DELITO: VIOL. A LA LEY FDAL. VS. DELIC. ORGANIZ. CON LA FINAL. DE COMETER TERRORISMO y COHECHO.
TOCA PENAL NÚM. 207/2008
AUD. DE VISTA: 10:00 HRS. DEL 25/JUN./08.
ESC. “AMICUS CURAE”
C. LIC. RAFAEL REMES OJEDA.
MAGISTRADO DEL H. SEGUNDO
PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Distinguido Impartidor de Justicia.
De manera respetuosa, las Organizaciones y Personas de la Sociedad Civil, abajo firmantes, presentamos este libelo de “Amicus Curiae”, que tiene la finalidad de apoyar mediante el Derecho Nacional e Internacional el Recurso de Apelación hecho valer ante su Señoría por los indígenas nahuas, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López; al mismo tiempo manifestamos nuestra preocupación por la grave omisión a los principios y normas del Derecho Internacional, en el ámbito de los Derechos Humanos, cuyos Tratados y Convenios internacionales han sido firmados y ratificados por nuestro país; y los cuales atento al contenido del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser observados y respetados como normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico positivo mexicano, así lo ha corroborado el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación;1 la cual ha ido en perjuicio y en agravio de los indígenas mencionados. En esta tesitura, es nuestra intención que este Órgano Unitario, no omita la observancia de dichos principios y normas, así como los Estándares Internacionales sobre los Derechos Humanos.
HECHOS DEL CASO
Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile (escolaridad bachillerato concluido, pequeño comerciante en Astacinga, Veracruz y ocasionalmente realiza trabajos de albañilería) y Gerardo Tzompaxtle Tecpile (pasante de ingeniería electrónica y dueño de una tienda de abarrotes y una caseta telefónica en Astacinga, Veracruz, ocasionalmente realiza trabajos eléctricos); son hermanos de Andrés Tzompaxtle Tecpile a quien el Estado reconoce como integrante del Ejercito Popular Revolucionario (EPR), y que fue desaparecido de 1996 a 1997, fecha en la que logra escapar de una Prisión Militar en la que estaba clandestinamente recluido en el Estado de México y de quien hasta esta fecha no se sabe nada.
Los hermanos Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile junto con Gustavo Robles López (grado de escolaridad primer año de primaria y de oficio albañil) y amigo de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, son detenidos por nueve elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes circulaban a bordo de la Patrulla ECO 08833, mediante un Acto de Autoridad a las 10:30 aproximadamente el día 12 de enero del 2006, cuando los arriba mencionados se encontraban reparando su vehículo (Jetta 2002, color gris, con placas YCD-19-41 del Estado de Veracruz) en el cual transitaban. Esto ocurrió en el Kilometro 281de la carretera México-Veracruz, sobre la autopista Orizaba-Fortín de las Flores. Los detenidos se encontraban en el momento de la detención en compañía de dos personas del sexo masculino (quienes en el mercado “Zapata” ubicado en la Ciudad de Orizaba, Veracruz les pidieron un “aventón”. Cuando estas dos personas, vieron la presencia policiaca, les indicaron a los suboficiales de la Policía Federal Preventiva, que iban por agua, aprovechando para internarse en la población de Buena Vista, Veracruz, dejando en el interior del mencionado vehículo sus pertenencias consistentes en dos mochilas.
Los suboficiales, sin que mediara orden judicial alguna, procedieron a revisar las pertenecías que se encontraban en el interior del vehículo, y en una de las mochilas de la pertenencia de una de las dos personas que abandonaron el vehículo encontraron una libreta que contenía direcciones, números telefónicos, direcciones de correos electrónicos, nombres de organizaciones y anotaciones en torno a posturas y acciones realizadas por el grupo armado denominado Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero”. A partir de este momento quedan detenidos sin ser informados del motivo de su detención los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López. Son trasladados a la Oficina de la Policía Federal Preventiva del Sector en Rio Blanco, lugar donde personal del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN) y la Jefatura del Distrito Tres verifica si los tres detenidos habían cometido alguna actividad “ilícita en carretera”, mientras los mantuvieron incomunicados.
A las 14:00 horas los certifica un médico particular (los detenidos son obligados a pagar los honorarios de este médico $450.00 Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N. cada uno).
A las 19:00 horas son remitidos a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en Orizaba-Veracruz, donde el Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 1, de la Subdelegación Zona Centro de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, inicia la Averiguación Previa PGR/VER/ORI/MI/004/2006, por el probable delito de cohecho. Pero los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, no son informados de los motivos de su detención, ni de su probable participación en el delito de cohecho, además de permanecer incomunicados y sin rendir su declaración.
El Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 1, de la Subdelegación Zona Centro de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, inicia la Averiguación Previa PGR/VER/ORI/MI/004/2006.
Después de estar incomunicados estos dos días, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) los traslada alrededor de las tres de la mañana del día 14 de enero del 2006, a la Ciudad de México, a la Unidad Especializada de Investigación de Secuestros de la Sub Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR). Es en este lugar donde son informados que están en calidad de Probables Responsables del Delito de Cohecho y otros (es aquí donde pretenden vincularlos a la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/022/2003 sobre el delito de secuestro en agravio a Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia), rinden su Declaración Ministerial ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Procuraduría General de la República alrededor de las 15:00 horas del día 14 de enero del 2006, donde también los interrogan sobre su probable pertenencia al Partido de la Revolución Democrática (PRD), y sobre grupos armados.
