jueves, 3 de diciembre de 2009

Status Consultivo ante la OEA

Desde el día 3 de diciembre del 2009, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad es parte de la sociedad civil de la OEA, tenemos nuestro Status Consultivo ante la OEA.

Sólo 309 organizaciones de América tienen tiene este Status y solo 19 organizaciones mexicanas lo tienen.

La Resolución por la cual nos aceptan es la CP/CISC-437/09rev.1

jueves, 15 de octubre de 2009

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"


Dr.Rodolfo Ondarza con el Abogado Ernesto Rodríguez (Red Solidaria Década Contra la Impunidad), Dr. Rodolfo Ondarza y Monseño José Raúl Vera López (Obispo de la Diócesis de Saltillo y Presidente Honorario de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad)

CASO INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA
“MANUEL VELASCO SUÁREZ”

México cuenta con 12 Institutos Nacionales de Salud1, cuyo objetivo principal es la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos capacitados y brindar los servicios médicos a la población nacional.

En la actual gestión de Felipe Calderón Hinojosa, que se crea la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad2(INNNMVS). El Dr. Julio Everardo Sotelo Morales es designado Titular de esta Comisión.

El Dr. Julio Everardo Sotelo Morales, fue Director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Zuaréz” (INNNMVS), durante un período de 9 años por reelección3. El Dr. Julio Everardo Sotelo Morales quien es investigador reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a pesar de solo contar con nivel de Licenciatura (no cuenta con Maestria ni Doctorado), y quién ha sido denunciado por pacientes y por personal del INNNMVS4, por realizar cirugia experimental en humanos entre otros por; tratamiento de hidrocefilia con dispositivos de su invensión (similar de acuerdo con investigadores estadounidenses a equipos de los años de 1950), este dispositivo no cuenta con Registro de la Secretaría, no cuenta con un Protocolo de Investigación5, se le realizaron a cientos de pacientes sin su consentimiento6, contriviniendo la normatividad de la Secretaría de Salud7.

El Dr. Julio Everardo Sotelo Morales nombra al Dr. Miguel Ángel Celis López (actual director médico) como Coordinador del Comité de Epilepsia y como Jefe de la Unidad de Radioneurocirugía, a pesar de no contar con la capacitación requerida para ninguna de las dos funciones, y que laboraba en el Instituto Nacional de Cancerología.

Entre los denunciantes se encuentra el Dr. Rodolfo Ondarza Rovira8, quién ha denunciado ante el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Zuaréz” (INNNMVS), las Secretarías de la Función Pública, Salud, Gobernación y la Cámara de Diputados, las irregularidades cometidas entre las que se encuentran; en la farmacia especializada que está dentro de las instalaciones del nosocomio, donde se distribuyen únicamente productos de laboratorios, cuyo dueño es un empresario de origen argentino, que es miembro del patronato del Instituto, lo cual es ilegal que se le otorgue la concesión de la misma. También ha denunciado la construcción de quirófanos que carecen de salida de emergencia, además de que la central para la esterilización de equipo manda material contaminado al área de lavado, donde está la ropa limpia del Instituto. Que cuando remodelaron el área de rehabilitación, construido en una loma asfaltada, quitaron el asfalto y pusieron empedrado, por donde debían caminar con muletas los pacientes internados, por lo cual tuvieron que poner nuevamente el asfalto. Que en el segundo piso del Instituto de Neurología los cuartos de los pacientes privados no cumplen con los requerimientos para un paciente neurológico ya que; el tanque de oxigeno esta frente a los pies del paciente en lugar de la cabecera, además, hay un escalón para entrar al baño y el espacio físico de cada cuarto es tan reducido, que si fuera necesario sería imposible ingresar el llamado "carro rojo", indispensable para las maniobras de reanimación de pacientes con paro cardiaco.

El Dr. Rodolfo Ondarza Rovira es rescindido de su contrato el 1 de noviembre de 2006, bajo el fundamento de una Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esto a pesar de que la CNDH lo desmintio9.

Ante este despido injustificado el Dr. Rodolfo Ondarza Rovira, interpone una demanda laboral contra el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Zuaréz” (INNNMVS), Dr. Julio Everardo Sotelo Morales, Miguel Angel Celis López y otros, este litigio se encuentra en la Sala 11 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por lo que en marzo de 2007, fecha en se da la contienda electoral para el cambio del Comité Seccional, médicos de base conforman la planilla Circulo Verde, conteniendo en su proyecto de trabajo principios básicos entre otros de; legalidad, equidad, transparencia, etc., planilla que el 28 de marzo de 2007 es electa democráticamente por la base trabajadora. Las autoridades del INNNMVS como una forma de control intervienen en la vida sindical, la nueva Secretaria General de la Sección, María de los Ángeles Hernández Velásquez incumple los acuerdos establecidos con los trabajadores INNNMVS, entre los cuales se encontraba la participación activa de los médicos entre ellos la del Dr. Rodolfo Ondarza Rovira (el cuerpo médico lo acordó por el despido injustificado de que es víctima, pero que de acuerdo a los Estatuto que rigen la vida sindical, tiene y conserva sus derechos sindicales), actualmente es Presidente de la Comisión Seccional Autónoma de Vigilancia y Justicia, la Lic. Patricia Gurrola Gal Córdova (personal de base-confianza). La Lic. Gurrola Gal es actualmente Secretaría de Conflictos Laborales, el Médico Carlos Adolfo Márquez Caraveo, actual Secretario General Suplente, el Médico Mario Mendoza Silva, actual Secretario Suplente de Organización.

El electo Comité Ejecutivo Seccional, fue impedido bajo diferentes formas de cumplir con sus gestiones sindicales, entre algunos está el de; la negación de anuencia para la gestión de sus tareas sindicales a la Lic. Patricia Gurrola Gal Córdova, ya que empezarón a hostigarla laboralmente entre otros actos, intentaron levantarle acta por abandono de empleo, de suspenderle su sueldo, de bloquearle sus actividades como Secretaria de Conflictos Laborales. Por lo que interpuso una queja a le que se le asigno el No. (QD/QU/009/2008) ante el Órgano Interno de Control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), además la Lic. Gurrola Gal solicito la intervención del C. Marco Antonio García Ayala, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), obteniendo como resultado que le fueron autorizadas sus labores sindicales por parte de la Secretaria de Salud. Sin embargo permanece latente la negativa por parte de las autoridades del INNNMVS a que ejerza sus funciones como Secretaría de Conflictos Laborales.

A petición de los Cc. Dr. Marcos Hernández González, Director de Administración, y la Lic. Edith Páramo Delgado, Subdirectora de Recursos Humanos, la Lic. Gurrola Gal, es regresada al área de adscripción de sus labores, argumentando la necesidad de sus servicios, y es puesta a disposición del areá de personal, quienes la ingresan a laborar a una área aislada y restringida en la Subdirección de Recursos Humanos, lugar donde le es impedido la realización de funciones propias de su nivel10 y su labor como Secretaría de Conflictos Laborales, por lo que interpone la queja ante el Órgano Interno de Control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), en Mayo del 2008, a la que le desdignan el N°QD/QU/009/2009, la cual esta en vías de resolverse.

Al Dr. Rodolfo Ondarza Rovira Presidente de la Comisión Seccional de Vigilancia y Justicia, por medio del personal de vigilancia le prohibieron la entrada al INNNMVS, con el objetivo de impedirle el ejercicio pleno de sus funciones sindicales y obligarlo a renunciar a su cargo sindical.
Al C. Lorenzo Cortés Velásquez, Vocal de la Comisión Seccional Autónoma de Vigilancia y Justicia le cancelan la Licencia Sindical, que ya se le había autorizado para el período comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2007, además la Secretaría General María de los Ángeles Hernández Velásquez, el Dr. Marcos Hernández González, el Director de Administración y la Lic. María Edith Páramo Delgado Subdirectora de Recursos Humanos, intentan hacerlo renunciar a su cargo sindical.

En mayo de 2007, un comité representativo de la base trabajadora, integrado por los doctores Antonio Cuellar, Edgar Nathal, Carlos Márquez, Mario Mendoza y Roberto Suástegui, los tres últimos integrantes del Comité Ejecutivo Seccional 55, especialistas de diferentes áreas del Instituto, algunos investigadores y con estudios de doctorado, interpusieron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, con la firma de unos 500 trabajadores de base, en contra del Dr. Sotelo Morales por los probables delitos de; abuso de poder, faltas a la honorabilidad, incompetencia técnica, abandono de labores, entre otros.

En agosto de 2007, el Dr. Sotelo Morales demandó por “Daño Moral” a los miembros del mencionado comité de trabajadores. Por lo cual los demandados ante el Juzgado Civil recurrieron al Recurso de Reconvención (Juzgado 61Civil del Tribunal Superior de Justicia del D.F.,y en sentencia fueron absueltos con fecha del 7 de octubre del 2008.

En noviembre de 2007, se levantó injustificadamente un acta administrativa en contra de Dr. Edgar Nathal, y el Dr. Celis López difundió a los medios de comunicación que el Dr. Edgar Nathal había sido “despedido”. Un mitin de los trabajadores del INNNMVS impidió que este despido se efectuara.

