, estos… son peligrosos y ese día dos de su grupo, quienes son los que se dieron a la fuga” (Foja 97)
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORME POR PARTE DE LOS AGENTES
FEDERALES DE INVESTIGACIÓN
Que informan encontraron una agenda que contiene en diversas páginas las siglas “EPR”, teléfonos celulares, ropa, fotografías.
CONSTANCIA DE DIVERSAS NOTAS PERIODISTICAS VÍA FAX
Que son parte del la Averiguación Previa PGR/GRO/ACALFAFE/106/105
Notas publicadas en el Diario “El Sur” (con el encabezado principal “… Aparece en San Marcos una Columna del presunto Grupo La Patria es Primero…”´
Ocho recortes de notas periodísticas del “El Sol de Chilpancingo”, “El Sur”, “Novedades” en el aparece la nota “Aparece en san Marcos una Columna del presunto Grupo Armado La Patria es Primero”
HISTORIA DE LOS GRUPOS ARMADOS EN MÉXICO

Libros encontrados en propiedades de la Familia Tzompaxtle Tecpile:
“Los Fundamentos del Leninismo José Stalin”
“10 años de Guerrillas en México 1964-1974”
Revista “De Par en Par” con el título “El Campo: granero o polvorín”
3 Revistas de Proceso
Conclusión de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Desde la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, creemos que es totalmente necesario que el gobierno mexicano deje de criminalizar a los familiares de personas que se asumen como integrantes de grupos rebeldes, como en este caso en el que los indígenas nahuas Gerardo y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile les son violados sus derechos humanos por ser hermanos de Andrés Tzompaxtle Tecpile, estas dan comienzo al momento que son detenidos sin que medie orden judicial alguna, continúan cuando les es negado a su defensa el acceso al expediente, esto ocurre cuando ellos se encuentran en el periodo de arraigo, las violaciones al debido proceso y al juicio justo se inician desde el momento en que son arraigados y tiene que pasar un año y dos meses para que de comienzo su juicio, tienen en prisión ya un año once meses y están en espera de su sentencia, la cual se contempla para los primeros meses del 2008, es decir a dos años de su detención.

ALGUNOS FUNDAMENTOS DE VIOLACIONES LOS DERECHOS HUMANOS A LA LUZ DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS EN ESTE CASO

1.- El Derecho a la Libertad Personal, derecho Fundamental contemplado en el Artículo 7(1)(2)(3) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, (además el Comité de Derechos Humanos (ahora Comisión de Derechos Humanos de la ONU) ha explicado que el concepto de “arbitrariedad” no debe de atribuirse solo a las detenciones aplicadas de modo contrario a la Ley, sino se debe de interpretar de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad (Comisión de Derechos Humanos,
Caso Alberto Womah Mukong c Camerún, (458/1991), 21 de julio de 1994, Doc. ONU), la Comisión Interamericana señala tres formas de Detención Arbitraria:
* Detención Extralegal -sin base legal; incluye la ordenada por el Ejecutivo o la realizada por grupos paramilitares con el consentimiento o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad- (Comisión Interamericana Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Argentina 1980, OEA/Ser.L/V/II.49 Doc. 19, pág. 140: detención indefinida ordenada por el Ejecutivo, Informe Anual de la Comisión Interamericana, 1981-1982, OEA/Ser.L/V/11.57, doc9 rev. I, 1982, Bolivia; detención por paramilitares vinculados a las fuerzas de seguridad.)
* Detención que viola la Ley
* Detención que, aunque se efectúa de conformidad con la Ley, constituye abuso de poder (Comisión interamericana, Informe núm. 43/96, caso 11.430, México 15 de octubre de 1996; un General del Ejército tuvo que hacer frente a 16 investigaciones preeliminares y ocho acciones penales a lo largo de siete años, todas las cuales fueron archivadas o desestimadas en lo que la Comisión describió como –una irracional secesión de casos que en conjunto constituyen “Abuso de Poder”)
2.- Toda persona detenida o retenida deberá ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella, esto está plasmado en el Artículo 7.4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, además esta Honorable Comisión concluyó que el derecho a asistencia letrada establecido en el Artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos era de aplicación en el primer interrogatorio (Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de Origen Mismito, OEA/Ser.L/V/II.62, doc.10 rev. 3, 1983)

Está H. Comisión ha afirmado que si un Tribunal no recibe notificación oficial de una detención o la recibe con demora, significa que los derechos del detenido no están protegidos, y ha señalado que estas situaciones generan otros tipos de abusos, deterioran el respeto a los Tribunales y su eficacia. (Comisión Interamericana Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Surinam, OEA/Ser.L/II.66, doc. 21 rev.1, 1985, p. 23) y en el Artículo 7.5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos está contemplado este derecho.
La Comisión Interamericana también ha concluido que una persona debe de ser llevada ante un Juez y/o otra Autoridad Judicial que las demoras son inaceptables (Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96 doc. 10 rev.1 p. 73, 24 de abril de 1997). Además este derecho se encuentra contemplado en el Artículo 7(6) de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos, Derecho a la Libertad Personal
3.- .- El Derecho a un Juicio dentro de un Plazo Razonable o ser Puestos en Libertad en espera de un Juicio, contemplado en el Artículo 7.5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, este derecho basado en la Presunción de la Inocencia y el Derecho a la Libertad Personal, exige que las personas en detención preventiva tengan derecho a que su caso reciba atención prioritaria y que las diligencias se realicen con rapidez y si bien se encuentra su Caso en Juicio este se celebre sin dilación indebida, pues se debe garantizar que no se prolongue la incertidumbre de quienes esperan la sentencia, esto está contemplado en el Artículo 8(1)(2)(b)(c) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

4.- Un Principio del Proceso Penal que es Reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es la Presunción de Inocencia, contemplado en el Artículo 8(2) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

La Comisión ha subrayado desde hace tiempo el carácter axiomático de la presunción de la inocencia en los procesos penales, esta presunción puede considerarse violada cuando la persona es detenida preventivamente bajo acusación penal durante un período prolongado sin la debida justificación, debido a que esa detención se transforma en una sanción y no en una medida cautelar, lo que equivale a anticipar una sentencia, este principio ha sido omitido en - el Caso de los Señores Gerardo Tzompaxtle Tecpile, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López. La Comisión Interamericana considera que debe eliminarse toda definición de delito que se fundamente en mera sospecha o asociación, pues traspasa la carga de la prueba y viola la presunción de la inocencia (Comisión Interamericana Informe Anual 1996, Perú OEA/Ser.L/V/II.53 doc. 7 párr. 4, p.).

5.- El Artículo 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, reconoce el Derechos a la Reunión, derecho violentado a los Señores Gerardo Tzompaxtle Tecpile, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López a quienes se les acusa del Delito de Violación a La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada con la Finalidad de Cometer actos de Terrorismo, por el hecho de estar reunidos tres personas (es uno de los fundamentos del Estado Mexicano para sustentar el Delito de “Terrorismo” que se encuentren reunidas tres o más personas)

6.- La Ley Federal Contra la delincuencia Organizada, publicada el 7 de noviembre de 1996 en el Diario Oficial de la Federación, contraviene a los establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a demás Instrumentos Suscritos y Ratificados por el Gobierno Mexicano.