Este mismo 14 de enero del 2006 se Acuerda su Libertad con Reservas de Ley por el Delito de Cohecho (delito que les es acumulado en el 2007 con la causa penal 21/2007) al mismo tiempo y sin ser informados de que se inicia se la Averiguación Previa No. A.P. PGR/SIEDO/UEITA/004/2006 por Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada por delitos relacionados con Actos de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, la que es fundamentada en dos notas periodísticas del diario Milenio y el Grafico relacionadas a la detención de los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, y donde son vinculados con el Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
El día 15 de enero del 2006, a las 23:00 horas, el Lic. Emigdio Arturo Morales Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo Acopio y trafico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República se presenta a estas instalaciones a realizar una consulta en internet acerca de noticias y comunicados referentes a el Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero” (CPR-LPEP) y de internet imprime la siguiente información:
1.-
http://list:indymedia.org/pipermail/cmi-pr/2005-December/1203-re_thm/2.-
http://apa.online.free.fr/articule.php3?id_articule=6153.-
http://apa.online.free.fr/breve.php3?id:breve=6574.-
http://www.milenio.com/nota.asp?id=25875%205.-
http://publico.com.mx/mexico/nota.asp?id=488056.-
http://www.suracapulco.com.mx/anterior/2005/julio/11/justicia.htm7.-
http://esp.mexico.com/lapalabra/index.php?method=una&idarticulo=217448.-
http://www.presidencia.gob.co/Ingles/mundo/mexico/2005/diciembre/06.ht9.-
http://usuarios.lycos.escedema/Mexico/CJ28/cj28(2005nov30).htm10.-
http://www.suracapulco.com.mx/anterior/2005/octubre/10/guerrero.htm11.-
http://espora.org/okupache/articulo.php?p=7278&more=1&c=112.-
http://espora.org/okupache/articulo.php?p=6908&more=1&c=113.-
http://espora.org/okupache/articulo.php?p=3318&more=1&c=114.-
http://ocupache.espora.org/news/2005/07/605.php El día 16 de enero del 2006 se Decreta Libertad Con las Reservas de la Ley a los los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles
López, por los Delitos de Delincuencia Organizada y Privación Ilegal en la Modalidad de Secuestros, por no existir elementos que consideren que los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, hayan participado en el ilícito, firmaron su hoja de liberación y salieron de estas oficinas, pero cuando se disponían a abandonar la Unidad Especializada de Investigación de Secuestro de la Sub-Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), Agentes de la Agencia Federal de Investigación, sin presentarles orden alguna le colocaron a cada uno gafetes de visitantes y les dijeron que tenían que acompañarlos, bajo el argumento que les faltaba firmar documentos.
Son trasladados al tercer piso en ese mismo edificio donde los ingresaron a la oficinas Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo y Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) que es parte de la SIEDO, ahí los mantuvieron tirados en el piso, y en la madrugada de ese día son informados que el Titular de esta Unidad ha ordenado su detención. En este lugar quedan privados de su libertad hasta el día 18 de enero de 2006 (seis días después de su detención).
El día 18 de enero son informados que eran probables responsables de la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UITA/004/2006 por delitos relacionados con Actos de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas y que el Juez Decimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Distrito Federal había ordenado su arraigo por 90 días, en una de las casa de seguridad arraigo de la Procuraduría General de la República ubicada en Avenida Ignacio Morones Prieto No. 43, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtemoc, México Distrito Federal, por delitos relacionados con Actos de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, este arraigo es impuesto con la finalidad de permitir a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo y Acopio y Tráfico de Armas buscar las pruebas necesarias para así poder fincar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de estas personas.
La Unidad Especializada de Investigación de Secuestros de la Sub-Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), mediante el Oficio No. SIEDO/UEITA/239/2006, funda la Solicitud de Arraigo con los siguientes artículos periodísticos:
“Detienen a tres eperristas; intentaron sobornar policías” del Diario la Prensa de fecha
de 14 de enero de 2006.
“Detienen a tres presuntos integrantes del EPR”, del Diario Milenio de fecha de 13 de enero del 2006.
Constancia de consulta de internet del 15 de enero del “Comando Popular la Patria es Primero” CPR_LPEP
Llamada telefónica a la Sub-Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), en la que remiten vía fax una nota periodística publicada el día 13 de enero del 2006.
Llamadas telefónicas anónimas del día 14,16 y 17 de enero del 2006.
Informe de Agentes Federales de Investigación.
La figura del arraigo es inconstitucional ya que no se encuentra establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no esta adecuada a los Principios Rectores del Derecho Penal Constitucional Mexicano.
La siguiente es una cronología de eventos en relación al proceso iniciado contra los detenidos:
- El 2 de febrero del 2006, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, interpone una Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por los hechos ocurridos a los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López. La CNDH le designa el Expediente No. 2006/444/1/Q.
- El día 6 de marzo del 2006, se interpone el Amparo 240/2006 ante el Juez Primero de
Distrito de Amparos en Materia Penal en el Distrito Federal. El Juez acepta el Amparo,
Solo para analizar la constitucionalidad de la medida de arraigo, en virtud de que considero que no existía la privación de la libertad puesto que se encontraban privados
de su libertad como una medida de arraigo, fue sobreseído, debido a que al momento de resolverse ya habían sido consignados ante el Juez del proceso.
- El 15 de marzo del 2006, se interpone el Amparo 279/2006 ante el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, por obstaculizar a la defensa
el acceso a las actuaciones de la Averiguación Previa, este también fue sobreseído
debido a que al momento de resolverse ya habían sido consignados ante el Juez de
Proceso.
- El 31 de marzo del 2006, sin que mediara orden judicial alguna fueron registradas las casas de la madre de los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y la de Maximino Tzompaxtle Tecpile, así como la tienda de Gerardo Tzompaxtle Tecpile2.
El 10 de abril de 2006 la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República consigna la Averiguación Previa No. PGR/SIEDO/UEITA/004/2006 ante el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, el cual la radica con número de expediente 43/2006 por los probables delitos de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada con la Finalidad de Cometer Actos de Terrorismo.
El día 11 de abril del 2006 el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, libera Orden de Aprehensión en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, por los probables delitos de Violación a la ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con fines de Terrorismo, siendo ese mismo día notificada la Agente del Ministerio Público Federal Adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República.
Es hasta el día 17 de abril del 2006 que la Agente del Ministerio Público Federal Adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República, pone a disposición del Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal a los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerado Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, en cumplimiento de la Orden de Aprehensión emitida el día 11 de abril del 2006, se decreta la detención el día 17 de abril del 2006 por lo que son trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte ubicado en el Distrito Federal.
El 18 de abril de 2006, son puestos a disposición del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, por el probable delito de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el cual es fundado y motivado por los comunicados bajados por internet, las notas periodísticas, y las llamadas anónimas.
El 21 de abril de 2006, el Juez notifica a la defensa, el número correcto de la Averiguación Previa iniciada respecto a la detención de los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerado Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López era la PGR/SIEDO/0022/2003.
El 22 de abril 2006, se les dicta Auto de Formal Prisión por la probable comisión del Delito de Violación a la Ley de Delincuencia Organizada con fines de Terrorismo. El Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, para el Distrito Federal, funda el Auto de Formal Prisión en que no era suficiente que los probables responsables negasen los cargos, que esto debía de hacerse mediante pruebas que fundaran y motivaran su inocencia. Además de que se declara incompetente y lo remite al Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Córdoba.
El Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Córdoba, también se declara incompetente y los autos son remitidos al Tribunal Colegiado del primer Circuito en turno, con la finalidad de resolver el conflicto.
El 17 de agosto del 2006 el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Resuelve la Competencia a favor del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Córdoba.
El primero de septiembre del 2006, el Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Córdoba, Lic. Roberto Castillo Garrido, decreta un auto donde requiere al Delegado Estatal de la Procuraduría General de Veracruz, que gire las instrucciones necesarias para que personal a su cargo realicen el traslado de los procesados Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerado Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, al Centro de Readaptación Social en Amatlán de los Reyes en el Estado de Veracruz.
Con fecha de cuatro de septiembre del 2006, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de Veracruz, recibe el oficio y lo transcribe para su conocimiento y efectos legales.
El 30 de noviembre de 2006, el Primer Visitador de la CNDH Dr. Raúl Plascencia Villanueva manifiesta una Propuesta de Conciliación sobre el Caso de los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, en la que en la parte de Observaciones manifiesta que:
“Del análisis practicado a las evidencias que obran en el expediente, esta Comisión
Nacional pudo acreditar violaciones a los derechos de legalidad y seguridad jurídica
en agravio de los señores Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo
Robles López, por parte de servidores públicos de la Policía Federal Preventiva…”3
Es hasta el 13 de marzo del 2007 que son trasladados al centro de Readaptación Social en Amatlán de los Reyes, Veracruz para dar comienzo a su Juicio.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas , Emite su Opinión No. 20/2007 (México), Comunicación dirigida al Estado, el 11 de abril del 2007, relativa a los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López que ha la letra dice:
“A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión: La privación de libertad de Jorge Marcial Zompaxtle Tecpile, Gerardo Zompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López es arbitraria, ya que contraviene a los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno. Adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”
Adoptada el 22 de noviembre de 2007.
El Lic. Roberto Castillo Garrido, Iudex-A-Quo Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz con Residencia en Córdoba les dicta la siguiente Sentencia, el día 14 de mayo del 2008.
“Cuatro años por el Delito de Violación Delincuencia Organizada, con la Finalidad de Cometer Terrorismo, (Ley Federal contra la Delincuencia Organizada previsto en su Art. 2°, Frac. I (Terrorismo) y sancionado por el diverso 4° Frac. II inciso b) ambos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y 3 meses por el Delito de Cohecho previsto en el Art. 22, Frac. II del Código Penal Federal, así como una Sanción de Doce Mil Novecientos Pesos con Sesenta Centavos ($12, 912.60 M.N.) ”
Fundó su Sentencia en:
Cohecho: Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López ofrecieron dádivas a los Policías Federales Preventivos.
Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la Finalidad de Cometer Terrorismo, Artículo 2°, fracción I:
1.- Delincuencia Organizada, porque son tres personas las implicadas en estos hechos.
2.- En que Gustavo Robles López, en sus pertenecías se encontrara un pañuelo camuflageado, una gorra negra con la imagen del Che Guevara y en la bienvenida de su celular se encuentra grabada la frase “asta la victoria siempre”
3.- En los comunicados recabados en internet.
4.-En las notas periodísticas del Diario Milenio y el Diario la Prensa.
5.-En las llamadas anónimas del 14 de enero del 2006, recibida por Agentes del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada En investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la llamada anónima del día 16 de enero del 2006 que afirman haber recibido, los Agentes del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada En investigación de terrorismo, Acopio y Trafico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Y en la del día 17 de enero del 2006.
6.- Por la información recabada por tres agentes acerca de que vecinos de Astacinga les dijeron que los hermanos Tzompaxtle Tecpile realizan actividades subversivas.
7.- Que las mochilas de, Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López son parecidas a las que dejaron las dos personas que les solicitaron “aventón” y que posteriormente al ver la presencia policiaca abandonaran el vehículo, la marca es “Nicks”.
8.- Por la información emitida por el testigo protegido Rómulo Montalvo Salas, quien afirmo que los hermanos Tzompaxtle Tecpile, pertenecen al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
9.- Por el informe de investigación con fecha del 25 de marzo del 2006, realizado por tres elementos de la Agencia Federal de Investigación, donde asientan haber cuestionado a pobladores de Astacinga quienes les informaron que estas personas son representantes del Ejército Popular Revolucionario.
10.- La libreta encontrada en una de las mochilas pertenecientes a las dos personas del sexo masculino que les pidieron “aventón” y al ver la presencia policiaca los abandonaron. La libreta contiene:
Opiniones de una o varias personas integrantes de la guerrilla
Direcciones y nombres de personas y organizaciones
Números Telefónicos
Apuntes
Citas
Cuentas de dinero gastado
Nombres completos y cedulas de maestros rurales
Esto a pesar de que quedo demostrado durante la etapa probatoria del Proceso que:
Cohecho: Siete de los nueve Policías Federales Preventivos que los detuvieron, declararon durante el Juicio, que los procesados no les ofrecieron dinero a ellos ni vieron si estos lo hicieron a los otros dos que afirman haber recibido el ofrecimiento, los nueve policías estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo.
Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la Finalidad de Cometer Terrorismo, Artículo 2°, fracción I:
Se encontraban tres personas reunidas, los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada establece que:
“Artículo 2… cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por si o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese sólo hecho, como miembros de la delincuencia organizada…” , “..frac I Terrorismo…”, el Artículo 11 de la ley supra indicada, prescribe que se debe investigar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación.
En la etapa procesal no se comprobó que la libreta encontrada en las pertenecías de las dos personas desconocidas a las que los arriba mencionados les dieron “aventón”, tenga relación con los apelantes ya que es el común que cuando se da un “aventón” no se revisen las pertenencias de quien o quienes lo piden y tampoco se comprobó que estas personas pertenezcan al citado grupo armado.
El pañuelo camuflajeado y la gorra negra con la imagen del Che Guevara encontrados en las pertenencias de Gustavo Robles López están a la venta al público y no existe ley que prohíba su uso, la frase “asta victoria siempre” es del dominio público.
Los comunicados recabados en internet, además de ser documental privado es un documento que no puede ser comprobado, además que en estos no se hace mención de los de Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López.