El 28 febrero de 2008, el Médico Ortopedista Antonio Cuellar y el Neurólogo Carlos Márquez Caraveo fueron despedidos injustificadamente por la Dra. Teresa Corona Vazquez Directora de este Instituto. La base trabajadora realizo diferentes mítines, y un paro activo escalonado de labores (sin afectación de la atención de pacientes), con la finalidad de que se reconozca el movimiento de los trabajadores y cesen los hostigamientos laborales.

El 2 de abril del 2008, el Médico Ortopedista Antonio Cuellar y de la Enfermera Belem Salcedo11 iniciaron una huelga de hambre afuera de las instalaciones del Instituto durante 10 días, exigiendo un cese a los cambios de adscripción, a los exhortos por supuestas malas conductas en el trabajo, exclarecimiento a los recursos, (100 millones de dólares, obtenidos por donaciones de diversos organismos que estarían destinados al beneficio social). Los/as trabajadores/as organizados lograron la destitución de la Secretaria General de la Sección Sindical 55, por no defender los intereses de los trabajadores, además se solicitó el diálogo con la Directora General del Instituto, Doctora Teresita Corona.

Las agresiones por parte de las Autoridades, a los trabajadores del Instituto que denuncian los actos de ilegalidad han ido incrementándose. Si alguna autoridad o servidor público subordinado cumple con las condiciones generales de trabajo, a favor de algún trabajador señalado por la autoridad, es intimidado además de ser relegado de sus funciones y le presentan su renuncia bajo la amenaza de ser desacreditados por la Coordinación de Institutos, es el caso de más de sesenta trabajadores todos de brillante trayectoria interrumpida, con más de 15 años de servicio.

Actualmente más de trescientos trabajadores del INNNMVS, son hostigados mediante denuncas penales que inician los directivos del INNNMVS, entre las que se encuentran; 7 radicadas en la MESA IX – RS A.P./ PGR/DF / SZS-IX / 907/ 2008 OFICIO SZS/1714/2008 y 14 en la MESA VI – RS A.P./ PGR/DF /SZS-VI/729/2008 Of. N° 1804/2008, todas en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación Zona Sur, de la Procuraduría General de la República, P.G.R. por lo que los trabajadores, rindieron sus declaraciones para el esclarecimiento de la verdad.

Los directivos del INNNMVS, han optado por pagar liquidaciones, gastos de honorarios, que respetar los derechos de los trabajadores, esto repercute en la atención a los pacientes, ya que se les niega el servicio por falta de camas, están en lista de espera para ser hospitalizados, en lista de espera para consulta por falta de médicos, o se encuentran pendientes estudios por falta de insumos etc.

El 13 de marzo del 2007, con un Punto de Acuerdo12 por el que se solicita a la Auditoria Superior de la Federación, realice una auditoria al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”;

Artículo Primero. El Pleno de esta Cámara aprueba solicitar a la Auditoria Superior de la Federación que realice la auditoria de la gestión del señor Julio Everardo Sotelo Morales durante su desempeño como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Artículo Segundo. El Pleno de esta Cámara aprueba solicitar al secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, que instruya la realización de una investigación a fondo de las denuncias reiteradas sobre las irregularidades médicas y laborales que se han presentado y continúan presentándose en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Artículo Tercero. Crear una comisión integrada por un diputado de cada grupo parlamentario para investigar las anomalías que están ocurriendo en el centro hospitalario señalado.

El 27 de marzo la Auditoria Superior de la Federación (ASF), rindió el informe sobre la auditoria sobre desempeño (no se auditaron situaciones financieras) efectuada únicamente para el año 2006 a dicho Instituto, ante la H. Cámara de Diputados, realizada a instancias del punto de acuerdo gestionado por el Dip. Ricardo Cantú donde se;

Emitieron 37 observaciones que generaron 38 acciones, de las cuales corresponden: 6 a Recomendación y 32 a Recomendación al Desempeño. Entre las de mayor importancia se cuentan:

Que en el año 2006, el Órgano Interno de Control recibió 2 expedientes de responsabilidades por abuso de autoridad y 14 quejas por problemas laborales de abuso de autoridad, y de negligencia médica (omite mencionar que existieron denuncias por abuso de autoridad en contra de de los Drs. Sotelo Morales y Celis López, entre otros. Además omitió mencionar que existen cerca de 40 denuncias de pacientes en contra de Celis López, realizadas por pacientes ante el Órgano Interno de Control).

Que 14 Jefes de Departamento y 4 coordinadores médicos, no reunieron el perfil académico requerido, 89 de 261 miembros del personal de la rama administrativa tampoco cumplieron dicho requisito.

Que el Instituto contó con Manuales de Organización Específico ni de Procedimientos actualizados; ni con un sistema de profesionalización, ni con mecanismos para evaluar la calidad de los programas educativos.

Que los responsables de laboratorios de investigación manifestaron que:”la mayoría del equipo era obsoleto para realizar las actividades de investigación”, y que en el bioterio “el abastecimiento de animales es insuficiente y la mayor parte de estos se encuentran enfermos y no tienen la calidad genética requerida”, mismo que “operó en condiciones contrarias a la norma oficial mexicana”. Lo que en parte explica que “70% de los protocolos de investigación incumplieron las fechas de conclusión”, y que “se careció de indicadores para medir la realización de los protocolos de investigación”.

“El Instituto careció de su población objetivo”, no “se formuló el análisis respecto del impacto de la investigación…así como de la satisfacción de las necesidades de salud del país. El Plan de Trabajo 2003-2008, “no vinculó sus objetivos y metas establecidas, con alguno de los objetivos del Programa Nacional de Salud 2001-2006, ni con alguna de las 10 estrategias fijadas en ese documento de planeación”; “el instituto no estableció las bases para evaluar las acciones en cumplimiento de sus objetivos y metas”, y “no efectuó las acciones de recopilación, procesamiento, análisis y utilización de información epidemiológica”.

Encuestas a pacientes, de la ASF, mostraron insatisfacción de los usuarios en diversos servicios.
No se reportó ingresos por concepto de donativos ni por pago de experimentación para “prueba de medicamentos”, ni la existencia de protocolos avalados por los comités de ética ni de investigación al respecto, etc.

No se reportó estado financiero por la gran cantidad de obra de construcción realizada, etc.

La ASF aseguró que el INNNMVS “incumplió” en el año 2006, entre otras, a la Ley General de Salud, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Norma Oficial Mexicana, Ley de los Institutos Nacionales de Salud, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Lo anterior refrenda y avala las denuncias y demandas de los trabajadores.

El 16 de julio del 2008 a petición del Sen. Alejandro González Yañez y del Dip. Joaquín Vela González, del Partido del Trabajo en un Punto de Acuerdo Solicitaron constituir una comisión Plural para investigar la situación y las irregularidades que prevalecen en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía;

Punto de acuerdo para constituir una Comisión Plural que investigue la situación y las irregularidades que prevalecen en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que presentan el Sen. Alejandro González Yáñez y el Dip. Joaquín H. Vela González del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los siguientes:

Considerandos

Durante el mes de abril de 2007 el Partido del Trabajo sometió al Pleno de la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo para exponer la situación que priva desde hace años en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, "Dr. Manuel Velasco Suárez". En dicha oportunidad se plantearon las irregularidades cometidas por la gestión del señor Julio Everardo Sotelo Morales durante el tiempo que estuvo al frente de este Instituto.

Asimismo, como respuesta a las demandas de los trabajadores inconformes con las irregularidades que prevalecen en dicho Instituto, la Auditoria Superior de la Federación practicó una auditoria a la administración del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, cuyos resultados fueron dados a conocer el pasado 27 de marzo del año en curso y demostraron las irregularidades cometidas por Sotelo Morales, tales como la realización de cirugía experimental en humanos, sin el consentimiento informado de pacientes ni de sus familiares, en algunos casos con resultados nefastos, sin registro de la Secretaría de Salud, dado que nunca existió un protocolo de investigación aprobado por Comité de Ética alguno, ni seguimiento por parte de la SS, "incumpliendo" de manera flagrante el artículo 102 de la Ley General de Salud, además de transgredirse los Derechos del Paciente, Derechos Humanos, Convenios y Declaraciones Bioéticas Internacionales, Declaración de Helsinki.

Además de la colocación en puestos claves de atención médica y de administración a personal que no reúne el perfil apropiado; carencia de Manuales de Organización Específico ni de Procedimientos actualizados, ni de un sistema de profesionalización, ni de mecanismos para evaluar la calidad de los programas educativos; el instituto desconoció su población objetivo, y no vinculó sus objetivos y metas establecidas con alguno de los objetivos del Programa Nacional de Salud 2001-2006, ni con alguna de las 10 estrategias fijadas en ese documento de planeación.

A lo anterior debemos sumar el abuso de autoridad, alta insatisfacción de usuarios -además de ausencia de investigación en denuncias por negligencia, impericia y acoso -. La Auditoria Superior de la Federación aseguró que el INNNMVS "incumplió" en el año 2006, entre otras, a la Ley General de Salud, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Norma Oficial Mexicana, Ley de los Institutos Nacionales de Salud, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

A pesar de que las autoridades federales del Sector Salud tuvieron conocimiento pleno de estas irregularidades, el señor Julio Everardo Sotelo Morales, fue premiado por el Secretario de Salud, nombrándolo Comisionado de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Esto fue así, porque el ámbito de la salud pública en nuestro país ha sido y continúa siendo un verdadero feudo de mafias burocratizadas que tienen el control de esos centros.