7.- Citamos los siguientes Instrumentos Internacionales que no son tratados, pero que son indispensables en los Juicios Justos:

A) Artículo 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
B) Artículo 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
C) Artículo XXV de la Declaración Americana
D) Principio 2,9, 10, 11.2, 13 del Conjunto de Principios
En este Caso la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, viene realizando la defensa integral de los derechos humanos y acompañando la defensa jurídica, con el apoyo incondicional del Obispo de la Diócesis de Saltillo Raúl Vera López.
CASO GLORIA ARENAS AGÍS Y JACOBO SILVA
Antecedentes:
Gloria Arenas Agis, nace en 1960 en Orizaba Veracruz, En el año de 1981 trabajo como promotora del Programa Conasupo-Coplamar en zonas marginadas, fue miembro fundador de la Organización Indígena TINAM en Veracruz, tiempo después en el año 1996 inicia su participación en el grupo guerrillero Ejercito Popular Revolucionario (EPR), en el Estado de Guerrero separándose de este en 1998 y conforma junto con otras personas el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), en este grupo se mantuvo hasta el momento de su detención, ha escrito poemas y pintado algunos cuadros y desde la prisión en la que se encuentra actualmente se ha reintegrado a la lucha pacifica, civil y social.

Jacobo Nogales Silva nace en Mihuatlán, Oaxaca en 1958, al inicio de 1970 junto con su familia emigra a la Ciudad de México, y en los finales de los años 70 ingresa al Partido Socialista Unificado de México (PSUM), del que años después saldría para unirse a el Partido de los Pobres y en año 1996 inicia su participación en el grupo guerrillero Ejercito Popular Revolucionario (EPR), del cual saldría también para conformar Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en el cual se mantuvo hasta su detención el 19 de octubre de 1999, actualmente se encuentra recluido en el Centro federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “El Altiplano”
HECHOS
El día 19 de octubre de 1999, aproximadamente a las 16:30 horas fue detenido en la Ciudad de México, Jacobo Silva Nogales, quien se asume como uno de los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por sujetos que no presentaron identificación de corporación alguna, tampoco orden de juez alguno, e inmediatamente fue trasladado a un hangar del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de ahí a un campo militar y de nuevo al hangar, lugares en el que fue sometido a diversas formas de tortura física y psicológica durante los cinco días que lo mantuvieron desaparecido, entre ellas; golpes en todo el cuerpo y particularmente en la cabeza, el estómago y los testículos, descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, asfixia, torsión y sometimiento de las articulaciones de los hombros a esfuerzos excesivos por medio de levantamiento en vilo por personas que lo sostenían de los brazos esposados por detrás del cuerpo mientras otro se colgaba de su cintura. De este lugar fue trasladado al Estado de San Luís Potosí el día 22 de octubre del año en curso donde fue detenida su esposa Gloria Arenas Agís.

El 22 del mismo mes y año, aproximadamente a las diez de la mañana, fue detenida en la casa que habitaba en San Luis Potosí ubicada en Fuente de Diana, número doscientos veinticuatro, colonia Balcones del Valle de la Ciudad de San Luis Potosí, sin que las personas que la detuvieron se identificaran, tampoco portaron orden de juez alguno.
Gloria Arenas Agís (quien se asumió como una de las dirigentes del ERPI), relata que llevaron a -Jacobo, visiblemente torturado, atado y vendado de los ojos. Ambos fueron trasladados al aeropuerto de la Ciudad de México, en un hangar de ese aeropuerto permanecieron con sesiones de tortura por dos días más, ya que el 24 de octubre fueron trasladados por carretera, al aeropuerto de Toluca, lugar donde los integran con Felicitas Padilla Nava y Fernando Gatica Chino.
Fernando Gatica Chino y Felicitas Padilla Nava
El 22 de octubre de 1999, alrededor de las 5:30 am., el domicilio de los señores; Fernando Gatica Chino y Felicitas Padilla Nava, ubicado en el Lote No.384, Manzana 21, Calle Tres, de la Colonia PRD, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, fue allanado por agentes policíacos mientras la familia se encontraba durmiendo. Los Cc. Fernando Gatica Chino y Felicitas Padilla Nava fueron arrestados sin que mediara orden de Juez y trasladados a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia Estatal. Posteriormente ellos afirmaron que durante el traslado ambos fueron sometidos a tortura física y psicológica.
El 24 de octubre fueron trasladados en avión al aeropuerto de la Ciudad de Toluca en el trayecto son obligados a firmar las Declaraciones Ministeriales elaboradas por la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero.
Las cuatro personas fueron trasladadas por carretera hacia el CEFERESO (Centro Federal de Readaptación Social) No. 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez (ahora el Altiplano), deteniéndose para obligar a firmar Actas de Declaración Ministerial también elaboradas por la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, a los CC. Jacobo Silva y Gloria Arenas, hasta este momento ninguno de los cuatro detenidos habían sido presentados ante ninguna Autoridad Judicial, es así como son ingresados al CEFERESO, (hoy depende de la Secretaría de Seguridad Pública Federal).
Ya en el interior del penal, y mediante un grueso vidrio, las cuatro personas detenidas fueron presentadas ante los medios de comunicación, permitiendo a estos tomar fotografías, pero prohibiéndoles hablar con las personas detenidas, fue el entonces Subsecretario de Seguridad Pública de Gobernación C. Jorge Tello Peón y el entonces Procurador General de la República Mexicana Lic. Jorge Madrazo Cuellar los encargados de presentar a los detenidos en Conferencia de Prensa.
La versión oficial maneja que las cuatro personas presentadas en ese momento fueron detenidos el día 22 de octubre de 1999 en la casa de Fernando Gatica Chino y Felicitas Padilla Nava en Chilpancingo, Guerrero y se inició contra los cuatro los procesos judiciales 94/99 y 163/99 radicados en el Estado de Toluca posteriormente el proceso 163/99 se integra al 94/99 y el 126/99 radicado en Chilpancingo, Estado de Guerrero
CAUSA PENAL 94/99
Esta Causa es iniciada por el Delito de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer actos de Terrorismo, Acopio de Armas, posesión de cartuchos y asociación delictuosa, teniendo en el año 2003 una Sentencia de Cinco Años, cuatro meses y quince días por el delito de asociación delictuosa, siendo absueltos de los delitos de Delincuencia organizada con la finalidad de cometer actos de Terrorismo, acopio de armas y posesión de cartuchos
CAUSA PENAL NÚMERO 126/99
Radicada en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con Residencia en la Ciudad de Chilpancingo. Por los Delitos de Homicidio Calificado, Tentativa de Homicidio Calificado, Daño en Propiedad Ajena y Rebelión
Ambos son Sentenciados por el Juez Primero de Distrito en el Estado por el delito de Homicidio Calificado por veintiún años, por el de Tentativa de Homicidio por veinte años, por el delito de Rebelión por seis años once meses y diecinueve días y por lo concerniente al delito de Daño en Propiedad Ajena por dos años y diez días. En Segunda Instancia el Magistrado de Distrito confirma la sentencia, ratificándola en los mismos términos a excepción la de Rebelión la cual deja en cinco años y la de Daño en Propiedad Ajena que queda en tres meses.
Felicitas Padilla Nava y Fernando Gatica Chino tuvieron una sentencia de Cinco años por el Delito de Rebelión, Sentencia Cumplida el día 22 de octubre del 2004.
FUNDAMENTOS UTILIZADOS EN EL PROCESO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