Con fecha del 15 de enero del 2006, se pública en internet un comunicado emitido por el Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario PDPR Comandancia Militar de Zona del Ejercito Popular Revolucionario EPR, fechado en la Ciudad de Veracruz de Ignacio de la Llave el 14 de enero de 2006 negando de manera categórica que las personas detenidas pertenezcan a algunas de sus estructuras del Partido y Ejército.
Las notas periodísticas aparecidas en algunos diarios después de su detención, no son prueba plena de que estas personas pertenezcan a algún grupo armado.
Durante el proceso en la etapa de desahogo de pruebas, en lo que se refiere a las llamadas anónimas, quedó comprobada la contradicción de las personas que firmaron como testigos de haberlas escuchado, por ejemplo: en la supuestamente recibida con fecha de 16 de enero del 2006, en la Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República por los Lic. Francisco Javier Duarte, Lic. Nancy Gallardo Marcelino y Lic. Fermín Mora Reyes, los dos primeros declararon que se percataron conjuntamente con Fermín Mora Reyes, de la llamada anónima, y este último declara que se percato que la llamada era anónima hasta que firmó el acta.
Durante el careo constitucional del día 29 de junio del 2007, el testigo protegido Rómulo Montalvo Salas, declaro que las declaraciones que le adjudicaban a él eran falsas, que desconocía la firma y que a él no le consta que los hermanos Tzompaxtle Tecpile pertenezcan a algún grupo armado, esto se corroboro con el resultado del dictamen pericial en materia de Caligrafia y Grafoscopia, que fue emitido por el perito oficial designado por la Representación
Social, C. Octavio Abraham Figueroa Moreno, mediante escrito de fecha 21 de agosto del 2007.
También el ex diputado Mario Alberto Rafael Zapahua Valencia, durante el desahogo de pruebas, en la ampliación de declaración de fecha de 10 de agosto de 2007, afirmo que no le consta que los procesados pertenezcan a algún grupo armado, o realicen acciones subversivas.
En el informe de los tres elementos de la Agencia Federal de Investigación, no se aportan nombres de los entrevistados, domicilios, la información no fue corroborada y fue realizada en ausencia de Ministerio Público o Juez. Durante el desahogo de pruebas dos agentes declaran no haber corroborado la información y uno afirmo que si lo hicieron, dos de los agentes afirmaron haber realizado las entrevistas en la tarde, mientras que el otro afirmó que fue en el transcurso de la mañana y durante el desahogo de pruebas también vecinos del poblado de Astacinga, atestiguaron que los apelantes mantienen una actividad publica, honesta y pacifica, y esto fue ante un Juez.
Además quedo demostrado por el dictamen pericial emitido por el Perito Oficial en materia de grafoscopía de la Procuraduría General de Justicia Octavio Abraham Fiogera Moreno, que la letra de la libreta no pertenece a Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile (a quien desde el principio se acusaba de ser el autor de esta). El perito concluyo:
“PRIMERA… Las escrituras que aparecen en manuscritos en el documento
Señalando como cuestionado NO FUERON ELABORADAS POR EL PUÑO Y LETRA
DEL C. JORGE MARCIAL TZOMPAXTLE TECPILE.
El dictamen emitido por los Peritos Oficiales en Criminalística de la H. Representación Social, Perito Miguel Vite Hernández y el Perito Jamido Reyes Castillo concluyo:
“El presente estudio y análisis de la citada libreta y comunicados nos conlleva a
a una carencia de objetividad en los hechos relatados por los elementos
captores y demás declarantes que deponen en contra de los procesados ya
citados, ya que no existe tiempo forma y modos específicos indiciarios y
evidénciales que se pruebe una acusación, además de carecer de las siete
preguntas de oro de la criminalística, lo cual no es posible deducir la acción
referente al homicidio de José Rubén Robles Catalán y su escolta; siendo
que los mismos procesados nunca manifiestan haber cometido el delito que
se les imputa.
“En relación a la lista de candidatos condenados a la pena máxima, no se les
puede atribuir conforme a la caligrafía y grafoscopía el origen gráfico de la
escritura manuscrita en dicha lista a los multicitados procesados, ya que no
existe en actuaciones indicios o evidencias en relación con los principios
básicos de la criminalística de la existencia de vendettas y de grupos que se
contrapongan entre si ni eliminación de persona alguna.
“Así mismo cabe señalar, que al cuestionamiento que mediante oficio se nos
solicita, fueron respondidas de manera directa y formal considerando el
contenido de la mencionada libreta los cinco comunicados, aplicando los
principios básicos de la criminalística, fundamentalmente sometiéndose a las
las siete preguntas de oro de la misma”
Y con el dictamen practicado por la Perito Oficial en de la Procuraduría General de la República, sicóloga Dalia Alejandra Luna Muñoz, (que por cierto ese H. Juzgado no había agregado a las actuaciones lo hizo solo a petición de la defensa), en materia de sicología, no se encontró que existiera una conducta subversiva, el dictamen estableció:
“PRIMERA.- De acuerdo con los resultados del presente estudio se determino que existen algunos aspectos psicológicos afines entre los perfiles probables de las documentales del evaluado JORGE MARCIAL TZOMPAXTLE TECPILE, como son: estabilidad emocional y el respeto de normas y valores socialmente asociados en correlación con el perfil derivado de la nota contenida en la libreta en la foja sesenta y siete del tomo dos de AP PGR/SIEDO/ UEITA/ 004/ 2006; sin embargo, no son elementos significativos que permitan afirmar que es el autor material o intelectual de los comunicados COMANDO POPULAR REVOLUCIONARIO “LA PATRIA ES PRIMERO”, así como tampoco de la AGENDA. SEGUNDA.- De acuerdo con los resultados del presente estudio se determinó que existen algunos aspectos psicológicos afines entre los perfiles probables de las documentales del evaluado GUSTAVO ROBLES LÓPEZ, como son: que asume la responsabilidad de su propia conducta en correlación con el perfil uno. Por otra parte, respecto del perfil dos en la dificultad de relación con la figura manera. Entre el probable perfil derivado de la nota contenida en la foja sesenta y siete tomo dos del expediente de la presente AP, se encuentra afinidad en el respeto de normas y valores socialmente aceptados, asimismo en que son personas amigables y sociables, sin embargo, no son elementos significativos que permitan afirmar que es el autor material o intelectual de los comunicados COMANDO POPULAR REVOLUCIONARIO “LA PATRIA ES PRIMERO”, así como tampoco de la AGENDA. TERCERO.- De acuerdo con los resultados del presente estudio se determinó que existen algunos aspectos psicológicos afines entre los perfiles probables de las documentales el evaluado GERARDO TZOMPAXTLE TECPILE, como son: Poseen un exagerado control de impulso en relación con el perfil uno, y el respeto a las normas y valores socialmente aceptados, relacionado con la nota contenido en la foja sesenta y siete, tomo dos del expediente de la AP PGR/ SIEDO/ UEITA/ 004/ 2006; sin embargo, no son elementos significativos que permitan afirmar que es el autor material o intelectual de los comunicados COMANDO POPULAR REVOLUCIONARIO “LA PATRIA ES PRIMERO”, así como tampoco de la AGENDA.