Como represalia contra los denunciantes de la mala gestión de Morales Sotelo ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Cámara de Diputados, la respuesta de las autoridades del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía ya citado, así como por el Comisionado de los Institutos Nacionales de Salud, no se hizo esperar. La respuesta de esta burocracia contra los representantes de más de 500 trabajadores de dicho nosocomio fue directa y contundente.

La represión fue la respuesta de Sotelo Morales y de la actual Directora de ese centro hospitalario, Teresita Corona Vázquez, porque la reacción de estos directivos al paro activo de labores que realizaron los trabajadores del Instituto fue el despido de otros dos médicos especialistas de reconocida trayectoria como son los doctores Carlos Márquez y Antonio Cuéllar, sin que haya cesado la amenaza de continuar con más despidos.

También en respuesta, Sotelo Morales presentó una demanda civil por supuesto daño moral contra los que denunciaron las irregularidades que cometió cuando fungió como Director del Hospital de Neurología Velasco Suárez.

Compañeras y compañeros legisladores, el problema de fondo de dicho centro hospitalario, no sólo se aboca al asunto de los intentos y de los despidos laborales, sino que va más allá.

No sólo tiene que ver con la falta de material médico y la falta de atención y actitud de servicio médico. Sino que tiene que ver con que Sotelo Morales quedó dolido de que una instancia federal como lo es la Auditoria Superior de la Federación le esté practicando una auditoria a su gestión, así como por las denuncias que presentaron trabajadores y ciudadanos en su contra, así como por las condiciones deplorables en que funciona el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Las acciones que ahora se gestan desde la Comisión de los Institutos Nacionales de Salud, presidida por Sotelo Morales, contra médicos altamente calificados en materia de neurociencias, utilizando denuncias por supuesto daño moral, que van contra la estabilidad de todo el sistema de salud que tiene nuestro país en esta materia.

La actitud de Sotelo Morales es un hecho inédito en el sector salud de México, siendo el primer funcionario calderonista que se niega a la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La confrontación abierta por Sotelo Morales y Corona Vázquez contra los trabajadores ha creado un caos en el Instituto Velasco Suárez, que pone en peligro su viabilidad a pesar de que es el único en su género con el que cuenta nuestro país. Asimismo, la gestión de Sotelo Morales al frente de la Comisión de los Institutos Nacionales de Salud, está dejando mucho que desear, por lo que es necesario que también se investigue lo que allí está ocurriendo.

Por otra parte, queremos señalar que el Secretario de Salud prometió no ejercer represión alguna contra los inconformes a la gestión de ese nosocomio, sin embargo, tal cosa no ocurrió, porque en lugar de poner orden en beneficio de los pacientes, Córdova Villalobos se puso del lado de los directivos de ese Instituto y de la Comisión de los Institutos Nacionales de Salud. En este contexto, los trabajadores están en completo estado de indefensión, por esa razón, acuden a esta Cámara de Diputados para clamar que una Comisión Plural de los diputados investigue y salve a tal institución.

Asimismo, de dos trabajadores que mantuvieron huelga de hambre, por 10 días, para denunciar los atropellos que cometen contra ellos los directivos, uno de ellos ya fue despedido injustamente.
Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente

Punto de acuerdo

Artículo Primero.- El Pleno de la Comisión Permanente exhorte a la Cámara de Diputados para que se constituya una Comisión Plural de diputados para que investigue la situación y las irregularidades que prevalecen en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, "Manuel Velasco Suárez", para deslindar responsabilidades a quienes resulten responsables.
Artículo Segundo.- Que esta Comisión Plural investigue las irregularidades en la gestión de Sotelo Morales al frente de la Comisión de los Institutos Nacionales de Salud mencionados.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los dieciséis días del mes de julio de 2008.
A t e n t a m e n t e Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Sen. Alejandro González Yáñez Dip. Joaquín H. Vela González
Ante este contexto aumento la represión, amenazas, hostigamiento y abuso de autoridad a los trabajadores del Instituto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), no ha intervenido en defensa de sus agremiados.

miércoles, 29 de julio de 2009

Segundo Encuentro Nacional de Defensores/as de Derechos Humanos, Familiares de Defensores/as Asesinados/as y Presos Políticos y de Conciencia

Segundo Encuentro Nacional de Defensores/as de Derechos Humanos, Familiares de Defensores/as Asesinados/as y Presos Políticos y de Conciencia a Realizarse los Días 7 y 8 de agosto del 2009
En el marco del Segundo Encuentro Nacional de Defensores/as de Derechos Humanos y Familiares de Presos/as Políticos y de Conciencia, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México (PDHUIA) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), tienen el agrado de invitarla e invitarlo al Foro:
Los derechos Humanos: Un Camino de Esperanza
Público al que se dirige:
* Defensores y defensoras de derechos humanos.
* Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
* Familiares de presos/as políticos/as y de conciencia.
*Activistas sociales
*Organizaciones sociales de los diferentes Estados de la República Mexicana, involucradas en la defensa de integral de casos de Presos/as Políticos/as y de Conciencia en México.
Objetivo General:
Analizar los avances y retrocesos en la labor de las y los defensores de derechos humanos y generar un espacio de reflexión y análisis para el diseño de estrategias de prevención al hostigamiento, amenazas y asesinato de defensores/as de derechos humanos, y analizar la importancia de la defensa integral en los casos de personas presas políticas y de conciencia.
Objetivo específico:
· La difusión, el manejo y la utilización de los instrumentos internacionales y regionales de protección de derechos humanos, así como sus mecanismos para la defensa y protección de los derechos humanos de defensores/as de derechos humanos y presas y presos políticos y de conciencia, tal como se acordó en el Primer Encuentro.
· Tener una reunión en este encuentro con representantes de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH.
· Difundir la utilización de los instrumentos internacionales y regionales de protección de derechos humanos, así como sus mecanismos para la defensa y protección de los derechos humanos de presas y presos políticos y de conciencia.
Lugar: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Serapio Rendón, Número 57 B. Colonia San Rafael. Delegación Cuauhtémoc, México D.F.
Fecha: viernes 7 y sabádo 8 de agosto
Información y registro:
Red Solidaria Década Contra la Impunidad:
Ericka Zamora Pardo
Cel: 044 55 16 97 11 36
Correo electrónico: rddhorg@gmail.com
Programa
Los derechos Humanos: Un Camino de Esperanza
viernes 7 de agosto
9:00 – 9:30
Registro de Participantes.
9:30 a 10:00
Inauguración
Luís Arriaga Valenzuela S.J, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) José Antonio Ibáñez Aguirre. Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México (PDHUIA) Ma. Magdalena López Paulino, Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. Moderador: Red Solidaria Década Contra la Impunidad
10:00 - 11:00.-
Ponencia Magistral: “Protesta, movimientos sociales y obstaculos para los defensores de derechos humanos”
Ponente: Mtro. Luís Arriaga Valenzuela
Moderador: PDHUIA
11:00 – 11:15.
-Sesión de Preguntas y Respuestas
11:15 -11:30.-
Receso 11:30 - 12:10.
- Conferencia Magistral: “Retos y riesgos de las y los defensores de derechos humanos”
Ponentes: Sr. Alberto Brunori y Carlos de la Torre
Representante de la OACNUDH en México y Oficial Nacional del área Jurídica.
Moderador: Red Solidaria Década Contra la Impunidad
12:10 – 12:30.
-Sesión de Preguntas y Respuestas
12:30 - 13:00.
-Presentación del Informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura: México: Defensores de Derechos Humanos frente a la mutación política y la violencia
Ponentes: J. Fernando Mejía Montoya, ex Director Adjunto de la OMCT, consultor internacional independiente en derechos humanos (de Honduras) y Ernesto Alayza, Director Ejecutivo del Centro de Acción para la Paz (CEAPAZ, Perú).
Moderador: Centro Prodh
13:00 – 13:30.
-Sesión de Preguntas y Respuestas
13:30 – 15:00.
- Comida
Mesa 1. “La Criminalización de la Protesta y el Hostigamiento a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos”
Moderador: PDHUIA
15:00 – 15:30.
- “Persecución a Activistas Sociales”
Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
15:30 - 16:00.
- “Defensores de Derechos Humanos Asesinados”
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
16:00-16:30.
- “La Criminalización a Movimientos Sociales”
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
16:30 – 17:00.
- Sesión de Preguntas y Respuestas
17:00 – 19:00.
- Trabajo en Grupos sobre Experiencias, Retos y Propuestas
19:00 – 19:15.
- Receso
19:15 – 20:00.-
Plenaria
Facilitadores:
Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Centro Prodh
PDHUIA
Sábado 8 de agosto
9:30 – 10:00.-
Palabras de Bienvenida
Monseñor José Raúl Vera López
Obispo de la Diócesis de Saltillo y
Presidente Honorario de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Moderador: PDHUIA
10:00 a 11:00.
- Conferencia de Prensa
Monseñor José Raúl Vera López
Obispo de la Diócesis de Saltillo y
Presidente Honorario de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Luís Arriaga Valenzuela S.J,
Centro Prodh
José Antonio Ibáñez Aguirre.
PDHUIA
Moderador: Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C.
Mesa 2. “Los Derechos Humanos Realidad o Utopía”
Moderador: Centro Prodh
11:00 – 12:00.
- Conferencia Magistral: “Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”
Ponente: Mtro. Santiago Corcuera Cabezut
Presidente Relator del Grupo de Trabajo de Desapariciones
Forzadas de la ONU
12:00 – 12:15.
- Sesión de Preguntas y Respuestas
12:15 – 12:30.-
Receso
12:30 - 13:30.
- Conferencia Magistral: “Las y Los Defensores de Derechos Humanos en México”
Ponente: Alejandra Nuño
Cuarta Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
13:30 – 13:45.
- Sesión de Preguntas y Respuestas
13:45 - 14.00.
- Clausura
Monseñor José Raúl Vera López
Obispo de la Diócesis de Saltillo y
Presidente Honorario de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Luís Arriaga Valenzuela S.J,
Centro Prodh)
José Antonio Ibáñez Aguirre.
PDHUIA
Moderador: Red Solidaria Década Contra la Impunidad