.-El Comunicado número dos de la Comandancia Militar de Zona del EPR de Guerrero en el que esta organización rebelde se adjudica la autoría del ataque contra los militares del día 17 de julio de 1996.
-Testimonio de Oscar Bautista Ávila de diecisiete de julio de mil novecientos noventa y seis: “…que circulaba a la altura de la comunidad El Ahuejote y La Estacada, detrás de un camión del Ejército Mexicano, pero al llegar a una curva el declarante se retrasó como cincuenta metros de dicho vehículo, y al acercársele, se percató que había una balacera, por lo que frenó y echó de reversa el camión que conducía, y en ese momento les comenzaron a disparar también a ellos, observando que Gonzalo sangraba de la frente, lo mismo que Fidel,
y después de avanzar unos cincuenta metros en reversa, se dio cuenta que Gonzalo estaba muerto, y que la balacera ya había disminuido…”
- Testimonio de Fidel Cortés Ávila: “…iban detrás de un vehículo del Ejército militar (sic) que circulaba a unos cincuenta metros delante de ellos, y en una curva aquél se detuvo porque les comenzaron a disparar unas personas que permanecían escondidas en un cerro, por el lado izquierdo, viniendo de Chilapa a esta ciudad, y se dio cuenta que los soldados se agacharon, en tanto que Óscar empezó a echar de reversa el camión en el que iban, pero en esos momentos también les comenzaron a disparar, y sintió un dolor en el pie izquierdo, y se dio cuenta que le habían lesionado, en tanto que a su compañero Gonzalo fue herido en la sien del lado izquierdo, por lo que se recargó al lado del emitente, que Óscar detuvo la unidad motriz como a cincuenta metros, pues le habían dado un impacto al radiador, de inmediato se bajaron, y dejaron a Gonzalo en la cabina del automotor, porque ya había fallecido, aunque seguían los balazos dirigidos al personal del Ejército…”

Dictamen de Necroscopia: En esta prueba se concluye “Fractura de cráneo y laceración encefálica secundaria a herida por proyectil de arma de fuego penetrante a cráneo”
Dictamen en Balística. En Desta pericial solo se determina si los cascajos examinados, que son los encontrados en el área del combate, fueron disparados por la misma arma, y determinó que fueron 16 fusiles AK-47 los que dispararon el total de 223 cascajos analizados.
VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO DE LOS DETENIDOS

En las primeras Diligencias se le negó a la abogada particular de los mencionados la entrada a la Sala del Juzgado la cual se encuentra en el interior del CEFERESO No. 1, en otras Audiencias se le impidió tener comunicación con sus defensos, no se permitió el acceso público a las Audiencias al procesado Jacobo Nogales Silva durante los primeros siete meses de Proceso solo se le permitió mantener comunicación con su abogada una vez por semana de igual manera se le impidió contar con instrumentos básico para su defensa. A ambos se les negó los primeros seis meses tener contacto con el exterior vía periódicos, revistas radio y televisión.
TORTURA

Declaraciones Ministeriales de cada uno de los acusados. Quienes declararon haber sido torturados, como lo hace constar el Juez Primero de Distrito A en la causa penal 94/99:
“Ahora bien, la certificación de lesiones que presentó Jacobo Silva Nogales, realizada por el Secretario de este Juzgado, al momento de su Declaración Preparatoria, su desahogo se llevó a cabo en presencia de todas las partes.
En cuanto al momento en que fueron inferidas, por un lado se cuenta con el dictamen suscrito por el Medico Legista C. Sagahón Figueroa (quien suscribió el certificado de lesiones en el Estado de Chilpancingo, Guerrero, el 22 de octubre de 1999.)
Amnistía Internacional
Ante la Tortura y violaciones a sus derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), Emite Acción Urgente y Solicita las Medidas Cautelares para Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales y integra el Informe AMR:41/0082001, donde se hacen al Gobierno mexicano las siguientes
Recomendaciones:
• Se lleve a cabo sin dilación una investigación imparcial y eficaz sobre las circunstancias completas que rodearon la tortura, que según informes, padecieron Gloria Arenas Agís y Jacobo Silva Nogales durante el tiempo que estuvieron recluidos en régimen de incomunicación en octubre de 1999, que los métodos y resultados de esa investigación se hagan públicos, y los responsables comparezcan ante un Tribunal de Justicia.
• Que las autoridades competentes procedan a identificar sin demora a los agentes implicados en las denuncias de tortura y los suspendan de sus funciones en espera de las conclusiones de la investigación.
* No se recurra en ningún procedimiento a las declaraciones y demás pruebas obtenidas mediante tortura, excepto contra la persona o personas acusadas de torturar a los dos detenidos;
• Se proporcione una reparación justa y adecuada a las víctimas de tortura o de otras violaciones de derechos humanos, incluidos los cuidados médicos adecuados.
Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias Emite la Opinión 37/2000, por la forma en que fueron detenidos Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agis.
Averiguación Previa 18/CH-4/2000.
Esta Denuncia fue interpuesta por Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agis por la tortura a que fueron sometidos por diversos Funcionarios Públicos, la cual fue sobreseída.
QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH):

QUEJA No. EXP.199/50015
Se presenta está Queja el día 27 de octubre de 1999, pidiendo la urgente intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la Detención Arbitraria y Tortura a que fueron sometidos Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agís, los Visitadores designados por la CNDH, se presentaron hasta el 29 de noviembre, registraron el testimonio, pero no se práctico, ni sistematizo las huellas de los golpes que Jacobo Silva Nogales presentaba, a pesar de que el reportó dolor en el costado al respirar, producto de los golpes; le tomaron una radiografía pero el diagnostico jamás apareció.