Como puede verse, en el presente caso se llevo a cabo la detención ilegal y arbitraria de los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, esto es un acto violatorio a las garantías de seguridad jurídica establecidas en la Constitución Mexicana que establece en su:
Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República
Salir de ella, viajar por su territorio y mudar de su residencia, sin
necesidad de cartas de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u
otros requisitos semejantes…4
Artículo 16. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
Domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal
del procedimiento…5
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la figura del arraigo6, esto aunado incumplimiento flagrante y desproporcionado de Reglas Básicas de un Debido Proceso Legal y consecuentemente una sentencia claramente injusta e irregular contra los detenidos.
Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos es sumamente preocupante que el Estado Mexicano no solo incumpla con sus responsabilidades de garantizar la protección de los derechos fundamentales, sino además viole los principios del debido proceso.
LOS STANDARES INTERNACIONALES Y NACIONALES APLICABLES AL CASO.
La aplicación del derecho internacional sobre derechos humanos es fundamental en este caso además de que esta establecido en la legislación nacional que los Tratados Internacionales son Ley Suprema, por lo cual se deben aplicar las garantías del debido proceso contempladas en las normas internacionales.
El Artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice que ninguno de los Estados Partes puede suprimir el goce de los derechos humanos establecidos en ella, en este apartado fundamos y motivamos las:
I. LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES MEXICANAS DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la Convención de Viena Sobre el Derechos de los Tratados7, de la cual México es Estado Parte, tiene consagrado el Principio Pacta Sunt Servanda, que obliga a los Estados que forman parte de un Tratado Internacional al cumplimiento de buena fe de los compromisos adquiridos en él. El artículo 26 de dicho cuerpo legal establece:
"Pacta sunt servanda". Todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Por otra parte, el artículo 27 de dicho Tratado indica expresamente que de ninguna manera se podrá invocar el derecho interno para justificar el incumplimiento de una obligación adquirida por el Estado a nivel internacional. Este artículo establece:
El derecho interno y la observancia de los Tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara en indicar que no sólo los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también los jueces tienen la obligación de cumplir con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos cuando su Estado haya ratificado dicho instrumento. A esto la Corte le ha llamado “control de convencionalidad” de parte de los jueces. En el caso Almonacid Arellano contra Chile8, la Corte fue enfática en este sentido indicando:
124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.
125. En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “[s]egún el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”9. Estaregla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
En relación a ello el artículo 133° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del senado, serán Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.10
Los Tratados Internacionales Ratificados por México, se encuentran debajo de la Constitución pero por encima de las Leyes Federales en la Tesis Aislada. En ese mismo sentido la jurisprudencia nacional indica que los Tratados Internacionales Ratificados por México se encuentran debajo de la Constitución pero por encima de las Leyes Federales en la Tesis Aislada P.LXXVII/99
No. de Registro: 192,867
Tesis aislada
Materia(s): Constitucional
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
X, Noviembre de 1999
Tesis: P. LXXVII/99
Página: 46
TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.
Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.".
A continuación se desarrollarán las violaciones a los distintos estándares internacionales en materia de libertad personal y el debido proceso de los sentenciados Cc. Jorge Marcial
Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, ya que son de acatamiento obligatorio por parte del Estado Mexicano.
I.- LA DETENCIÓN ILEGAL DE LOS CONDENADOS
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual México es Estado parte desde el 15 de junio de 2002, establece:
“Artículo 9 “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad,
salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta.”
A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es Estado Parte desde el 3 de abril de 1982, indica:
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”
Sobre el derecho a la libertad personal, la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho:
“Esta Corte, en el caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, estableció que la información de los “motivos y razones” de la detención debe darse “cuando ésta se produce”, lo cual “constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o
arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo”. Adicionalmente, el derecho a ser informado de los motivos de la detención permite al detenido impugnar la legalidad de la misma, haciendo uso de los mecanismos legales que todo Estado debe ofrecer, en los términos del artículo 7.6 de la Convención.
La información sobre los motivos y razones de la detención necesariamente supone informar, en primer lugar, de la detención misma. La persona detenida debe tener claro que está siendo detenida. En segundo lugar, el agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo
7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal.”11
Respecto a los incisos 2 y 3 del artículo 7 de la Convención Americana sobre prohibición de detenciones o arrestos ilegales y/o arbitrarios, la Corte también ha establecido que:
“En el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de su libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamiento por causas y métodos que – aún calificados de legales – puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltas de proporcionalidad. ”12
En cuanto al aspecto material al que hace referencia la Corte, la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que:
“Una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada por agentes estatales al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por ésta, y cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir, cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley.”13
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha afirmado que:
“No es suficiente notificarle simplemente a la persona que lo arrestaban en virtud de
las medidas de seguridad inmediatas sin ofrecerle ni una sola indicación del
fundamento e la denuncia presentada contra el”14
La Constitución Mexicana establece en su:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.
En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe
limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia…15
Se destaca en la descripción de los hechos del caso, que los señores Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López fueron detenidos
por Agentes de la Policía Federal sin que:
a.- Mediara una orden judicial
b.- Existiera un fundamento claro para su detención
c.- Se encontraran cometiendo delito alguno (estado de flagrancia o cuasi flagrancia).
d.- Les informaran sobre la base de que hechos los estaban deteniendo
e.- Es importante indicar a su Autoridad que las detenciones ilegales y arbitrarias contra
Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles
López no es un hecho aislado. La Ilustre Comisión en su informe sobre México, de 1998,
Indicó:
“La práctica de las detenciones ilegales en México constituye una seria situación violatoria de los derechos humanos, por su carácter sistemático. Las denuncias sobre este tipo de abusos son comunes en México, e involucran directamente a agentes de las distintas policías del país: judicial federal o estatal, preventiva, y otras. Sin embargo, lo más preocupante del problema es que, en muchos casos, las detenciones ilegales marcan el inicio de una cadena de violaciones a otros derechos, que generalmente incluye los derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales.16
En relación a los artículos de la Convención Americana sobre la Obligación de respetar los derechos ya que se establece en los:
Artículo 1.1: Los Estados partes de esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra
condición social.