martes, 30 de junio de 2009

Agenda minima de Derechos Humanos

LAS ORGANIZACIONES “RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD, A.C.” Y “CIUDADANOS POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS” PRESENTARON EL DIA DE HOY ANTE LOS ASPIRANTES A OCUPAR PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR POR LOS DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS DE MAGDALENA CONTRERAS Y ALVARO OBREGÓN LA “AGENDA MÍNIMA DE DERECHOS HUMANOS”, EN LA QUE SE DEMANDA EL RESPETO Y LA DEFENSA DE DERECHOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DE AMBAS DEMARCACIONES. ACUDIERON A LA FIRMA CANDIDATOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CONVERGENCIA Y DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. CIUDADANOS AHÍ PRESENTES SOLICITARON A LOS CANDIDATOS EL INMEDIATO Y URGENTE RESCATE DEL RÍO DE LA MAGDALENA. TAMBIÉN COMUNEROS DE LA MAGDALENA ATLÍTIC SOLICITARON EL RESCATE DE LAS ÁREAS VERDES, APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y PRESENTARON UN PLIEGO PETITORIO QUE ENTREGARON A LOS ANTERIORES Y ACTUAL DELEGADOS, APROBADO POR LA ASAMBLEA DE COMUNEROS DE LOS DINAMOS Y QUE NO FUERON CUMPLIDOS POR DICHOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, RODOLFO ONDARZA ROVIRA Y LA ASPIRANTE A ASAMBLEÍSTA POR CONVERGENCIA, AMANDA OBREGÓN, DENUNCIARON HOSTIGAMIENTO Y ACOSO A SU PERSONA EN EL CONTEXTO DE LA CAMPAÑA, Y MENCIONARON QUE YA INTERPUSIERON UNA DEMANDA ANTE LAS AUTORIDADES ELECTORALES CORRESPONDIENTES . FIRMARON LA AGENDA VICTOR ZAZUETA, CANDIDATO POR EL PRI; AMANDA OBREGÓN, POR CONVERGENCIA; RODOLFO ONDARZA, POR EL PT; PEDRO A. CABRERA, POR EL PRI Y MARI CARMEN LÓPEZ, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO. CABE MENCIONAR QUE A PESAR QUE CONFIRMARON SU ASISTENCIA LOS CANDIDATOS POR EL PAN Y POR EL PRD, ÉSTOS NO ACUDIERON.Por Ciudadanos por los Derechos Humanos: Irene Salvador Escobedo y Fernando Martínez
Por Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C.: Ernesto rodríguez y Magdalena LópezMéxico, D.F., a 23 de junio de 2009
Preámbulo:
Con el propósito de fortalecer la democracia participativa, integrantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de la Delegación Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, nos reunimos el día de hoy 23 de junio del 2009, con los candidatos de los diferentes partidos políticos a Jefes Delegacionales, Diputados Locales y Federales, de esta demarcación, con la finalidad de establecer a la luz de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, esta Agenda Mínima de Derechos Humanos encaminada a fortalecer las políticas públicas de lucha contra la impunidad así como, el fortalecimiento de mecanismos de administración de justicia.
Reafirmando su compromiso con la promoción y difusión a los derechos humanos los candidatos aquí reunidos adquieren los siguientes compromisos a cumplir irrestricatamente al momento de ser elegidos por el voto libre y secreto de la población de las Delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, y que son en lo general;

Primero: El respeto absoluto a la dignidad humana y por ende la creación de condiciones que permitan el goze de la integralidad de los derechos humanos.
Segundo: La consolidación de una cultura de respeto y cumplimiento irrestricto a los derechos humanos y la obligación de remover obstáculos económicos para garantizar el cumplimiento eficaz y eficiente de la integralidad de los derechos humanos.
Tercero: Mantener Políticas Públicas de apertura, cooperación activa y puertas abiertas a la sociedad civil, a la población, a las organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos, generando espacios de diálogo abierto, tanto para conocer sus opiniones acerca de políticas públicas como la problemática que les aqueja.
Cuarto: Garantizar el derecho de acceso a la información, este derecho facultativo le proporciona a los ciudadanos la capacidad de disponer, de hacer o de exigir el cumplimiento de otros derechos, es decir es un derecho coyuntural
Quinto: Freno total a la criminalización de de la protesta social.
Sexto: Que impulsen el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en general y en particular;
Que adopte las medidas necesarias para sancionar a los responsables de delitos cometidos contra personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la investigación rápida, efectiva e imparcial de las denuncias relacionadas con el hostigamiento a periodistas, defensores de derechos humanos, y miembros de organizaciones sociales.
Que ofrezca todas las garantías para que los defensores de derechos humanos, tanto mexicanos como extranjeros, puedan llevar a cabo su importante labor de promoción y defensa de dichos derechos, sin interferencias abusivas de parte de las autoridades…
Promover una cultura de los derechos humanos en la cual se reconozca pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de derecho en la sociedad. El compromiso con esta política debe reflejarse en todos los niveles estatales, sea municipal, estadual o nacional y en todas las esferas de poderes -ejecutivo, legislativo o judicial.
Séptimo: Adoptar de manera urgente medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física de las defensoras y defensores de derechos humanos que se encuentran amenazados, y que estas medidas sean decididas en consulta con las defensoras y defensores.
En lo particular a los Diputados Federales;

Primero: Reforzar la armonización legislativa, sobre todo en lo que se refiere a derechos humanos.
Segundo: Impulsar la abolición de la figura de “arraigo” y la prisión preventiva automática.
Tercero: Implementar políticas públicas tendientes a frenar los abusos de las Fuerzas Armadas, e impulsar que todas las violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean llevadas en Tribunales Civiles, además de impugnar la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar puesto que nunca fue discutido en el Congreso de la Unión.
Cuarto: Que se impulse a legislar el uso excesivo de la fuerza pública de acuerdo con el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, instrumentos de la ONU.
Quinto: Impulsar el cumplimiento recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), ya que se encuentran bajo la tutela de los órganos administrativos y se encuentran bajo la discrecionalidad del Estado. Examinar la legislación laboral con vistas a suprimir restricciones de los derechos sindicales, de ratificar el Convenio Nº 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva y de aplicar las recomendaciones relativas a la libertad sindical contenidas en el Diagnóstico Nacional de 2003 elaborado por la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sexto: Retirar al ejercito de tareas de Seguridad Pública
Séptimo: Trabajar la definición del término “Delincuencia Organizada”
En lo particular a los Diputados Locales;
Primero: Impulsar que el Distrito Federal se convierta en el Estado 32
Segundo: Impulsar una cultura para la paz en el Distrito Federal.
Tercero: Informar sobre la realización de obras y servicios de la administración Pública del Distrito Federal, esto en total apego al derecho a la Información.
Cuarto: Impulsar la creación de más escuelas de nivel medo superior.
Quinto: Impulsar programas de educación sexual y reproductiva entre los/as adolecentes, con la finalidad de evitar embarazos no deseados y truncar su proyecto de vida escolar y profesional.
Sexto: Impulsar y apoyar proyectos de jóvenes profesionistas.
Séptimo: Transparentar los recursos presupuestarios que reciban de las diferentes comisiones.
Octavo: Impulsar programas de vivienda digna y que se garantice el acceso a este, a .todos/as los/as ciudadanos/as
En lo particular a los Jefes Delegacionales;

Primero: Impulsar comités integrados por sociedad civil y población de vigilancia y supervisión al desempeño de su labor y de la labor de otros funcionarios públicos, como ejemplo:
Desempeño de la Administración de Justicia en el Ministerio Público
Desempeño de la Administración Pública en Tenencia de la Tierra, etc.
Segundo: Que impulsen una agenda de rescate a los bosques, al medio ambiente y en el caso de la Delegación Magdalena Contreras al Río de la Magdalena.
Tercero: Impulsar en la demarcación de la Magdalena Contreras la creación de contralorías ciudadanas que no solo monitoreen las políticas públicas que se lleven en Magdalena contreras, sino que además evalúen la rendición de cuentas del Jefe Delegacional.
Cuarto: Ser responsables en el desempeño de sus cargos o comisiones, y en las obligaciones de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rige el servicio público a la ciudadanía.
Quinto: Respetar los principios Éticos de su función y hacerlos operativos y extensivos a todos los trabajadores y funcionarios a su cargo si excepción.
Sexto: Recibir y atender con eficacia, quejas y denuncia ciudadanas, por la incorrecta prestación de servicios públicos o por irregularidades de la actuación de los servidores públicos en los términos de esta y otras leyes aplicables; privilegiando la política de puertas abiertas a la ciudadanía.
Séptimo: Impulsar Políticas Públicas encaminadas a la equidad social, la democracia, la justicia, la equidad, la inclusión social; que genere condiciones indispensables para lograr bien estar, el desarrollo de la persona, calidad de vida y la dignidad humana.
Octavo: Publicar y facilitar información sencilla y accesible sobre el ejercicio de los recursos públicos que reciben para los programas sociales.
En Fe de los cual en buena forma y convencidos del compromiso adquirido las partes firman esta Agenda Mínima de Derechos Humanos, el día 23 de junio de 2009, y de la cual se dará cumplimiento a partir de la toma de posesión del cargo público.