La CNDH se declara incompetente y determina que es de la competencia de la Comisión Estatal de Guerrero, ha pesar de que la Queja presentada era por Detención Arbitraria y Tortura, actos que realizaron dos corporaciones federales, no estatales: la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), esta Queja no prospero yfue cerrada el día 28 de julio del 2000.
QUEJA No. Ex/1999/5428-3
Interpuesta a la CNDH el día 17 de noviembre de 1999, por aislamiento, el día 20 de noviembre de 1999.
QUEJA No. EX 1999/4528-3
Por negarles el derecho a la visita conyugal. Las Autoridades del CEFERESO No. 1, responden a la CNDH; que el Reglamento Interno de ese centro prohíbe que dos internos ubicados en distintas secciones permanezcan al mismo tiempo en las áreas de visita, la CNDH toma como fundamento la respuesta y cierra la Queja.
QUEJA No. EX 2000/2582
Por negación de las Autoridades del CEFERESO a que Jacobo Silva sea examinado por Médicos Independientes. La CNDH hace la recomendación a favor de está petición, a pesar de esto las autoridades administrativas del CEFERESO no permitieron la entrada de los Médicos Independientes.
QUEJA No. EX 2001/2653
Interpuesta por Jacobo Silva Nogales, el 17 de mayo del 2001 por las revisiones degradantes y violatorias a la dignidad humana, la CNDH no emite resolución alguna.
QUEJA (S/N)
Presentada por Gloria arenas Agis, el 26 de febrero del 2001, al detectar que en su celda se encontraban instaladas cámaras de video, la CNDH emite la Recomendación 07/2001.
QUEJA No. EX 2001/355-3
Gestionada por la familia de ambos, ante la negativa de las Autoridades Carcelarias de otorgarles visita conyugal. La CNDH realiza cuestionamientos sobre estos hechos a las Autoridades, quienes a su vez responden que no se permite la visita entre internos del mismo centro, ante esta respuesta la CNDH Emite la Recomendación 15/2001 para que las mujeres internas en esta prisión de alta seguridad sean trasladadas a un Centro de Mediana Seguridad. El 29 de agosto Gloria Arenas Agís es trasladada con las demás mujeres que se encontraban en el CEFERESO al Reclusorio de Neza Bordo en Nezahualcoyotl, Estado de México.
QUEJA No. Folio 21981
Interpuesta el 3 de junio del 2002, por Jacobo Silva Nogales ante la violación a su derecho a la salud, la CNDH interviene y se le brinda la atención médica.
QUEJA No. Expediente MEX/2002/2439/3/00
Presentada el 3 de octubre del 2002, por los familiares de ambos, por la violación a los derechos humanos y a la dignidad humana de los internos en el CEFERESO No. 1, la CNDH no se presenta a este penal, solicita la información de está situación a los funcionarios administrativos responsables de este centro, vía telefónica, con esta información determina el no procedimiento.
QUEJA No. Ex 2003/9-3
Interpuesta por la familia de Jacobo Silva Nogales por violación de correspondencia el día 7 de marzo del 2003. La CNDH facilita una conciliación con el Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Administración Socia, que es el responsable de los Centros Federales de Máxima Seguridad, para llegar al acuerdo de que su correspondencia no sea abierta.
QUEJA No. Ex 2003/9-3
Presentada el 27 de junio del 2003, por violentar su derecho a recibir correspondencia, además de negarle a Jacobo Silva Nogales el derecho de mantener comunicación con su esposa, la CNDH requiere vía telefónica informes a funcionarios del CEFERESO No. 1, quien niega los hechos, bajo este fundamento la CNDH no reabre el expediente porque anteriormente manifestó conciliación con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, responsable de los Centros Federales de Máxima Seguridad.
QUEJA No. Folio 16121
Interpuesta el 28 de abril del 2004 por traslado injustificado de Gloria Arenas del Reclusorio de Neza Bordo en Ciudad Nezahualcoyotl en el que se encontraba, al Reclusorio de Chiconautla, Ecatepec, Estado de México, sin respuesta.
QUEJA No. Ex 2005/1768/MEX/3/SQ
Interpuesta por Jacobo Silva el 14 de enero del 2005, por las violaciones a los derechos humanos y dignidad humana, de los internos del CEFERESO No. 1, durante y después de Operativo de la Policía Federal Preventiva (PFP), dentro del CEFERESO No. 1, ya que los actos en contra de los ahí internos van desde revisiones minuciosas a los internos en las cuales se tienen que desnudar, levantar los testículos etc., hasta castigos, La CNDH mantiene silencio.
QUEJA No. Folio 23226
Interpuesta con fecha de 25 de mayo del 2005, por ser violentado su derecho a la salud y negativa de las Autoridades del CEFERESO No.1, a entregar a los familiares un escrito en el cual Jacobo Silva narra las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, desde su ingresó al CEFERESO hasta esa fecha, sin Respuesta alguna por parte de la CNDH.
QUEJA No. Folio 30717
Presentada a la CNDH el 6 de julio del 2005, a petición de Jacobo Silva Nogales, por actos violatorios a sus derechos humanos, no se obtiene respuesta por parte de la CNDH.
QUEJA S/N
Interpuesta el 8 de septiembre del 2005, ante las condiciones carcelarias en las que se encuentran los internos del CEFERESO No. 1, sin respuesta por parte de la CNDH.
QUEJA No. S/691
Presentada por la Familia de Jacobo Silva Nogales, a causa de que en una revisión le fue decomisada su chamarra y otras ropas indispensables para soportar las bajas temperaturas en el CEFERESO No. 1, sumado a la negación de permitirle el ingreso de libros. Sin respuesta por parte de la CNDH, por parte de del CEFERESO No. 1, le fue proporcionada una chamarra.
QUEJA No. Folio 40824
Presentada por las condiciones carcelarias, violatorias a los derechos humanos y a la dignidad en el CEFERESO No. 1. Sin respuesta por parte de la CNDH.
QUEJA No. Ex 2005/1768/MEX/3/SQ
Interpuesta por la familia de Jacobo Silva Nogales el 9 de noviembre del 2005, por la negativa del CEFERESO a proporcionarle atención médica y por revisiones violatorias a los derechos humanos ejercidas a los internos del CEFERESO. Interviene la CNDH y determina que no se acreditan violaciones a los derechos humanos de los internos.
QUEJA No. Ex CODHEM/SP/2538/2006-2
Interpuesta por la falta de atención medica especializada a Gloria Arenas Agis, especializada la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), interviene y se proporciona la atención médica requerida.
Amparo Directo.
Es interpuesto este último Recurso Legal Nacional el día 12 de septiembre del 2007, están en espera de su Resolución.
Conclusión de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Desde la forma arbitraria en que fueron detenidos Jacobo Silva Nogales, Gloria Arenas Agis, Fernando Gatica Chino y Felicitas Padilla, comienzan las violaciones a sus derechos humanos, se continua con la tortura, con el derecho a ser oída por un juez sin demora alguna, además de la violación a su derecho de defensa, a su derecho a estar comunicados con su o sus defensores, esto es básico para un juicio justo, violación a el strictu sensu (medio - procesal que sirve para asegurar el ejercicio de un derecho), violación al debido proceso y al juicio justo, al no ser escuchados públicamente (en sus audiencias no se permitió la entrada pública, no fueron juzgados por un juez independiente e imparcial, no fueron excluidas del proceso sus declaraciones bajo tortura, les fue violentado su derecho a estar comunicados en forma privada con su defensor, el derecho a los medios y los tiempos necesarios para preparar su defensa, su derecho a contrainterrogar a testigos de cargo y a Jacobo Silva Nogales le violan permanentemente su derecho a su dignidad humana, en resumen este caso es un ejemplo de violaciones sistematicas al Juicio Justo, y de la negligencia y falta de compromiso a la defensa de los derechos humanos por parte de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CNDH). pone además nivel nacional e internacional de manifiesto el doble discurso que el gobierno maneja en referencia a los de derechos humanos, fuera del país es totalmente respetuoso de ellos, dentro las sistemáticas violaciones a los derechos humanos es una realidad.
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FUNDAMENTOS DE VIOLACIONES LOS DERECHOS HUMANOS A LA LUZ DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS EN
ESTE CASO