Artículo 2: Si el ejercicio de los derechos y libertades ya mencionados en el
artículo 1 no estuviere ya garantizado por las disposiciones legislativas o de otro
carácter, los Estados Partes, se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades.
Es claro que en el presente caso la actuación de las autoridades policiales se realizó sin respetar las formalidades legales para la detención de una persona, en contravención no sólo a la ley nacional sino también a los estándares internacionales en la materia a los cuales se encuentran sometida cualquier autoridad mexicana.
II. INCOMUNICACIÓN SIN CONTROL JUDICIAL ADECUADO
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su Artículo 9.2 y 9.3 que:
9.2.- Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra de ella.
9.3.- Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe de ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto de juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales, y en su caso, para la ejecución del fallo.
El Comité de Derechos Humanos afirmo que se había cometido una violación del Artículo 9.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el caso donde una persona estuvo retenida durante cincuenta horas, sin que se informara el motivo de su detención17, ya que toda persona tiene derecho a poder comunicarse con el mundo exterior18, señalando que se debe de impedir esta práctica y tomar medidas urgentes para limitar estrictamente la detención en régimen de incomunicación.19
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a Minorías y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solicitaron a los Estados:
“Que establecieran un procedimiento como el Hábeas Corpus mediante el cual toda persona privada de su libertad por arresto o detención tenga derecho a iniciar actuaciones ante los Tribunales para que estos decidan sin demora si su detención es legal y ordenen su liberación si resulta ilegal” 20
La Convención Americana en su Artículo 7° incisos 4,5 y 6 establecen que:
4.- Toda persona detenida o retenida deberá ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5.- Toda persona detenida o retenida deberá ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
Sobre los incisos 5 y 6 del artículo 7 de la Convención Americana, la Corte Interamericana ha interpretado que:
“[d]e acuerdo con los principios de control judicial e inmediación procesal, la persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez o autoridad judicial competente. Esto es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y de otros derechos, como la vida y la integridad personal. El simple conocimiento judicial de que una persona está detenida no satisface esa garantía; el detenido debe comparecer personalmente y rendir declaración ante el juez o autoridad competente.”21
En el caso Chaparro Álvarez, la Corte Interamericana desarrolló la obligación de someter al control judicial toda detención y sin demora:
“La parte inicial del artículo 7.5 de la Convención dispone que la detención de una persona debe ser sometida sin demora a revisión judicial. El control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y
procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.”22/23
En ese caso, también estableció que:
“De la prueba aportada se desprende que las víctimas realizaron una primera declaración ante un fiscal el 19 de noviembre de 1997, esto es, 4 días después de su detención, y una declaración ante la Jueza el 11 de diciembre de 1997, 26 días después de ser detenidos.”24
“Conforme a la jurisprudencia de esta Corte en otro caso relativo al Estado ecuatoriano, no puede considerarse que la declaración de las víctimas ante el fiscal cumpla con el derecho consagrado en el artículo 7.5 de la Convención de ser llevado ante un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales”. 25
“Por lo expuesto, la Corte encuentra que la duración de la detención del señor Chaparro sobrepasó el máximo legal permitido, vulnerándose así el artículo 7.2 de la Convención, y que no fue llevado ante un juez “sin demora”, en violación del artículo 7.5 de la Convención.”26
Tanto la Corte Interamericana27 como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos28, han considerado en otros casos de particular importancia el pronto control judicial de las detenciones para prevenir las arbitrariedades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al tema estableciendo que el régimen de incomunicación es contrario a los derechos humanos.29
La Constitución Política Mexicana en su Artículo 16° establece que:
“…Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.”
Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, son detenidos sin que se les informa la causa el 12 de enero del 2006 a las 10:30 a.m., quedan incomunicados en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva en Orizaba, Veracruz, es en este lugar donde personal de Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN) realizan gestiones en torno a su persona, como la de solicitar sus antecedentes penales, la
relación de estas personas con el grupo armado denominado Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero”.
Nueve horas después de su detención son llevados a las instalaciones del Ministerio Público de la Federación en Orizaba, Veracruz aquí son nuevamente incomunicados, hasta el día 14 de enero del 2006, cuando rinden su Declaración ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Procuraduría General de la República.
Del día 14 de enero al 18 de enero permanecen privados de su libertad, sin que sean informados de la causa, son arraigados desde el 18 de enero hasta el 17 de abril, a pesar de que existía una orden de detención expedida por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con fecha de 11 de abril la cual fue notificada a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Unidad Especializada en Investigaciones de Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República.
Queda evidenciado que tuvieron que pasar mas de 3 meses desde el momento de su detención para que esta personas fueran puestas a disposición de un Juez, esto es contrario a las garantías constitucionales y a los principios rectores del debido proceso y de acuerdo a el derecho internacional la incomunicación de las personas detenidas constituye una forma de tratos crueles o inhumanos.
III. IRREGULAR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LOS CONDENADOS BAJO LA FIGURA DEL ARRAIGO
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU si bien no definió el término «arbitraria», consideró como arbitrarias las medidas de privación de la libertad que, por una u otra razón, eran contrarias a las disposiciones internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes ratificados por los Estados (resolución 1991/42, aclarada en la resolución 1997/50).30 .
Además fundamentándose en la Declaración Universal, en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria considera que se vuelve arbitraria la detención cuando:
cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de la libertad (como el mantenimiento de una persona en detención tras
haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II):
cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III). 31
La Observación General número 32 emitida recientemente por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que:
“Si una persona sospechosa de un delito es detenida, pero no es llevada ante
un juez por un período de tiempo prolongado, pueden estarse violando al
mismo tiempo las prohibiciones de retrasar indebidamente el juicio
establecidas en el párrafo 3 del artículo 9 y en el apartado c) del párrafo 3
del artículo 14 del Pacto”32
También en el Caso Chaparro Álvarez, la Corte Interamericana se pronunció sobre los requisitos que deben cumplirse para que una persona permanezca en detención en espera de la culminación de un proceso penal. En ese caso, la Corte estableció:
“101. La Corte ha establecido que para restringir el derecho a la libertad personal a través de medidas como la prisión preventiva deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga.