viernes, 13 de febrero de 2009

Monseñor Raúl Vera


Monseñor Raúl Vera (nuestro Presidente Honorario), Vanessa Coria Abogada de Cejil para los casos de México, (quien trabajó un Amicus Cure de las mujeres asesinadas de Juárez) y el Abogado Ernesto Rodriguez de Década Contra la Impunidad

Audiencias de la Corte Interamericana de DH en México


Teresa López y Ericka Zamora ambas de Década Solidaria contra la Impunidad, con la Señora Presidenta de la Corte Interamericana, la Jueza Cecilia Medina Quiroga, en las Audiencias realizadas por la Corte Interamericana de Deechos Humanos en México

Florentín Melendez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Magdalena López Paulino

Encuentro de Familiares de presos Políticos y Organizaciones de Derechos Humanos


En esta Foto se encuentran Edgar Cortez Red Todos lo Derechos para Todas y Todos", Mtro. Luis Arriaga, Director del Pro, Vanesa Coria CEJIL, José Antonio Ibáñez Aguirre.

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana

jueves, 12 de febrero de 2009

Boletín de Prensa

Ginebra, 10 de febrero de 2009
En el marco del Examen Periódico Universal, México presentó su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en el país ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Suiza.

En este ejercicio, la comunidad internacional externó sus principales preocupaciones, las cuales coinciden con los informes remitidos en septiembre de 2008 por organismos de la sociedad civil mexicana e internacional como insumos para la revisión de México. Durante la sesión plenaria, se urgió al Estado mexicano, representado por el Secretario de Gobernación en atender a:

* La urgente necesidad de armonizar la constitución y la legislación local a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
* Implementar acciones concretas y efectivas para combatir la impunidad.
* Eliminar la figura de arraigo que contraviene a las recomendaciones internacionales del sistema de naciones unidas.
* Armonizar la definición de crimen organizado de acuerdo a lo que plantea la Convención de Palermo sobre Crimen Organizado
* Garantizar que debe ser la justicia civil la que conozca los casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares. Es decir, eliminar el fuero de guerra.
* Reforzar las medidas y acciones para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres. * En particular sobre feminicidios se recomendó continuar con las investigaciones y sancionar a los responsables.
* Erradicar la tortura, mediante mecanismos eficaces y efectivos.
* Proteger a los/las periodistas para garantizar la libertad de expresión y sancionar a los responsables de las agresiones cometidas contra ellos/as. Además de garantizar la pluralidad y diversidad en el acceso a las medios de comunicación.

La pobreza fue una preocupación reiterada y se recomendó reducir la desigualdad en todo el país, entre zonas geográficas y regiones y redistribuir la riqueza.

Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos alertó sobre la situación de algunos grupos de población. En este sentido, resaltaron recomendaciones para garantizar los derechos de los pueblos indígenas: consultarlos sobre los proyectos que se desarrollen en sus comunidades; atender el rezago económico y social en el que se encuentran así como garantizar el acceso a la justicia.

Con respecto a los derechos de la infancia se llamó la atención sobre garantizar el acceso a la educación, especialmente a las y los niños migrantes e indígenas. Protegerlos de la prostitución y explotación sexual, de los castigos corporales en el ámbito familiar y escolar, y atender especialmente a los niños en situación de calle.

Se reiteró la exigencia para que cesen las violaciones a los derechos humanos contra las personas migrantes, con énfasis en su acceso a la justicia y educación.

Finalmente, se destaca la preocupación por temas en los que faltó abundar como son los derechos reproductivos de las mujeres. La solicitud de certificados de gravidez para la contratación y erradicar la mortalidad materna, especialmente en zonas indígenas, fueron temas de preocupación por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, uno de los desafíos pendientes para el Estado mexicano es armonizar a nivel de las entidades la legislación de las distintas causales que permiten la interrupción legal del embarazo, así como garantizar la atención y el acceso a servicios de interrupción en los casos en que el embarazo es producto de una violación.

Las organizaciones firmantes reiteramos la necesidad de un seguimiento puntual a las recomendaciones vertidas durante el Examen Periódico Universal.

Consideramos necesaria la implementación de mecanismos eficaces que garanticen la participación de la sociedad civil en el seguimiento de las acciones que se implementen para su cumplimiento.

Las organizaciones que participan en este proceso son:

Nacionales.- Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (AMDH), Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)Asociación para el desarrollo integral de personas violadas, A.C. (ADIVAC), Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género (ASDDHEG), Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México., Católicas por el Derecho a Decidir A.C., Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C., Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (PRODH), Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de Fomento Cultural y Educativo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS), Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C. (COPEVI), Coalición Pro Defensa del Migrante, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C., Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM- México), Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos – México, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), DECA Equipo Pueblo, Defensoría del Derecho a la Salud, Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (ITESM CEM), Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESC (Espacio DESC), capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, FIAN Sección México, Fundación Daywalka México, A.C., Fundación Diego Lucero, A.C., Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE), Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE social, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, Escuela de Graduados en Administración Pública, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Limeddh), Radar-Colectivo de estudios Alternativos en Derecho, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", Red por los Derechos de la Infancia en México, Red Solidaria Década contra la Impunidad A.C., Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), Salud Integral Para la Mujer, A.C. (SIPAM), Servicio Jesuita a Migrantes – México, Sin Fronteras, I.A.P.

Internacionales.- Asociación Mundial de Radios Comunitarias – México (AMARC), Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme (FIDH), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC-AL), Organización Mundial Contra La Tortura (OMCT), Peace Brigades International (Observador), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Posicionamiento político de las organizaciones civiles mexicanas


Posicionamiento político de las organizaciones civiles mexicanas respecto del informe presentado por el gobierno mexicano ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal

Febrero 2009

Desde hace veinte años las organizaciones de la sociedad civil mexicana hemos venido denunciando reiteradamente una serie de violaciones a los derechos humanos que continúan cometiéndose y cuyos efectos siguen sin repararse. A pesar de que México demuestra una apertura ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos, la realidad nos revela una práctica sistemática.

Si bien coincidimos en los problemas que el Estado mexicano reconoce en materia de derechos humanos y en la vigente necesidad de reforzar las medidas para garantizarlos, las organizaciones firmantes consideramos que es imperante la consistencia y articulación al interior del gobierno federal y con los gobiernos estatales para garantizar y proteger los derechos humanos en México. Por lo anterior presentamos algunas preocupaciones y retos estructurales que identificamos deben ser atendidos de manera inmediata siendo acordes con la política internacional del Estado mexicano.

Políticas públicas

Se detecta una ausencia en el diseño de una política pública integral en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales. El gobierno federal afirma en su informe que presenta ante el Examen Periódico Universal que hay una tendencia a mejorar la situación de los derechos de las y los mexicanos. No obstante, la pobreza sigue siendo un problema latente en nuestra sociedad, condición que pone en riesgo el ejercicio de estos derechos, tal y como lo señala la evaluación realizada el año pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Por ejemplo, en materia de salud, la insistencia de poner en marcha programas sociales focalizados en lugar de establecer el principio de la universalidad para el acceso a una atención con calidad; también urge desarrollar un sistema integral de instrumentos de apoyo para operar la producción social de vivienda, que respondan a los compromisos del Estado asumidos en 2006 con la promulgación de la Ley de Vivienda, misma que carece de Reglamento así como políticas públicas que reflejen la perspectiva del derecho a una vivienda adecuada. Asimismo, el 60% de la Población Económicamente Activa se encuentra en el sector informal laboral; menos de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) se invierte en la educación pública; y los recursos legales para acceder a la justicia excluyen la posibilidad de acciones colectivas. Es decir, los derechos económicos y sociales no han tenido avance alguno.
Marco normativo

A pesar de la aprobación de la Ley para la Reforma del Estado1; así como de las grandes cantidades de recursos invertidos; del importante número de propuestas presentadas y discutidas en grupos de trabajo, no se concretó una reforma constitucional que permita a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial armonizar su orden jurídico interno con un mínimo de obligaciones internacionales de respeto, garantía y protección de los derechos humanos. En cambio en el marco de la reforma del Estado se modificaron las leyes relacionados en materia energética y electoral. Desafortunadamente, la propuesta sobre reforma en materia de derechos humanos quedó como un pendiente. Por ello es vital iniciar un proceso de armonización progresivo, que contenga resultados puntuales en el mediano plazo -antes del 2012- , contando con la suma de voluntades políticas de los tres poderes de gobierno.

La reforma en materia de derechos humanos, también debe incluir que el Estado garantice el ejercicio de la libertad de expresión a través de reformar las leyes y reglamentos sobre este derecho, permitiendo así la diversidad y el reconocimiento del sector comunitario de las comunicaciones.