1.- La Declaración Contra las Desapariciones Forzadas, en el Segundo Párrafo del Artículo Primero, nos dice que todo acto de desaparición forzada constituye una violación de las normas del Derecho Internacional, ya que este garantiza entre otras el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a no ser sometido a tortura, a la seguridad de su persona a un juicio justo.
2.- La Convención Interamericana considera como desaparición forzada la privación de la libertad de varias o una persona en cualquier forma, siempre que sea cometida por Agentes del Estado o personas que actúen con autorización del Estado.
3.- Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 5 “Nadie será sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”
4.- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Artículo I “Todo ser Humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”, Artículo XXV, Párrafo 3 “Todo individuo que haya sido privado de su libertad…Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.”.
5.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PICP), Artículo 7, “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tatos crueles, inhumanos o degradantes…, Artículo 10 Párrafo 1, “Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a su dignidad inherente al ser humanos.
6.- Convención Americana sobre Derechos Humanos; Artículo 5 Párrafo 1 “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, Párrafo 2 “Nadie debe de ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano….”
7.- El Comité de Derechos Humanos de la ONU, afirma que la obligación de proporcionar la asistencia medica a cada recluso es deber del Estado, y en el Caso Paul Nelly, c. Jamaica en el párrafo 5.7 (1991), en una decisión que fue adoptada en el año 2002 comento sobre está
obligación “…Incumbe a los Estados garantizar el derecho a la vida de los detenidos y no a éstos solicitar protección………Corresponde a el Estado Parte, mediante sus la organización de sus centros de detención, tener un conocimiento razonable del estado de salud de los detenidos. La falta de los medios financieros no puede atenuar esa responsabilidad.”
8.- El derecho de igualdad ante la ley; Art. 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Todos son Iguales ante la ley y tienen sin distinción, derecho a igual protección de la ley…” y en su Art. 10 Declara “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia ante un Tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”
9.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Art. 2.1 “Cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
10.- El derecho a un Juicio Público, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a juicios secretos realizados en los países de Colombia y Perú, por –delitos - violaban el derecho a un Juicio Público ya que se tenía negado
el acceso al público entre otros puntos. Y recomendó la eliminación de cualquier modalidad de justicia secreta.
11.- El derecho a no ser obligado a declararse culpable, contemplado en el Art. 14.3.g del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual a la letra reza “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas…g)a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
12.- Su derecho a la exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura, la Directriz 16 de las Directrices sobre la Función de los Fiscales dice “Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave a los derechos humanos del sospechoso, especialmente tortura, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona,
salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptaran las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia.
13.- Articulo 12 de la declaración contra la Tortura, que dice; “Ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes podrá ser invocada como prueba contra la persona involucrada ni contra ningún otra persona en ningún procedimiento.
14.- Artículo 15 de la convención Contra la Tortura “Todo Estado Parte se asegurará que ninguna declaración que demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración”
15.- Art. 69.7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, “No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violación del presente Estatuto o de las normas de los derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando;
a) esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas; o
b) su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él.”
16.- El Art. 8.3 de la Convención Interamericana “La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”
17.- El derecho a comunicarse confidencialmente con su abogado, plasmado en el Art. 8.2.d. de la Convención Americana, Art. 14.3.b del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
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18.- El principio 22 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, el cual establece la confidencialidad entre el abogado y su cliente.
19.- Detención Arbitraria. La ONU a través del Comité de Derechos Humanos consideró que estas detenciones no sólo son contrarias a la ley sino también contienen los elementos de; incorrección, injusticia e imprevisibilidad (Caso Alberto Womah Mukong, Camerún, 458/1991, 21 julio 1994, Doc. ONU).
20- El Convenio de Ginebra de 1949 relativo a los conflictos armados (Protocolo II) en el
Artículo 4.1 que dice: Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones…Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable…”
22.- El derecho a un Debido Proceso y a un Juicio Justo. La CIDH señala que: “…están sensiblemente restringidos los derechos fundamentales, que integran el debido proceso. Estos procesos no alcanzan los estándares de un juicio justo ya que no se reconoce la presunción de la inocencia; se prohíbe a los acusados contradecir las pruebas y ejercer el control de las mismas; se limita las facultades del defensor al impedir que este pueda libremente comunicarse con su defendido e intervenir con pleno conocimiento en todas las etapas del proceso…” (Sentencia del caso Loayza Tamayo, Perú, párr. 62).
Conclusiones de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad
La Red Solidaria década Contra la Impunidad ha venido acompañando a los familiares desde diciembre del 2004, y creemos que es necesario se conozca públicamente la verdad histórica de este caso, que sean llevados a juicio los responsables de la tortura aplicada a Gloria Arenas Agis y a Jacobo Nogales Silva así como los responsables de las violaciones al debido proceso, al juicio justo, esto seria una respuesta favorable por parte del gobierno a la lucha contra la impunidad.

R E S U M E N DEL CASO DE LOS HERMANOS CEREZOY EL INDIGENA NAHUATL PABLO ALVARDO FLORES*
ANTECEDENTES:
El 8 de agosto del año 2001, explotan tres petardos de fabricación casera en tres bancos Banamex ubicados en el Distrito Federal. Estos actos fueron reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) mediante un comunicado a los medios de comunicación.