102. En el mismo sentido, la Corte Europea ha señalado que “la razonabilidad de las sospechas sobre las que se debe fundar una detención constituye un elemento
especial de la garantía ofrecida por el artículo 5.1 del Convenio Europeo contra las privaciones de libertad arbitrarias”, añadiendo que “[la existencia] de sospechas
razonables presupone la […] de hechos o información capaces de persuadir a un observador objetivo de que el encausado puede haber cometido una infracción”.
103. Para esta Corte, la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Sin embargo, aún verificado este extremo, la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar, como se señaló anteriormente (supra párr. 93), en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.
107. El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad. Para determinar lo anterior, es necesario analizar si las actuaciones judiciales garantizaron no solamente la posibilidad formal de interponer alegatos sino la forma en que, sustantivamente, el derecho de defensa se manifestó como verdadera salvaguarda de los derechos del procesado, de tal suerte que implicara una respuesta motivada y oportuna por parte de las autoridades en relación con los descargos. Al respecto, el Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. La motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. En este entendido, la Corte reseña los argumentos ofrecidos por las víctimas para conseguir su libertad y la respuesta que obtuvieron de las autoridades competentes.
117. La Corte resalta que en los casos de personas detenidas los jueces no tienen que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que los detenidos recuperen su libertad, sino que deben valorar periódicamente que las causas y fines que justificaron la privación de libertad se mantienen, si la medida cautelar todavía es absolutamente necesaria para la consecución de esos fines y si es proporcional. En cualquier momento que la medida cautelar carezca de alguna de estas condiciones, deberá decretarse la libertad. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse.
118. Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante.
119. Por lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó el derecho de las víctimas consagrado en el artículo 7.3 de la Convención Americana, por la falta de una debida motivación en la adopción y mantenimiento de la prisión preventiva de los señores Chaparro y Lapo. Con ello, el Estado violó su derecho a la libertad personal contemplado en el artículo 7.1 de la Convención, en relación con el deber de respeto establecido en el artículo 1.1 de la misma.
La H. Corte Interamericana ha establecido en diversas ocasiones que:
“Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos
que aún calificados de -legales- puedan reputarse como incompatibles con el
respeto a los derechos fundamentales a el individuo por ser, entre otras cosas
irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”33
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha declarado que:
“La institución del arraigo es en realidad una forma de detención preventiva
de carácter arbitrario en razón de la insuficiencia del control jurisdiccional y
de la ejecución de la medida en lugares que , si bien no son secretos, sí son
“discretos”34
El arraigo facilita la integración de la averiguación previa y hace que sea obstaculizado el cumplimiento de una eventual orden de aprehensión que llegue a dictarse, además de violar la garantía de libertad personal la cual se encuentra consagrada en los artículos 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política Mexicana35
En conclusión podemos apreciar que la figura del Arraigo es Inconstitucional y viola la libertad de la persona, manteniéndola en estado de incomunicación en un lugar específico. El Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) ordena la detención de los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, para subsiguientemente solicitar al Juez de Distrito de Procedimientos Penales la orden de arraigo, la cual es fundamentada en dos notas periodísticas aparecidas después de su detención, por lo cual carece de fundamento jurídico. Además de no existir fundamentos técnico jurídicos que justifiquen el arraigo es violatorio al Principio de Inocencia.
En el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los Magistrados y Abogados, sobre su visita a México en 2001, afirma que:
“Las detenciones ilegales marcan el inicio de una cadena de violaciones a
Otros derechos, que generalmente incluye los derechos a la integridad personal y
a las garantías judiciales. La relación entre la detención ilegal y la violación a la
integridad personal y a las garantías judiciales no es circunstancial, ya que
obedece a una actuación lógica de dependencia que surge en no pocos casos
entre las autoridades administrativas y las jurisdiccionales”36
IV. VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA
El artículo 8 de la Convención Americana establece lo siguiente:
Garantías Judiciales.
1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
Un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter.
2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el
proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
a- derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b.- comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c.- concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa;
d.- derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por
un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su
Defensor;
e.- derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el
Estado , remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la
ley;
f.- derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que
puedan arrojar luz sobre los hechos;
g.- Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable,
y
h.- derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de
ninguna naturaleza.
El artículo 8.2.d y 8.2.e de la Convención Americana establece el derecho de toda persona a ser asistido por un abogado de su propia elección cuando se le está imputando un delito. La Corte Interamericana se ha referido a este derecho en el caso López Álvarez v. Honduras en los siguientes términos:
“Se advierte que el señor López Álvarez no tuvo oportunidad de rendir declaración indagatoria en la presencia de su abogado, con quien tuvo comunicaciones algunos días después de su detención. En consecuencia, no se le garantizó el derecho de contar con abogado defensor conforme al artículo 8.2.d de la Convención. ”37
En este sentido la Ilustre Comisión Interamericana ha señalado que:
“cualquier situación en la que un detenido sea interrogado sin la presencia de su abogado o una autoridad judicial, invita a abusos, y por ello la realización de interrogatorios bajo estas condiciones está prohibida por estándares nacionales e internacionales.”38
La Comisión Interamericana ha establecido que la asistencia jurídica debe de ser desde que la persona es detenida.39
La Constitución Mexicana indica en su artículo:
Artículo 20: En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido,
tendrán las siguientes garantías:
A. Del inculpado:
I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.
El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.
La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional;
II.- No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley
penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la
asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio;
III.- Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria.
IV.- Cuando así lo solicite, será careado, en presencia del juez, con quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en la fracción V del Apartado B de este artículo;
V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso.
VI.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación.
VII.- Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.
VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,..
Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, son detenidos sin que les informen son detenidos sin que les informen los motivos por los cuales se les priva de la libertad, de los cargos que existen en su contra, además de que no tuvieron oportunidad de contar con un abogado de su elección para que los representara desde la primer etapa del proceso, violentándose con ello el derecho de toda persona de recibir asistencia de un abogado de su elección40 esto es violatorio a los estándares internacionales y nacionales en la materia de derechos humanos.
V. VIOLACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA A PARTIR DE UNA CONDENA SIN FUNDAMENTO
Según el artículo 8.2 de la Convención Americana toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En este sentido, la Corte Interamericana se ha pronunció en el caso García Asto y Rojas Ramírez v. Perú sobre el principio de inocencia así:
“El Principio trigésimo sexto del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas, establece que:
[s]e presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de un delito y se la tratará como tal mientras no haya sido probada su culpabilidad conforme al derecho en un juicio público en el que haya gozado de todas las garantías necesarias para su defensa41.
[…]
Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. En el presente caso, dicha garantía judicial no fue respetada por
el Estado. La sentencia de primera instancia de 30 de septiembre de 1994 en contra del señor Urcesino Ramírez Rojas desestimó los argumentos y las pruebas presentados por éste, al señalar que “las mismas […] resulta[ban] insubsistentes por cuanto ello[, refieriéndose a su inocencia,] no ha[bía] sido aparejado [sic] con ninguna otra prueba que dem[ostrara] su inculpabilidad” (supra párr. 97.83). Al presumir la culpabilidad del señor Urcesino Ramírez Rojas, requiriendo a su vez que sea el propio señor Urcesino Ramírez Rojas el que demuestre su inculpabilidad, el Estado violó el derecho de presunción de inocencia consagrado en el artículo 8.2 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma.” 42 (El subrayado no es del original).
La Comisión Interamericana considera que se debe eliminar todo delito fundado sólo en sospechas o asociación, pues no sólo viola la Presunción de la Inocencia, sino además traspasa la carga de la prueba43, además la Corte Interamericana ha explicitado que cualquier restricción de la libertad de una persona sólo se debe limitar a lo estrictamente necesario44.
En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que toda persona tiene el derecho a que se presuma su inocencia45, así:
“En virtud de la presunción de la inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos de que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable”46
Igualmente, los Tribunales Mexicanos sostienen la Tesis de que:
“(…) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de
ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los
que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado".47
CONCLUSION
Como se puede apreciar la carga de la prueba les es invertida a los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López y son puestos en arraigo con la finalidad que la Procuraduría General de la República encontrara pruebas en contra de estas personas ya que carecían de estas.
Posteriormente, el Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz con Residencia en Córdoba les dicta Sentencia Definitiva en fecha de 14 de mayo del 2008, por la comisión de dos delitos; Cohecho y Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada con la Finalidad de Cometer Actos de Terrorismo, a pesar de que durante el desahogo de pruebas quedo demostrada su inocencia, al no quedar debidamente acreditados los delitos, además de que no fueron valoradas las pruebas aportadas por la defensa.
La Pericial a cargo de la Perito en Psicología Oficial designada por la Representación Social,
Dalia Alejandra Luna Muñoz en la que se desprende que no existen rasgos psicológicos de conducta terrorista en las personas de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López no fue tomada en consideración además este peritaje fue anexado ante el Juez de Instrucción a petición de la defensa, además de que no acreditada la existencia de la organización delictiva a la que se les acusa de pertenecer, y no se acredita el cuerpo del delito de delincuencia organizada
En lo referente a las llamadas anónimas, durante el desahogo de pruebas quedo comprobado que quienes algunas de las personas que firmaron afirmando haberlas presenciado, en el desahogo de pruebas declararon no haberlas presenciado, esta prueba fue desvirtuada.
Tampoco tomo en consideración que el testigo protegido Rómulo Montaño Salas, en su Ampliación de Declaración, declara la manipulación que se realizo con su Primera Declaración y que en la Pericial de grafoscopia realizada por los Peritos Oficiales designados por la H. Representación Social da como resultado que la firma que se afirma es de el no fue realizada con su puño y letra.
También queda comprobado por los Peritos Oficiales que los apuntes de la libreta no fueron realizados por Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile como se afirmo al principio de este proceso.
Considerando lo anterior solicitamos Usted Magistrado del H. Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito, considere lo expuesto y fundado en el Derecho Nacional y el Derecho Internacional, y repercuta en la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos, puesto que nos apegamos al Pacta Sunt Servanda48 y al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley49 que en su artículo 2 expresa:
Artículo 2°. En el desempeño de sus tareas, los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.
Solicitando respetuosamente que tome en consideración nuestras observaciones y de una Justa Resolución a este caso, y subrayando lo establecido por la CIDH acerca de que “los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana”50 y que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que “que se debe permitir a las víctimas de violaciones de derechos humanos –descubrir la verdad respecto a los hechos cometidos, conocer sus autores, y obtener una indemnización apropiada”51, y manifestándole que la Jurisprudencia del Sistema Interamericano ha establecido que “el deber de garantía comporta una triple actividad estatal: prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos y procurar su reparación o restablecimiento”.52
1.- En estricto apego a Derecho Nacional e Internacional sobre derechos humanos, la inmediata liberación de los Cc. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, por que no quedo demostrada su participación en los delitos de Cohecho y Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada con la Finalidad de Cometer Actos de Terrorismo.
Dar cabal cumplimiento a la Opinión No. 20/2007 México emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
2.- Que el Estado de cumplimiento a la Recomendación emitida por loa Comisión Interamericana de derechos Humanos que a la letra dice “Que adopte las medidas necesarias para ejercer una efectiva supervisión judicial de la detención y de los órganos encargados de ejecutarla, dado que la fase de arresto y detención es una de las más criticas de todo proceso, en la cual el detenido queda bajo control exclusivo de la policía”53
3.- Que el Estado adopte las medidas necesarias para la eliminación de la figura del arraigo que es contraria a la Convención Americana y cumpla irrestrictamente con las garantías de legalidad y debido proceso y armonice la legislación interna con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
4.- Una investigación seria, imparcial, eficiente y pronta para sancionar a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos.
5.- Que se evalúen con estricto apego a derecho las pruebas que se ofrecieron, por que consideramos que se hizo una inadecuada valoración como se demostró durante el juicio, como se argumenta en los agravios primero, segundo y tercero de la apelación.
Sin más por el momento nos despedimos no sin antes reiterarle los sentimientos de nuestra más alta estima.
Responsable de documento: Ernesto Rodríguez Cabrera
Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C.
MONSEÑOR JOSÉ RAÚL VERA LÓPEZ 
Dr.Rodolfo Ondarza con el Abogado Ernesto Rodríguez (Red Solidaria Década Contra la Impunidad), Dr. Rodolfo Ondarza y Monseño José Raúl Vera López (Obispo de la Diócesis de Saltillo y Presidente Honorario de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad)