Programa Nacional de Derechos Humanos 2008- 2012 (PNDH)

El PNDH quedó reducido a un programa de gobierno que tiene vigencia por cuatro años, tiempo que no será posible diseñar, implementar, evaluar y monitorear sus avances o retrocesos, contrario a lo que establece la Conferencia de Viena con relación a fijar una política de largo plazo por parte de los Estados en materia de derechos humanos. Es de destacar, que la administración actual desconoció la vigencia del programa de derechos humanos 2004-2007, restando así continuidad a cualquier intento de política realizada con anterioridad. Asimismo, es preocupante que el Programa no contiene plazos y objetivos concretos para abolir las practicas más violatorias de las autoridades mexicanas.


Por ello, como lo señala el PNDH 2008-2012, el gobierno federal tiene el desafío de establecer las acciones concretas en cortos plazos, definir los tiempos en que deben cumplirse y evaluar el impacto de las mismas. Es imperante que se realicen evaluaciones cualitativas sobre los resultados de las acciones implementadas a fin de asegurar una efectiva mejora en el goce de los derechos humanos de quienes habitamos el territorio mexicano.

Seguridad ciudadana

En un clima de inseguridad creciente, en el cual día a día se suman más ejecuciones y hechos violentos, es urgente que se establezcan propuestas para resolver de forma trascendental el problema de la inseguridad pública, la cual se ha limitado a ofrecer respuestas reactivas sin atacar las causas estructurales. Por otro lado, no hay un plazo para el retiro de las fuerzas armadas en tareas que legalmente corresponden a instituciones civiles. Actualmente se cuenta con un promedio de 45,000 soldados activos en las calles por mes2. Es preocupante que varias iniciativas en materia de seguridad incluyen la reinstauración de la pena de muerte y un endurecimiento de las penas.

En cuanto a la Reforma Constitucional en matera de justicia penal de 2008, existen dudas razonables de las posibilidades reales de su instrumentación. Los vicios y corrupción que permanece en la administración y procuración de justicia, los cacicazgos locales, la falta de recursos económicos obstaculizan el avance de los aspectos positivos de esta reforma, entre ellas la transición paulatina a un sistema de justicia oral y acusatoria en México. Por otra parte, es lamentable que esta misma reforma constitucional admitiera prácticas violatorias como la figura del arraigo, una forma de detención preventiva y arbitraria que permite hasta 80 días de arraigo para determinar la consignación de una persona, lo cual es excesivo y es muestra de la ineficacia de las propias investigaciones que se realizan.

Impunidad en la procuración y administración de justicia

Es evidente que la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos continúa siendo un problema estructural. Si bien el gobierno federal ha asumido ciertos compromisos para avanzar en la protección de los derechos humanos, los gobiernos estatales los violan, ejemplo de ello son los estados de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Estado de México, entre otros, quienes realizan detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones, acoso a periodistas. En este contexto de impunidad y de la poca o nula respuesta de la autoridad ante demandas sociales, éstas actúan bajo el pretexto de combatir al crimen organizado, por ejemplo reprimiendo y deteniendo a líderes sociales, integrantes de movimientos que se manifiestan en contra de algunos megaproyectos de desarrollo como presas y minas, dando como resultado la criminalización de la protesta social. Incluso Amnistía Internacional ha considerado a varios de los líderes sociales como presos de conciencia.

Además, los congresos locales impulsan reformas legislativas en retroceso, como imponer la pena de muerte o el no garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, sino por el contrario se pretende penalizar su ejercicio.

A pesar de la existencia de numerosas instituciones como fiscalías especiales o especializadas en temas como las de cientos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de la “guerra sucia” de los años que van de 1960 a 1980; así como la violencia contra las mujeres y delitos contra periodistas, no se ha logrado obtener la adecuada investigación y posterior sanción de las personas responsables. Los casos quedan en la impunidad, un claro ejemplo son los 1,014 feminicidos de mujeres contabilizados entre enero de 2007 hasta junio de 20083, que no han sido debidamente investigados. Al mismo tiempo, México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina4 . A lo anterior se añade el incremento en más de 100% de las quejas en contra de militares registradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2008, prácticamente todos estos casos son juzgados de manera anti-constitucional bajo la jurisdicción militar. El ambiente se agrava porque las instituciones encargadas de la investigación y sanción no cuentan con los recursos humanos, financieros o jurídicos necesarios para hacer frente a la justicia pronta y expedita.

Discriminación y derechos de grupos específicos

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que el país sigue enfrentando problemas significativos que generan escenarios de violaciones a los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación. Dos ejemplos de ello:

Migrantes. La política migratoria del gobierno mexicano se sustenta en el control y administración de flujos; prácticamente todos sus programas demuestran que la política está diseñada para agilizar las deportaciones de centroamericanos, reforzar los controles en los puntos fronterizos y en los lugares de mayor tránsito migratorio e incrementar los centros de detención migratoria. Estas acciones, que no atienden las causas estructurales, hacen caso omiso de las flagrantes, graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de las personas migrantes y sus familias e incumplen con los compromisos del gobierno mexicano contraídos para la protección de los derechos humanos.

Mujeres. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las doce primeras semanas5, los recientes cambios realizados a la Norma Oficial Mexicana “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” (NOM-046-SSA2-2005)6 desvirtúan la obligación del Estado por garantizar que las mujeres víctimas de violencia sexual tengan acceso a la información objetiva y oportuna para evitar un embarazo y a los servicios de calidad para interrumpirlo, cuando éste es producto de una violación, tal como lo establecen las leyes en todo el país.

Diálogo y participación con la sociedad civil

Respecto a la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH) como mecanismo de interlocución y diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, el funcionamiento de ésta y de las subcomisiones que la integran ha sido irregular. Lo que ha redundado en que, a la fecha, son casi nulos los avances concretos en la armonización legislativa, a pesar de que existen proyectos importantes de legislación y reformas constitucionales.

El diálogo con la sociedad civil que la CPGMDH impulsa es intermitente y limitado. El mecanismo de interlocución de las subcomisiones es restringido, y los pocos resultados producto del trabajo de las mismas no han sido implementados. Por lo tanto este conjunto de más de 100 organizaciones nacionales decidieron no ir a la consulta con el gobierno federal en relación con el EPU, por considerarse como una reacción coyuntural que, con base en experiencias previas de consulta, no generaron resultados concretos.

EPU - México
El Mecanismo del Examen Periódico Universal representa para las organizaciones civiles mexicanas una oportunidad para el avance en la protección y defensa de los derechos humanos. Se requieren de compromisos contundentes por parte del Estado mexicano, con plazos y efectos precisos, con evaluaciones periódicas de impacto y una voluntad política de transformar lo que hasta el día de hoy no ha funcionado. Aspiramos a lograr una sociedad políticamente democrática que incluya no sólo en el discurso sino por la vía de los hechos, un respeto irrestricto de todos los derechos humanos. Esperamos esa congruencia, sabemos de las dificultades que se presentan en diferentes ámbitos, sin embargo el Estado mexicano se ha comprometido ante la comunidad internacional a la protección que requieren las personas que habitamos la República Mexicana, en este sentido exigimos poner un alto a la impunidad y avanzar en la armonización en los tres niveles de gobierno.

miércoles, 11 de febrero de 2009

AI: Información para el Examen Periódico Universal de la ONU


Amnistía Internacional

México

Información para el Examen Periódico Universal de la ONU

Cuarto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el Mecanismo de Examen Periódico Universal

Febrero de 2009

Resumen ejecutivo

En este documento, Amnistía Internacional proporciona información conforme a lo estipulado en los apartados B, C y D de las Directrices Generales para la Preparación de la Información en el Marco del Examen Periódico Universal.1
Respecto al apartado B, Amnistía Internacional plantea cuestiones relacionadas con la legislación sobre derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos y la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Respecto al apartado C, se destacan los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con la impunidad por violaciones de derechos humanos, la seguridad pública, la tortura y otras violaciones graves de derechos humanos, los activistas sociales y los defensores y defensoras de derechos humanos, la violencia contra las mujeres, y las cuestiones relativas a las comunidades indígenas y rurales.
Respecto al apartado D, Amnistía Internacional formula recomendaciones para la acción dirigidas al gobierno sobre cómo abordar los motivos de preocupación.
México
Información de Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal de la ONU
Cuarto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Mecanismo de Examen Periódico Universal, febrero de 2009
B. Marco normativo e institucional del Estado
Legislación sobre derechos humanos