La Procuraduría General de la República (PGR) inicia una investigación en contra de quien resulte responsable por estos hechos, y cinco días después son detenidos los supuestos responsables de las explosiones cuyos nombres son; Alejandro, Héctor y Antonio todos de apellido Cerezo Contreras, Sergio Galicia Max y el indígena nahuatl Pablo Alvarado Flores.
Quienes posteriormente, son absueltos de los delitos relacionados con esas explosiones, que era; daño en propiedad ajena y transformación de artificios (delitos que dieron origen a su aprehensión y encarcelamiento). No obstante, se les dicta Auto de Formal Prisión por los delitos de; Asociación Delictuosa, Terrorismo, Almacenamiento de Armas, Almacenamiento de Cartuchos y Almacenamiento de Artificios.
DETENCIÓN ILEGAL
El 13 de agosto del año 2001, en diversos operativos coordinados por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Policía Judicial Federal, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) y PGR-UEDO (Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada), y sujetos no identificables ingresaron violentamente a tres domicilios en el DF y uno en el Estado de México.
El 14 de agosto, en conferencia de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR), presenta a los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, Pablo Alvarado Flores y Sergio Galicia Max como responsables de los hechos del 8 de agosto de 2001, y comunican haber encontrado armas, explosivos y dinero en la casa de los hermanos Cerezo, los testigos que firmaron el acta circunstanciada niegan haber visto los objetos y dinero la PGR afirmara haber encontrado y señalan que se les obligó a firmar en contra de su voluntad,
está declaración consta en el expediente judicial.
RETENCIÓN ILEGAL
El 13 de agosto, mientras el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha en Conferencia de Prensa afirmaba tener información importante acerca de las FARP, los hermanos Antonio y Héctor Cerezo Contreras y Pablo Alvarado Flores son torturados en sus respectivos domicilios.
El 17 de agosto los detenidos son trasladados al Penal de Máxima Seguridad de “La Palma”, en Almoloya, Estado de México, donde les dictan Auto de Formal Prisión.
TORTURA
Se Solicita Amparo contra la Incomunicación y Tortura a la que se encuentran sometidos Alejandro, Antonio y Héctor los tres de apellido Cerezo Contreras así como el Indígena Nahua Pablo Álvaro Flores A pesar de que la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limeddh), previa práctica de exámenes médicos a los detenidos, dictaminara que los detenidos presentan aún; hematomas, huellas de golpes y lesiones en el cuello etc., la PGR declara públicamente que los detenidos no han sido sometidos a tortura ni psicológica ni física y determina que las lesiones son producto de la resistencia al arresto.
La CNDH, informa a la familia que se iniciaran las investigaciones para constatar la tortura, así como lo ocurrido durante las 12 horas que los hermanos Cerezo Contreras estuvieron desaparecidos, y mediante el Oficio 017796 con fecha de 28 de septiembre de 2001, la CNDH determina que los detenidos fueron objeto de maltrato y probablemente tortura.
El Director General para la Protección de los Derechos Humanos de la PGR, el Lic. Mario Álvarez Ledesma, afirma que no hay indicios de tortura física ni psicológica; informa de la realización de tres exámenes médicos a los detenidos y que solo se ha podido detectar marcas físicas las cuales fueron ocasionadas por las esposas en las muñecas, y asegura, asimismo, que se realizó el examen médico de acuerdo a los lineamientos del Protocolo de Estambul.
El 23 de agosto del año en curso, la Limedh envía los testimonios y certificados médicos al Presidente Vicente Fox; al Procurador Rafael Macedo de la Concha; a José Luis Soberanes,Presidente de la CNDH; al Secretario de Gobernación, Santiago Creel; y a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson; así como a los relatores especiales de Ejecuciones Extrajudiciales y Sobre la Tortura de la Organización, de las Naciones Unidas (ONU). En estos documentos se hace constar que no se cumplió con los requerimientos establecidos en el Protocolo de Esatambul, que siempre estuvo presente el Lic. Alberto Aguirre Nila, de la UEDO, a pesar de que se le solicitó que respetara la confidencialidad del examen.
Como resultado de la labor de la CNDH en torno a la probable tortura cometida en agravio de los detenidos, la Dirección General para la Protección de los Derechos Humanos de la PGR, da inicio a la Averiguación Previa No. 180/FESPI/2001 en la Fiscalía Especial Contra Delitos de Servidores Públicos, aproximadamente un año después, se les solicita de manera verbal a los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras, que deben aportas pruebas de que fueron torturados, de lo contrario se daría por concluida la averiguación por falta de elementos. La Averiguación es desechada por falta de elementos a finales del año 2002.
El 13 de septiembre, Francisco Cerezo Contreras, hermano de los internos e integrante del “Comité Cerezo”, solicita a la CNDH su intervención en el Caso de sus tres hermanos internos en el CEFERESO No. 1(antes “La Palma”, ahora “El Altiplano”).
VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA
El Juez Tercero en Materia Penal niega a Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y a Pablo Alvarado Flores, el derecho a tener personas de confianza, violentando su derecho a tener personas que coadyuven a su defensa, por lo cual es interpuesto en el mes de noviembre un Amparo Indirecto, la Sentencia es emitida ese mismo mes a su favor, a pesar de esto el trámite de Cargo como personas de confianza es autorizado por las Autoridades del CEFERESO No. 1 hasta el mes de junio del 2002, pero solo para los procesados; Antonio y
Alejandro Cerezo Contreras, sin que lo puedan hacer para Héctor Cerezo Contreras y Pablo Alvarado Flores, incumpliendo en su totalidad la Resolución Federal de resarcir el Derecho Violado.
HOSTIGAMIENTO, PERSECUCIÓN Y AMENAZAS DE MUERTE AL COMITÉ CEREZO
El 7 de enero de 2002, se Ratifica, ante la CNDH la Denuncia presentada por la Limeddh, acerca del seguimiento policiaco y amenazas de muerte en contra de los hermanos Emiliana y Francisco ambos de apellido Cerezo Contreras.
El 9 de enero de ese mismo año, se da inicio al Acta Especial AE65/00062/02-01 B. ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), donde se denuncian los hostigamientos por medio de llamadas telefónicas una de ellas con amenaza de muerte en contra de la familia Cerezo Contreras.
Ante la gravedad de está situación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Solicita al Gobierno de México la adopción de Medidas Cautelares a favor de los integrantes de la Familia Cerezo Contreras.
El 12 de enero del 2002 Francisco y Emiliana Cerezo Contreras, levantan una Averiguación Previa; AV65/00100/02-01 B, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por espionaje telefónico en contra de quien resulte responsable.
El 25 de enero del 2002, la abogada responsable de la defensa jurídica de los hermanos Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo y Pablo Alvarado, entrega tres citatorios dirigidos a Emiliana y Francisco Cerezo Contreras y al representante legal del Comité Amplio por parte de la UEDO, para notificar el Acuerdo Ministerial por el que se ordenó proporcionar protección para la preservación de la integridad física de la familia Cerezo Contreras y de la recepción material de la medida de seguridad.
Se da inicio ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Averiguación Previa AV52/00136/02-01, por la presencia de una cámara de video que filmaba los movimientos del domicilio de los hermanos Cerezo Contreras.
El 8 de febrero del 2002, la organización internacional Brigadas Internacionales de Paz notifica a Emiliana y Francisco Cerezo Contreras el acompañamiento que está organización les dará, para resguardar su integridad física y sicológica.
El 26 de junio de 2002, el Gobierno Mexicano y Emiliana y Francisco Cerezo Contreras firman los contratos para que den inicio las medidas cautelares solicitadas por la Limeddh, a petición de estos ante la CIDH.
SITUACIÓN JURÍDICA
Se ofrecen como Pruebas Documentales Públicas, las que acreditan a Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco (UAMX), las cuales dan fe también de sus actividades deportivas. A pesar de la Validez Oficial que representan estás fueron omitidas por el Juez y la sentencia asignada es de 13 años 6 meses de prisión para los hermanos Cerezo Contreras y 10 años de prisión para el indígena nahuatl Pablo Alvarado Flores.
El 5 de junio de 2003, los cuatro son exonerados de los Delitos de Terrorismo y Posesión de Cartuchos de Uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas y se les reduce la sentencia a 6 años.
El 01 de marzo de 2005 se Resuelve el Amparo Directo Interpuesto por los cuatro y sale en Libertad del CEFERESO No. 1 “La Palma” C. Alejandro Cerezo Contreras, exonerado de todos los delitos, a los hermanos Héctor y Antonio y a Pablo Alvarado se les Confirma la Sentencia.
El 13 de agosto de 2006 es liberado Pablo Alvarado Flores, cumpliendo su Sentencia de 5 años.
ALGUNOS FUNDAMENTOS DE VIOLACIONES LOS DERECHOS HUMANOS A LA LUZ DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS EN ESTE CASO