En los últimos años, el gobierno mexicano ha contraído el importante compromiso de armonizar la legislación del país con las normas internacionales de derechos humanos, por ejemplo, en el ámbito de los derechos de las mujeres, la igualdad, la no discriminación y la transparencia. Sin embargo, pese a las reiteradas promesas de emprender reformas constitucionales destinadas a hacer efectivos de forma expresa los derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos y a mejorar la aplicación de tales instrumentos en los tribunales nacionales, la propuesta que se ha presentado ante el Congreso está en punto muerto, pues el gobierno le ha retirado su apoyo. Es de esperar que el proyecto de ley avance en el próximo periodo de sesiones del Congreso.
En 2008, por otra parte, se han realizado reformas constitucionales sobre la seguridad pública y la justicia penal y se ha fijado un periodo de transición de ocho años para su entrada en vigor. Algunas de las modificaciones están destinadas a reforzar el derecho de los presuntos delincuentes comunes al debido proceso y, si se aplican satisfactoriamente, fortalecerán el derecho a un juicio justo. Sin embargo, las reformas también han aumentado los poderes de la Procuraduría General de la República para recluir a personas sospechosas de delincuencia organizada en detención preventiva sin cargos (arraigo) durante un periodo de hasta 80 días. Queda pendiente la redacción de disposiciones de derecho derivado para la aplicación de las reformas constitucionales. Este proceso determinará el grado de incorporación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos a la legislación nacional. Por otra parte, a pesar de estas mejoras legislativas de ámbito federal, muchos de los 31 estados federados no han adaptado adecuadamente su legislación al derecho internacional. En febrero de 2007 se promulgó legislación federal destinada a proteger a las mujeres de la violencia y, según el Instituto Nacional de las Mujeres, más de 20 estados han promulgado leyes similares, aunque muy pocos ha aprobado la normativa o los reglamentos necesarios para garantizar su aplicación efectiva.
Instituciones de derechos humanos
Se han creado unidades de derechos humanos en el ejército, en las procuradurías generales de justicia y en las fuerzas policiales con el fin de coordinar la formación en derechos humanos y dar respuesta a las investigaciones realizadas por la red de comisiones de derechos humanos sobre denuncias de violaciones de estos derechos. No obstante, estas unidades son de carácter administrativo y carecen en gran medida de poderes de investigación. Como consecuencia, no han resultado eficaces a la hora de impedir violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias o tortura. Algunas procuradurías generales de justicia han adoptado procedimientos basados en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como Protocolo de Estambul, para examinar las denuncias de tortura. Sin embargo, esta medida no ha solucionado las deficiencias de las investigaciones judiciales oficiales sobre violaciones de derechos humanos, en particular la falta de independencia e imparcialidad y la falta de capacidad técnica de muchas procuradurías generales y de la policía.
A finales de agosto de 2008 se hizo público un programa nacional de derechos humanos elaborado por el gobierno. No se consultó ampliamente a la sociedad civil durante la elaboración del programa y todavía no se han creado los mecanismos necesarios para materializar los compromisos concretos ni para evaluar su impacto.
La red de comisiones de derechos humanos, formada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las 31 comisiones de ámbito estatal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, han demostrado ser, en determinadas ocasiones, mecanismos importantes para sacar a la luz violaciones de derechos humanos e instar a las autoridades a tomar medidas encaminadas a solucionar los problemas. Sin embargo, algunas de estas instituciones no son suficientemente independientes de los gobiernos locales para ejercer plenamente su función, mientras que otras se muestran reticentes a actuar con determinación ante informes de violaciones de derechos humanos y se resisten a exhortar a las autoridades a que procesen a los responsables. A consecuencia de ello, la red de comisiones de derechos humanos sólo ha tenido un impacto limitado a la hora de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.
Aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Aunque México es Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde 2005, todavía no ha adoptado la legislación nacional necesaria para su aplicación. Se ha presentado para debate ante el Congreso una propuesta de ley sobre cooperación con la Corte, pero aún no se han tomado medidas concretas. También se está redactando una iniciativa destinada a tipificar como delitos en el derecho penal del país los crímenes recogidos en el Estatuto de Roma, pero todavía no se ha hecho pública. Por tanto, México aún no ha incorporado las disposiciones del Estatuto de Roma a su legislación nacional.
C. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno
Impunidad por violaciones de derechos humanos
Pese a que el gobierno se ha comprometido a procesar a los funcionarios responsables de las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en México desde la década de los sesenta hasta los años ochenta, todavía no se ha hecho rendir cuentas a ninguno. Al final del mandato del ex presidente Vicente Fox se disolvió la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMOSSP) y las causas se remitieron a la Procuraduría General de la República. No ha habido avance en ellas, pese a que el informe de la Fiscalía Especial indicaba que se habían cometido más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales, 700 desapariciones forzadas y miles de detenciones arbitrarias y actos de tortura. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cerrar varios casos, al determinar que las normas sobre prescripción eran aplicables a los crímenes de lesa humanidad y de genocidio, viola las obligaciones contraídas por México en virtud del derecho internacional y constituye un serio obstáculo para llevar a cabo procesamientos efectivos. Además, la práctica persistente de permitir que los tribunales militares (que no son ni imparciales ni independientes) investiguen y enjuicien casos de oficiales acusados de cometer violaciones de derechos humanos ha ocasionado el cierre prematuro de varias causas importantes y la absolución de las personas inculpadas. Por su parte, el gobierno no ha retirado ciertas declaraciones interpretativas y reservas prohibidas a tratados internacionales de derechos humanos en los que México es parte. La retirada de estas reservas y declaraciones permitiría el enjuiciamiento de militares ante tribunales civiles y prohibiría la aplicación de normas de prescripción a delitos de derecho internacional, con independencia del momento en que se hubieran cometido. Se han recibido informes de que el gobierno ha creado un fondo para indemnizar a las víctimas, pero no está claro cuáles son los criterios y la metodología empleados para valorar cada caso.
Seguridad pública
La estrategia del gobierno para luchar contra las redes de delincuencia organizada que operan en varias regiones del país ha coincidido con un aumento significativo de los crímenes violentos. Entre enero de 2007 y julio de 2008, los medios de comunicación informaron sobre al menos 5.000 homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Miembros de la policía y de las fuerzas armadas también han sido víctimas de numerosos ataques violentos. El gobierno movilizó a más de 25.000 militares para que llevaran a cabo operaciones policiales y encabezaran su estrategia. Sin embargo, la creciente participación de las fuerzas armadas ha conllevado un rápido aumento de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar. No hay datos fiables sobre el alcance total de estas violaciones, pero organizaciones locales de derechos humanos han informado de que, entre enero de 2007 y junio de 2008, hubo al menos 50 casos de homicidios ilegítimos, violaciones, torturas y detenciones arbitrarias presuntamente cometidos por militares. Varios oficiales han sido detenidos, pero están siendo enjuiciados por tribunales militares en procesos que carecen de imparcialidad y transparencia. Los mecanismos de derechos humanos de la ONU y del sistema interamericano han recomendado que sean las autoridades y los tribunales civiles los que resuelvan estos casos. Pese a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha recomendado que se retiren estos casos de la jurisdicción militar.
Tortura y otras violaciones graves de derechos humanos
La impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de operaciones de seguridad pública sigue siendo un problema endémico. En los últimos años ha habido varios casos destacados de homicidios ilegítimos, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias perpetrados por agentes de la policía municipal, estatal y federal: en Guadalajara (estado de Jalisco) en 2004, y en el estado de Oaxaca y en San Salvador Atenco (Estado de México) en 2006. Se ha procesado a unos pocos agentes por delitos menores relacionados con estos casos, y no se han proporcionado justicia ni reparaciones a casi ninguna víctima. En muchos de estos casos, las autoridades estatales no han emprendido investigaciones independientes ni imparciales y las autoridades federales han argumentado que no tienen jurisdicción para investigar la responsabilidad de funcionarios de ámbito estatal. Incluso cuando ha habido autoridades federales directamente implicadas, es frecuente que las investigaciones de la Procuraduría General de la República no hayan dado lugar a procesamientos. Una de las causas subyacentes de este problema es la falta de independencia de las procuradurías generales federal y estatales y la ausencia de unidades especializadas independientes encargadas de investigar y procesar a los autores de violaciones de derechos humanos.
Activistas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos
Los activistas sociales y las personas que defienden los derechos humanos están sometidos a investigaciones, y en ocasiones a detención prolongada, sobre la base de cargos falsos o de motivación política. En numerosos casos, la policía, la fiscalía y los tribunales locales carecen de imparcialidad y no proporcionan un juicio justo.
Magdalena García Durán, mujer indígena detenida durante unas protestas que tuvieron lugar en San Salvador Atenco, Estado de México, pasó 18 meses bajo custodia tras un proceso judicial injusto a cargo de autoridades estatales. Durante ese tiempo, Amnistía Internacional la consideró presa de conciencia. Quedó en libertad en mayo de 2006, después de que un juez federal resolviese en dos ocasiones que la fiscalía local no había proporcionado suficientes pruebas. Amnistía Internacional alberga similar preocupación sobre las debidas garantías de juicios contra otras personas acusadas en el contexto de las protestas que se produjeron en mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Diego Arcos, líder comunitario indígena de Nueva Tila, permaneció detenido en Chiapas durante más de un año por cargos de asesinato. Pese a que ganó un juicio de amparo sobre tales cargos ante un tribunal federal, no fue liberado hasta que el ministro de Justicia del estado accedió a revisar su caso y posteriormente ordenó que se retiraran los cargos presentados contra él. Los juicios de amparo, de ámbito federal, son con frecuencia el único medio de garantizar la revisión imparcial de un caso y de impartir justicia. Sin embargo, estos procesos son extremadamente lentos: duran meses o incluso años y no suelen hacer rendir cuentas a quienes presentaron cargos infundados o de motivación política.
Los defensores y defensoras de derechos humanos y los activistas sociales también sufren amenazas y hostigamiento en represalia por llevar a cabo sus actividades legítimas. Los actos de intimidación suelen originarse en el entorno en el que trabajan estas personas. Por lo general, las investigaciones de ámbito estatal sobre las amenazas y el acoso son inadecuadas y dejan a las víctimas expuestas a sufrir más intimidaciones o agresiones. Al no ponerse en marcha mecanismos eficaces de protección, independientes de las autoridades locales (que pueden estas implicadas en los actos de hostigamiento), numerosos defensores y defensoras quedan a merced de los agresores. En virtud de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, los Estados, incluido México, se comprometieron a garantizar que las personas que defienden los derechos humanos pueden desempeñar su labor sin injerencias, obstáculos ni temor a las represalias; a reconocer públicamente el trabajo legítimo de estas personas y a tomar medidas concretas de apoyo y protección, tanto de los defensores y defensoras como de su trabajo.
Violencia contra las mujeres
Pese a que ha habido progresos en la legislación destinada a proteger a las mujeres de la violencia, en 2006 el 67 por ciento de las mujeres de más de 15 años denunciaron haber sufrido alguna forma de violencia en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la escuela, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años que convivían con una pareja denunciaron actos de violencia física o sexual a manos de su pareja. Los índices de denuncias, procesamientos y sentencias condenatorias por estos delitos son extremadamente bajos. Amnistía Internacional ha observado que a menudo las autoridades se muestran reticentes a tramitar formalmente las denuncias de violencia doméstica y a investigarlas de manera efectiva.
El número de casas refugio ha aumentado, pero sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda. Las órdenes de alejamiento y otras medidas de protección raramente se dictan o se ejecutan, por lo que las mujeres siguen expuestas a sufrir más ataques, incluso a ser asesinadas. No se dispone de cifras fiables de mujeres muertas a consecuencia de la violencia de género, por lo que no es posible evaluar eficazmente las medidas adoptadas para impedir, investigar y castigar estos delitos.
Si bien se han puesto en marcha medidas positivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, continúan los asesinatos de mujeres y niñas. Más de 25 mujeres han sido asesinadas entre enero y julio de 2008 en Ciudad Juárez. Las autoridades responsables de las deficientes investigaciones que se realizaron originalmente sobre los asesinatos cometidos desde 1993 nunca han tenido que rendir cuentas, por lo que sólo se ha llegado a identificar y a procesar a unos pocos de los responsables directos de los asesinatos. La legislación promulgada en 2007 para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres todavía tiene que convertirse en medidas prácticas encaminadas a combatir la violencia de género.
Comunidades indígenas y rurales
En diversas partes del país se han emprendido proyectos de desarrollo que perjudican o amenazan los medios de vida de comunidades indígenas y otras comunidades rurales y que son motivo de conflicto. La investigación de Amnistía Internacional revela que, al no haberse tomado medidas para garantizar el derecho a una participación activa en la toma de decisiones y en las consultas, existe el riesgo de que se vulneren los derechos humanos de estas comunidades, por ejemplo, debido a la amenaza de desalojo forzoso. En el estado de Guerrero, las comunidades que se oponen a la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota han ganado varios recursos judiciales preliminares sobre la base de que el proyecto no había obtenido formalmente la aprobación de las comunidades. Éste sigue paralizado, pero numerosas comunidades locales temen que las autoridades pretendan proseguir con las obras de construcción sin el adecuado proceso de consultas.

D. Recomendaciones al Estado sometido a examen
En los últimos 10 años, los sucesivos gobiernos mexicanos se han comprometido a respetar y proteger los derechos humanos y han ratificado prácticamente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, aunque algunos de ellos están sujetos a reservas y declaraciones interpretativas negativas. La invitación cursada a todos los mecanismos internacionales de derechos humanos, tanto de la ONU como del sistema interamericano, han propiciado informes y recomendaciones de muchos de los principales mandatos temáticos y regionales. Además, el gobierno ha presentado recientemente informes a cinco órganos de vigilancia de los tratados de la ONU. El establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México también ha dado un impulso a la agenda de derechos humanos junto con la sociedad civil. El progreso ha sido lento, pero se han producido ciertos avances en la armonización de la legislación nacional con las normas internacionales de derechos humanos. En el ámbito federal se ha creado el Programa Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, se han hecho esfuerzos para mejorar los exámenes médicos en los casos de tortura.
No obstante, sigue existiendo una gran brecha entre el compromiso del gobierno con las normas y mecanismos internacionales de derechos humanos y la consecución real de mejoras en la protección y el respeto por los derechos humanos en el país. Al no aplicarse eficazmente muchas de las recomendaciones formuladas por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, se han socavado los esfuerzos encaminados a dar respuesta a las violaciones de derechos humanos. En gran parte de los casos, las autoridades federales no han mostrado un liderazgo claro en la protección de los derechos humanos, en especial porque no han garantizado que los militares acusados de violaciones de derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles. Las autoridades tampoco han hecho que los funcionarios federales, estatales y municipales acusados de violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia. Como consecuencia, la impunidad por estas vulneraciones de los derechos sigue siendo la norma, y el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en el país continúa vedado para numerosos sectores de la población.

Amnistía Internacional insta al gobierno a:
Legislación sobre derechos humanos
Garantizar que se incorpora expresamente a la Constitución la obligación de cumplir las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México y que se agiliza el proceso de armonización de la legislación federal y estatal con las normas internacionales de derechos humanos, incluido el Estatuto de Roma.
Asegurarse de que la legislación por la que se rigen la seguridad pública y el sistema de justicia penal se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos.
Fijar un calendario y mecanismos claros para la aplicación y evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos en las esferas federal, estatal y municipal.
Instituciones de derechos humanos
Crear, en el seno de la policía y de las procuradurías generales de justicia, unidades eficaces que tengan la formación adecuada y autoridad jurídica para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos, conforme a las normas internacionales de derechos humanos.
Establecer una comisión fiable, independiente y eficaz de denuncias contra la policía encargada de investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía.
Reforzar la red de comisiones de derechos humanos para garantizar que son autónomas y que promueven de manera efectiva el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Seguridad pública
Garantizar que las políticas y prácticas concebidas para reforzar la seguridad pública no ocasionan ni toleran violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos, tortura u otros malos tratos.
Asegurar que la policía y las fuerzas de seguridad que participan en operaciones policiales reciben formación conforme con los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y que rinden cuentas con arreglo a estas normas.
Garantizar que se investiga y procesa en tribunales civiles a los militares acusados de violaciones de derechos humanos, incluidos los acusados de violar a mujeres indígenas.
Defensores y defensoras de derechos humanos y activistas sociales
Garantizar que los defensores y defensoras de derechos humanos y los activistas sociales pueden desempeñar su legítima labor sin temor a represalias, entre otras medidas, investigando con eficacia e imparcialidad todas las denuncias de amenazas y hostigamiento y haciendo rendir cuentas a los responsables.
Crear mecanismos fiables para proteger a las personas en peligro, asegurándose de que en tales mecanismos no participan autoridades sospechosas de implicación en los actos de hostigamiento.
Garantizar que los defensores y defensoras y los activistas sociales no son sometidos a procesos penales injustos y que se obliga a rendir cuentas a las personas responsables de ese uso indebido del sistema de justicia penal.
Violencia contra las mujeres
Aplicar y evaluar eficazmente las nuevas leyes federales y estatales concebidas para proteger a las mujeres de la violencia.
Garantizar que las mujeres pueden presentar denuncias por violencia doméstica en un entorno seguro y que se emprenden investigaciones prontas, imparciales y eficaces para hacer rendir cuentas a los culpables.
Financiar y reforzar adecuadamente las medidas de protección de las mujeres que corren peligro de sufrir violencia, por ejemplo, mediante el aumento de apoyo económico y formación a las unidades de respuesta urgente de la policía y a las casas refugio.
Reforzar las medidas destinadas a prevenir y castigar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, y hacer rendir cuentas a las autoridades responsables de las investigaciones negligentes.
Impunidad por violaciones de derechos humanos
Garantizar que las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta y sus familiares tienen acceso a la verdad, la justicia y las reparaciones.
Retirar las declaraciones interpretativas y las reservas de los instrumentos de ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos.
Garantizar que se investigan con imparcialidad y exhaustividad las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Guadalajara (estado de Jalisco) en mayo de 2004, en San Salvador Atenco (Estado de México) en mayo de 2006 y en la ciudad de Oaxaca en 2006, que se procesa a los responsables y que las víctimas y sus familiares reciben reparaciones adecuadas.
Comunidades indígenas y rurales
Asegurar la plena integración de los derechos económicos, sociales y culturales en los programas de desarrollo y de reducción de la pobreza, con el fin específico de abordar las necesidades de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados.

Apéndice: Documentos de Amnistía Internacional para consulta adicional2
México: La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia, (Índice AI: AMR 41/021/2008);
México: Leyes sin justicia: Violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública, (Índice AI: AMR 41/002/2007);
México: Proyecto de la presa La Parota: los derechos humanos, en peligro, (Índice AI: AMR 41/029/2007);
México: Oaxaca - Clamor por la justicia, (Índice AI: AMR 41/031/2007);
México: Violencia contra las mujeres y denegación de justicia en el Estado de México, (Índice AI:AMR 41/028/2006);
México: "¿Cómo puede una vida valer tan poco?". Homicidios ilegítimos e impunidad en la ciudad de Reynosa, (Índice AI: AMR 41/27/2006);
México: Abusos desoídos en Guadalajara: la resistencia a esclarecer violaciones de los derechos humanos sólo perpetúa la impunidad, (Índice AI: AMR 41/034/2004);
México: Muertes intolerables: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua (Índice AI: AMR 41/026/2003);
México: Juicios injustos: tortura en la administración de justicia, (Índice AI: AMR 41/007/2003).