1.- Detención Arbitraria, el comité de Derechos Humanos considero en el Caso Alberto Womah Mukong, Camerún (458/1991, 21 julio 1994, Doc. ONU), que estas detenciones no solo son contrarias a la ley sino también contienen los elementos de; incorrección, injusticia e imprevisibilidad”
2.- El derecho a un Debido Proceso la CIDH en referencia a este tema en la Sentencia del caso Loayza Tamayo, (Perú, párr. 62), “…están sensiblemente restringidos los derechos fundamentales, que integran el debido proceso. Estos procesos no alcanzan los estándares de un juicio justo ya que no se reconoce la presunción de la inocencia; se prohíbe a los acusados contradecir las pruebas y ejercer el control de las mismas; se limita las facultades del defensor al impedir que este pueda libremente comunicarse con su defendido e intervenir con
pleno conocimiento en todas las etapas del proceso….”
3.- De acuerdo al Art.1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, es toso acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con la finalidad de obtener una confesión o información.
4.- El Conjunto de Principios para la “Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión” en su Principio 1, establece que “Toda persona Sometida a cualquier forma de detención o prisión, será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, en su Principio 6 afirma que “ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de los tratos crueles, inhumanos o degradantes”
5.- Además de estar contemplado en la Convención Americana, el derecho de las personas detenidas a mantenerse en comunicación con su defensor, este está también contemplado en el principio 8 de los Principios Básicos sobre la función de los abogados “A toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado , entrevistarse con el, consultarle sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial. Estás consultas podrán ser vigiladas
visiblemente por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero no escuchará la conversación”
6.- La CIDH manifiesta que “Las necesidades de investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona” (Caso Loayza Tamayo, Perú, párr. 57), para la CIDH el concepto de seguridad personal comprende la integridad personal y en su Informe “Diez Años de Actividades”, (pp.337) dice “….la tortura física o moral no se justifica en modo alguno por ser atentatoria contra la dignidad humana y viola la integridad de la persona…”.
7.- El Derecho a los medios adecuados para comunicarse con su defensor contemplado en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.
8.- La Observación General No. 13 del Comité de Derechos Humanos, argumenta en referencia a la publicidad de los procesos “La publicidad de la audiencia constituye una importante salvaguarda de los intereses del individuo y de la sociedad en general”.
9.- La Observación General No. 13, señala en uno de sus párrafos “En virtud de la
presunción de la inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos de que haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además la presunción de la inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso”.
10.- El Estatuto de la Corte Penal Internacional en su art. 69.7: “No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violación del presente Estatuto o de las normas de los derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando;
a) esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas; o
b) su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él.”
11.- Derecho a la integridad personal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 3, dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, el artículo 20, 1) dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.
Conclusiones de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Cabe mencionar que este Caso solo lo venimos acompañando, esto desde la conformación de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, quién ha llevado en la práctica la defensa jurídica integral y de derechos humanos a sido la Liga Mexicana de Derechos Humanos.

Desde nuestra visión los derechos humanos les fueron violentados desde el momento de su detención, la violación al debido proceso y al juicio justo queda visible así como la persecución a la familia Cerezo Contreras, el gobierno no debe de criminalizar a ninguna persona, debe de ser garante de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que ha firmado.
Debe de detener las campañas de hostigamiento y amenazas a la familia Cerezo Contreras, debe de salvaguardar la integridad física y psicológica, tal como lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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SITUACIÓN DE LOS PENALES FEDERALES (CEFERESOS)
En México existen sólo tres penales de alta seguridad dependientes del gobierno Federal, específicamente del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, nosotros nos concentraremos en uno de estos penales, debido a que se ha podido documentar mejor las violaciones a los derechos humanos de los prisioneros considerados políticos o de conciencia.
El Centro Federal de Readaptación Social #1 “Altiplano”, antes “La Palma” y en el 2001 “Almoloya”, que se encuentra ubicado en el Estado de México, en este penal se encuentran actualmente 8 presos, 2 políticos y 6 de conciencia.
Situación entre agosto del 2001 y diciembre del 2004
Violación al derecho a una defensa adecuada
A pesar de que constitucionalmente las audiencias tienen un carácter público, no sucede así en aquellas llevadas a cabo en el penal de Altiplano, ya argumentando medidas de seguridad, no se les permite que los familiares y/o amigos de los procesados asistan al desarrollo del juicio.
Así mismo en las audiencias y al final de éstas siempre hay personal de custodia escuchando la conversación entre los abogados y sus clientes.
Las llamadas de sus defensores son de solo 10 minutos.
Condiciones de los Internos
Las celdas son pequeñas y los internos están vigilaos las 24 horas del día por medio de cámaras de video, y la permanente presencia de custodios además de revisiones constantes.
Son segregados sin fundamentos legales.
Derecho a la Salud
La CNDH a recibido constantes quejas de familiares de los presos en políticos y de conciencia del “Altiplano” de la deficiente atención médica, que va desde la negligencia médica hasta la falta de recursos humanos (médicos generales, especialistas, enfermeras, etc.), así como la falta de recursos materiales básicamente de medicamentos.
Derecho a la Información y Educación
Solo se les puede depositar dos periódicos de fecha reciente a la semana y tres revistas quincenales, la autorización para que se les pueda pasar un libro dura hasta dos meses, ya que dentro del reglamento interno no existe nada respecto a este tema.
Las especificaciones en cuanto al depósito de libros y revistas son arbitrarias, algunas ocasiones se aceptan y otras no, dependiendo del oficial en turno o bien las consignas de las autoridades.
No hay criterios para el depósito de cartas personales, por tanto, es a juicio del personal de trabajo social si aceptan las cartas o no, la entrega de las cartas personales a los prisioneros puede demorarse hasta tres semanas. (cabe mencionar que el Reglamento de los CEFERESOS, fue emitido desde el 28 de agosto de 1991.
VISITAS
Las visitas son una vez cada ocho días, en caso de que las mujeres estén menstruando, para poder ingresar se tienen que quitar la toalla sanitaria delante de la custodia quien le entrega una nueva toalla sanitaria a la visita para que ésta se la ponga, tienen que desnudarse completamente sean mujeres, hombres, ancianos o niños además de quitarse los zapatos, calcetas o medias y quitarse el suéter o la chamarra para que la revisen, aún cuando tiene que pasar por un detector rayos X y otro detector, que tiene como fin detectar sustancias
prohibidas.
Si quieres paz,
Lucha por la justicia
Papa Pablo VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD
CONCLUSIÓN:
Desde la visión de defensa integral a los derechos humanos, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, creemos que es absolutamente necesario que el gobierno mexicano adopte medidas necesarias en lo que se refiere a la impartición y administración de justicia para prevenir las violaciones a los derechos humanos, y en lo que se refiere a las violaciones existentes hacer una investigación a fondo hasta llegar a la verdad histórica y de acuerdo a lo establecido en el derecho nacional e internacional castigar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, creemos firmemente que para la lucha contra la impunidad se requiere de conocer la verdad, para mantener la memoria histórica y evitar que se vuelvan a cometer violaciones a los derechos humanos.
En los casos que mencionamos se puede observar la sistemática violación a los derechos humanos desde el momento de la detención, en el proceso y en la prisión, a pesar de que es obligación del gobierno mexicano el ser garante de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales y de adoptar las medidas necesarias par hacer efectivos dichos derechos, además de que el estado no debe de criminalizar a los familiares de los presos políticos.
Que se respete y de cumplimiento con lo establecido en los Instrumentos internacionales en referencia a la figura de Reconocimiento de Inocencia
Esta figura es un principio fundamental, que se encuentra contemplada en el Art. 11 de la Declaración Universal de los derechos Humanos, en el Art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Art. XXVI de la Declaración Americana y en el Art. 8.2 de la Declaración Americana, la Corte Interamericana reconoció que en procesos donde no se reconoce la presunción de la inocencia no alcanzan los estándares de juicio justo (Caso Loayza Tamayo, Perú párr. 62). En nuestro país está figura no se encuentra legislada y debe de serlo debe de ser elevada a rango constitucional, ya que representa un límite a la impunidad al abuso de poder por parte del Estado.
Cese a las Detenciones Ilegales y Arbitrarias
La Corte Interamericana de Derechos Humanos subraya que una detención es ilegal o arbitraria cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la Ley, cuando se practica con fines distintos a los previstos o requeridos por la Ley (CIDH, Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas de personas, Perú Caso 10.247, Infor. N° 101/01, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2001).
Cuando alguien es detenido ilegalmente o arbitrariamente es el comienzo de una serie de violaciones sistemáticas al debido proceso y al juicio justo.
Alto total a la práctica de Incomunicación y Tortura
La Tortura e incomunicación son practicas comunes en nuestro país y en los Casos que hemos mencionado en este informe se puede apreciar, la Corte Interamericana a concluido “…crear una situación amenazadora o amenazar a un individuo con torturarlo puede constituir, en algunas circunstancias, al menos, tratamiento inhumano” (Caso Campell and Cosans, párr. 13 CIDH), la integridad física es un derecho de los detenidos (Caso Ejido Morelia párr. 56, 1997)
La negación a proporcionar datos personales por parte de quienes arrestan, detienen o retienen, negar la información sobre el sustento de la detención y negar la información de donde el detenido, va a ser conducido constituye un trato cruel y degradante (Caso Riebe Star, México párrs. 89-90 y 91, 1999, CIDH), el cual debe de ser eliminado y se debe de actuar conforme a la Legislación Nacional e Internacional sobre derechos humanos.
El cumplimiento irrestricto a los derechos humanos de los internos en Penales de Baja, Mediana y Alta seguridad así como a sus visitantes.
Las revisiones a las que se encuentran sometidas la familia y los visitantes de los internos de estos Penales, son contrarias a la dignidad humana, es necesario que el Estado invierta presupuesto para que se pueda contar con los aparatos básico para la revisión física de las personas que ingresan de visita a los internos de los Centros de Mediana y Alta Seguridad, ya que el hecho de que sean obligadas a desnudarse para poder ingresar, constituyen violación a la dignidad humana, en la decisión de la CIDH en relación a las inspecciones vaginales (Caso X y Y, Argentina párr. 87, 1996) señala “….cuando el Estado realiza cualquier tipo de intervención física en un individuo, debe observar ciertas condiciones para asegurar que no produzca más angustia y humillación que lo inevitable”, es grande el sufrimiento de la familia del interno al ver las condiciones carcelarias que este vive, y sufrir al visitar al interno la violación al respeto debido a su dignidad humana

Total apego a los Juicios Justos y Debido Proceso apegado a los Instrumentos en Derechos Humanos Internacionales

Amnistía Internacional afirma, que “cuando una persona acusada de cometer un delito es sometida a un juicio, se enfrenta a la maquinaria del Estado”, la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla está figura en su Art. 10, la Convención Americana en su Art. 8 y el PIDCP en su Art.14, se debe de terminar con el sistema acusatorio actual que permite que el Ministerio Público investigue e instruya, se debe evitar las violaciones a los derechos humanos de los detenidos y procesados apegándose a los Instrumentos intencionales y nacionales sobre derechos humanos.
Que se permita a los Organismos de la Sociedad Civil defensores de Derechos Humanos la visita a los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO)
Es necesario que las organizaciones defensoras de derechos humanos, visiten los Centros Federales de Readaptación Social, y puedan observar el cumplimiento a las normas mínimas de protección a los reclusos, que va desde el trato que se les da a los internos, el derecho de los internos a una defensa justa, el derecho de los internos a elabora peticiones y realizar quejas por probables violaciones a sus derechos humanos etc., todo esto con el fin de que las organizaciones defensoras de derechos humanos incidamos con propuestas fundamentadas para el mejoramiento de los internos en estos Centros y el combate a la Impunidad.
Que se garantice el derecho a la información, educación, cultura y recreación a los internos de los CEFERESO
Es fundamental que los internos en general de estos Centros y en particular los considerados “Presos Políticos y de Conciencia”, se mantengan informados, con acceso a continuar oiniciar sus estudios y con actividades recreativas en este punto de Presos Políticos, la CIDH en su Informe Sobre los Derechos humanos en Argentina (párr. 288) de 1980, recomienda que “Dar un trato humanitario a los detenidos por razones de seguridad u orden público, el cual en ningún caso deberá ser inferior al que se aplica a los reos comunes, teniendo presente en uno y en otro caso las Normas Mínimas para el Tratamiento de las Personas Privadas de su Libertad, aceptadas internacionalmente.”

Que se garantice a los internos de los CEFERESO el acceso al expediente jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Códigos de Procedimientos Penales y los Reglamentos internos que rigen a los CEFERESO

Los internos tienen que ejercer el derecho a preparar su defensa a disponer de tiempo y de los medios necesarios y el acceso a testimonios y documentos necesarios para su juicio, es necesario que los las autoridades de los CEFERESOS cumplan con este mandato.
Que se garantice el respeto pleno de los derechos humanos de los internos, sus visitas familiares y su defensa jurídica
Uno de los principales obstáculos para la defensa de los Presos Políticos y de Conciencia, es que al abogado defensor le es negado el acceso al expediente, a las organizaciones defensoras de derechos humanos les es negada la entrada para poder entrevistarse con los Presos Políticos y de Conciencia para poder tener la información de primera mano, a la familia se le viola su dignidad humana por el tipo de revisiones a que son sometidas
Que sea aplicado el Derecho la Verdad
Este derecho es fundamental para que exista justicia, es necesario no solo conocer la verdad de los hechos, también es básico que los responsables sean investigados y juzgados.
Que las Víctimas de las violaciones a derechos humanos o sus familiares obtengan del estado el esclarecimiento histórico de los hechos, esto será un gran paso para la lucha contra la impunidad.
Alto a los hostigamientos y amenazas de muerte a l@s defensores de derechos humanos y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD