martes, 21 de junio de 2016

Boletín de prensa: A 18 años de la Masacre de El Charco


BOLETÍN DE PRENSA

A 18 años las viudas y sobrevivientes de la Masacre de El Charco, aún permanecen en espera de la justicia, y de que el gobierno mexicano asuma la no repetición de ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza.

Han pasado 18 años desde que integrantes del ejército mexicano al mando del General Juan Alfredo Oropeza Garnica, utilizando el uso excesivo de la fuerza, ejecutaron a 10 indígenas nasavis y a un estudiante universitario, además de torturar a varios de los sobrevivientes, por lo que las viudas y los sobrevivientes permanecen en espera de la verdad y la justicia, de compromisos por parte del gobierno mexicano de no repetición. Esta masacre ha sido el termómetro que el gobierno ha utilizado para medir el grado de impunidad con el que puede seguir actuando, ejemplo de esto es la represión de la que son víctimas las y los integrantes del CNTE, con quienes nos solidarizamos desde este espacio.

El gobierno mexicano se ha negado a enviarle la información requerida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el plazo que tenía se venció el pasado mes de agosto del 2015. Es por esto que el día de hoy iniciamos la  Campaña “A 18 Años de la Masacre de El Charco, Demos voz a  las víctimas de la impunidad”, por lo que solicitamos el apoyo de la comunidad nacional e internacional, mediante cartas de exigencia de justicia a este caso a;

Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
twitter: @EPN

Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
twitter: @osoriochong@osoriochong,

Héctor Astudillo Flores
Gobernador del Estado de Guerrero
twitter: @HectorAstudillo

Cartas a;

James L. Cavallaro
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Solicitando se le otorgue el Informe de Admisibilidad.
https://twitter.com/cidh

Victoria Tauli-Corpuz
Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas

Jan Jařab
Representante de la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas en México
Email: oacnudh@ohchr.org
Email: quejasoacnudhmexico@ohchr.org
Twitter: @ONUDHMexico

Christof Heyns
Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Andrew Standley
Jefe de Delegación de la Unión Europea en México
Delegación de la Unión Europea en México
Email: DELEGATION-MEXICO@eeas.europa.eu,

A la par damos inicio a la Campaña de recaudación de fondos para el litigio internacional de este caso;

Banco: Banco Nacional de México, S.A. (Banamex)
Sucursal: 7002
Cuenta: 2759866
Clave Interbancaria: 0021 8070 0227 598 665
Código SWIFT: BNMXMXMM 0021 8070 0227 598 665

¡Verdad, justicia y compromisos de no repetición, para las viudas y sobrevivientes de la Masacre de El Charco!

                           RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD A.C.

Responsable: Ma. Magdalena López Paulino

México, D.F., a 21 de junio 2016

sábado, 18 de junio de 2016

CAMPAÑA: “A 18 AÑOS DE LA MASACRE DE EL CHARCO, DEMOS VOZ A LAS VÍCTIMAS DE LA IMPUNIDAD”


Atención Jefe de Redacción, periodista y/o reportero, la organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, convoca a la
RUEDA DE PRENSA
DA INICIO LA CAMPAÑA; “A 18 AÑOS DE LA MASACRE DE EL CHARCO, DEMOS VOZ A LAS VÍCTIMAS DE LA IMPUNIDAD” 
La organización de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC), las viudas y los sobrevivientes de la Masacre de El Charco, dan inicio a la Campaña nacional e internacional; “A 18 Años de la Masacre de El Charco, Demos voz a las víctimas de la impunidad”
Las viudas y sobrevivientes de la Masacre de El Charco, están en espera de que el Estado Mexicano responda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre este caso, que tiene que ver con tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes del ejército mexicano, a cargo del General Juan Alfredo Oropeza Garnica.
No podemos permanecer inmóviles ante este crimen de estado, sumemos nuestra voz para exigir justicia.
Día: Martes 21 de junio
Hora: 12:30
Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Dirección: Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente de La Cibeles.
Contaremos con la presencia de:
Ericka Zamora Pardo, sobreviviente de la Masacre de El Charco
Lic. Ernesto Rodríguez Cabrera 
Lic. Elena López Hernández
Ma. Magdalena López Paulino, Secretaria Ejecutiva de RSDCIAC
Esperamos contar con su amable presencia.
RED SOLIDARIA DECADA CONTRA LA IMPUNIDAD AC
2da Cda de Ojo de Agua No. 8, Col. Lomas de San Bernabé, Del Magdalena Contreras, C.P. 10350.
www.redsolidariadecadacontralaimpunidad.org
www.facebook.com/redsolidariadecadacontralaimpunidad
rddhorg@gmail.com

sábado, 14 de mayo de 2016

INFORME No. 67/15 JORGE MARCIAL TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS


INFORME No. 67/15
PETICIÓN 211-07
INFORME DE ADMISIBILIDAD

JORGE MARCIAL TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS

MÉXICO

INFORME No. 67/15[1]
PETICIÓN 211-07
ADMISIBILIDAD
JORGE MARCIAL TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS
MÉXICO
27 DE OCTUBRE DE 2015


                    I.              RESUMEN


1.             El 23 de febrero de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH“) recibió una denuncia presentada por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (en adelante “la peticionaria”), en representación de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López (en adelante “las presuntas víctimas”), los dos primeros, originarios del pueblo indígena Nahuatl. La petición se presentó en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”) por la alegada detención arbitraria de las presuntas víctimas, así como por faltas a las garantías judiciales en los procesos penales seguidos en su contra.

2.             La peticionaria alega que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 15 (derecho de reunión) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana”). En relación con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos, argumenta que éstos fueron agotados con la interposición de al menos cuatro recursos de amparo durante la detención de las presuntas víctimas y un recurso de apelación contra la decisión condenatoria. El Estado, por su parte, alega que el presente asunto no constituye una petición en los términos del Reglamento de la Comisión Interamericana sino un paso preliminar. Asimismo, sostiene que el asunto ha quedado sin materia, en tanto las presuntas víctimas fueron puestas en libertad en octubre de 2008. También alega la falta de agotamiento de los recursos internos y el carácter extemporáneo de la petición.

3.             Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, en perjuicio de las presuntas víctimas. Asimismo, la Comisión concluye que la petición es inadmisible respecto del artículo 15 de la Convención Americana. La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

                  II.              TRÁMITE ANTE LA CIDH


4.             El 23 de febrero de 2007 la CIDH recibió la petición y le asignó el número 211-07. La peticionaria presentó información adicional el 28 de febrero y 29 de junio de 2007, y el 14 de noviembre de 2008. La CIDH trasladó las partes pertinentes de estos documentos al Estado el 22 de febrero de 2011, y le solicitó que presentara sus observaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 30.3 de su Reglamento. El Estado presentó sus observaciones el 2 de junio de 2011, las cuales fueron debidamente trasmitidas a la peticionaria.

5.              Adicionalmente, la Comisión recibió información de la peticionaria el 25 de septiembre de 2011 y el 15 de mayo de 2013. Por su parte, el Estado presentó información adicional el 6 y 12 de febrero de 2012, y el 13 de agosto de 2013. Las notas enviadas por las partes fueron debidamente trasladas a la contraparte.

                III.              POSICIÓN DE LAS PARTES


A.              Posición de la peticionaria

6.             La peticionaria alega que, el 12 de enero de 2006, alrededor de las 10:30 a.m., Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Policía Federal cuando se encontraban a la orilla de la autopista Orizaba-Fortín de las Flores, en el estado de Veracruz, donde su automóvil había sufrido fallas mecánicas. Según la peticionaria, en el automóvil viajaban las tres presuntas víctimas y otras dos personas a quienes no conocían, pero a quienes habían facilitado transportar en su automóvil. Indica que mientras los agentes federales se acercaron a interrogarlos, las otras dos personas se alejaron del lugar y no regresaron, dejando algunas de sus pertenencias en el automóvil.

7.              Afirma que los agentes aprehendieron a las presuntas víctimas sin informarles de qué delito se les acusaba. Manifiesta que fueron llevados al Ministerio Público Federal de Orizaba, Veracruz, adonde llegaron aproximadamente hasta las 19:00 horas de ese mismo día, aunque éste se encontraba a sólo 13 kilómetros del lugar donde fueron detenidos. Indica que en dicha fecha el Ministerio Público Federal decretó su detención y abrió una averiguación previa en su contra por el delito de cohecho, identificada como PGR/VER/ORI/2006.

8.              Sostiene que se les mantuvo incomunicados durante dos días, aún sin ser informados de qué se les acusaba, y que el 14 de enero de 2006 fueron trasladados injustificadamente a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (en adelante, “SEIDO”) de la Procuraduría General de la República (en adelante, “PGR”) en el Distrito Federal, donde rindieron declaración ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, sin la asistencia de un abogado. Agrega que en dicha institución se les vinculó con un “supuesto delito de secuestro en agravio a un Senador”, a pesar de que inicialmente habrían sido detenidos por cohecho. Señala que, el 15 de enero por la noche, un agente de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (en adelante, “UEITA”) se presentó a las instalaciones de la SEIDO e imprimió varios artículos de Internet que relacionaban a las presuntas víctimas con los grupos guerrilleros “Ejército Popular Revolucionario” (en adelante, “EPR”) y Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero”. Manifiesta que el 16 de enero, el titular de la SEIDO ordenó su libertad, por no existir elementos que los vincularan al supuesto secuestro.

9.              Expresa que, no obstante, antes de que pudieran salir de las instalaciones de la SEIDO, agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (en adelante, “AFI”) los condujeron a la UEITA, diciéndoles que tenían que firmar documentos adicionales. Una vez en el lugar, según la peticionaria, informaron a las presuntas víctimas que estaban acusados de violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer terrorismo. Afirma que el titular de la UEITA ordenó su detención y “los [hicieron] firmar un documento en el que les informaban que estaban arraigados por noventa días por el delito de ¢terrorismo¢”. Manifiesta que el 31 de marzo de 2006, sin orden judicial de por medio, fueron registradas la casa de la madre de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, así como la casa y la tienda de Maximino Tzompaxtle Tecpile, hermano de las presuntas víctimas del mismo apellido.

10.           Sostiene que no fue sino hasta el 11 de abril de 2006 que un juez, el titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, decretó la detención de las presuntas víctimas por el probable delito de terrorismo y que fue recién el 17 de abril de 2006 que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a la UEITA puso a las presuntas víctimas a disposición de dicho juez. Afirma que el 22 de abril de 2006 el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Distrito Federal dictó auto de formal prisión, por lo que fueron remitidos al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en el Distrito Federal. Indica que las presuntas víctimas interpusieron un recurso de apelación contra dicha decisión ante el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, identificado con el número 221/2006. Informa que el 16 de febrero de 2007 el Tribunal resolvió el recurso reiterando los cargos por violación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y levantando la suspensión de los derechos políticos de los procesados. Agrega que el 13 de marzo de 2007 fueron trasladados al Centro de Readaptación Social en Amatlán de los Reyes, Veracruz, para dar inicio a su juicio.

11.          Alega que el 14 de mayo de 2008 el Juez del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Veracruz los sentenció a cuatro años de cárcel por el delito de delincuencia organizada, y tres meses por el de cohecho. Manifiesta que su condena se basó en artículos de prensa, llamadas anónimas, las pertenencias de las personas a quienes transportaban en su automóvil el día de la detención, y otros elementos de prueba no verificados. Expresa que apelaron esta decisión, y el 16 de octubre de 2008 el Juez del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito resolvió el recurso de apelación, dictando la absolución de las presuntas víctimas por el delito de delincuencia organizada, y confirmando la sanción en cuanto al cohecho. Dado que habían estado presos por más de tres meses, ya habían purgado la condena por cohecho, y se ordenó su libertad inmediata.

12.          La peticionaria manifiesta que durante su detención, las presuntas víctimas interpusieron al menos cuatros recursos de amparo ante el Juez Primero de Distrito de Amparos en Material Penal en el Distrito Federal: amparo 240/2006, interpuesto el 6 de marzo de 2006, reclamando la privación de libertad en su modalidad de arraigo; amparo 279/2006, interpuesto el 15 de marzo de 2006, reclamando la obstaculización del acceso por parte de su abogado a las actuaciones de la averiguación previa; amparo 350/2006, contra la orden de detención emitida por la PGR fuera de procedimiento judicial; y amparo 413/2006 contra la orden y autorización de traslado a un Centro Federal de Máxima Seguridad. Manifiesta que los dos primeros fueron sobreseídos porque al momento de ser resueltos, las presuntas víctimas ya habían sido presentados ante el juez del proceso, mientras que el 350/2006 fue desechado con el argumento de que los detenidos estaban privados de libertad con motivo de la medida de arraigo decretada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales y Federales en el Distrito Federal. Alega que esta decisión fue impugnada y que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal ratificó dicha resolución. Igualmente, indica que el último recurso fue sobreseído. También manifiesta que interpusieron un amparo R.P. 2131/2006, el cual al momento de presentar la denuncia ante la CIDH se encontraba en revisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del Distrito Federal. No obstante, no indica el acto de autoridad que impugnaba, ni proporciona la fecha de su interposición.

13.          Adicionalmente, informa que el 2 de febrero de 2006 presentó una comunicación a la Secretaría de Gobernación indicando que “se teme por la seguridad física y psicológica” de las presuntas víctimas, fecha para la cual las presuntas víctimas llevaban nueve días de arraigo. Igualmente, indica que el 27 de enero y 2 de febrero de 2006 presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual “manifestaron violaciones a derechos humanos” en agravio de las presuntas víctimas, expediente identificado como 2006/444/1/Q. Agrega que dicha entidad determinó que se habían acreditado “violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica” por parte de la Policía Federal Preventiva durante la detención de las presuntas víctimas.

14.          Finalmente, aunque no la identifica como presunta víctima en la petición, la peticionaria informa -como cuestión de contexto- que Elena López Hernández, integrante de la organización peticionaria, recibió reiteradas amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, principalmente en enero y marzo de 2007, que estarían vinculadas con su trabajo en la defensa de los derechos de las presuntas víctimas en este caso. Indica que en febrero del mismo año denunció tales hechos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ante la Fiscalía Central de Investigaciones para la Seguridad de las Personas e Instituciones, donde se abrió una averiguación previa.

15.          La peticionaria sostiene que las condiciones de detención de las presuntas víctimas fueron arbitrarias, y que su detención y posterior arraigo constituyen violaciones del derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7.1 de la Convención Americana. Arguye que la falta de información inicial y la demora en informarles sobre el motivo de su detención viola el artículo 7.4 de la Convención, y que el Estado violó también el artículo 7.5 de la Convención, al no ser llevados ante un juez y ser juzgados dentro de un plazo razonable. También alega que México violó sus garantías judiciales, en particular su derecho a la presunción de la inocencia, contemplado en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Además considera que el Estado violó su derecho a la protección judicial, contenido en el artículo 25, al no ofrecer un recurso sencillo contra los actos que violaron sus derechos fundamentales en su detención, arraigo, y proceso penal. Por último, alega que el Estado violó su derecho de reunión, establecido en el artículo 15 de la Convención Americana, debido a la vaguedad en la definición de delincuencia organizada contenida en el artículo 2º de la Ley Federal sobre Delincuencia Organizada. Esta ley establece la presencia de tres o más personas como uno de los elementos que configuran el delito de terrorismo, definición que habría permitido la imputación subjetiva de las presuntas víctimas por delincuencia organizada.

B.              Posición del Estado

16.          En esta etapa de admisibilidad, el Estado indica que no abordará a fondo los alegatos fácticos de la peticionaria. No obstante, afirma que cuando las presuntas víctimas fueron cuestionados sobre material subversivo que fue encontrado en su automóvil, éstos se negaron a dar explicaciones y ofrecieron dinero a los agentes federales a cambio de que los dejaran continuar su viaje.

17.          México alega que la denuncia presentada por la peticionaria debe ser declarada inadmisible. En primer lugar, sostiene que la denuncia recibida por la CIDH el 23 de febrero de 2007 no constituye una petición en los términos de la Convención Americana, debido a que en su escrito original la peticionaria se reservó “el derecho a solicitar su Admisión para otro momento”. Según el Estado, la denuncia no constituyó una petición, sino un mero antecedente a una posible petición, por lo tanto no existiría una petición sobre la cual la CIDH se pueda pronunciar sobre admisibilidad.

18.          En segundo lugar, sostiene que el asunto ha quedado sin materia, ya que las presuntas víctimas fueron puestas en libertad el 16 de octubre de 2008 por el Segundo Tribunal Unitario del Séptimo Circuito en Veracruz. El Estado hace notar que las presuntas víctimas encontraron en las instancias nacionales una resolución favorable a sus pretensiones, por lo que considera que el asunto ha quedado sin materia.

19.          En caso de que la CIDH decidiera analizar la admisibilidad del caso -a pesar de que, según plantea el Estado, no existe una petición sobre la cual pronunciarse- argumenta que no se han agotado los recursos internos. Según el Estado, la última resolución que recayó sobre las presuntas víctimas fue la de segunda instancia, emitida por el Juez del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito el 16 de octubre de 2008. Afirma que dicha decisión los absolvió del delito de delincuencia organizada, confirmó la sanción por cohecho, y ordenó su liberación inmediata. México manifiesta que si los señores Tzompaxtle Tecpile y Robles López hubieran considerado que esta resolución violaba sus derechos humanos, la vía idónea para proteger sus derechos hubiera sido el recurso de amparo. Sin embargo, el Estado alega que no interpusieron ningún recurso de amparo ante esta resolución, por lo que no se han agotado las instancias nacionales.

20.          Por último, el Estado alega que no se ha presentado una petición dentro del plazo contemplado por el artículo 46 de la Convención Americana. Menciona que la decisión definitiva en este caso fue notificada el 16 de octubre de 2008, y dos años y medio después -al momento en que el Estado presentó sus observaciones, el 2 de junio de 2011- la peticionaria no había presentado amparo alguno en contra de esa decisión. Asimismo, sostiene que si la peticionaria decidiera solicitar la admisibilidad del caso en ese momento, es decir, cuando el Estado presentó sus observaciones, dicha solicitud resultaría tardía y debería ser rechazada por estar fuera del plazo de seis meses establecido por la Convención Americana.

                 IV.              ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD


A.             Existencia de una petición

21.          La Comisión observa que en el escrito inicial presentado el 23 de febrero de 2007, la peticionaria señaló que se reservaba “el derecho de solicitar su admisión para otro momento”. Con base en esta afirmación, el Estado alega que el presente asunto no constituye una petición en los términos del Reglamento de la Comisión Interamericana, y que la peticionaria no solicitó dicha admisibilidad con posterioridad.

22.          Al respecto, la CIDH toma nota que en el mismo escrito del 23 de febrero de 2007, la peticionaria indicó que informaba a la Comisión del “siguiente caso, por considerarlo violatorio a la Convención Americana sobre Derechos Humanos[sic]” y expresó “[] solicitamos respetuosamente a la CIDH: [] emitir opinión en el sentido que el Estado Mexicano incurrió en violación de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículos 7(1)(2)(3)(4)(5)(6), artículo 8(1)(2)(b)(c) y artículo 15 y 25”. Igualmente, el 14 de noviembre de 2008, la peticionaria presentó información adicional, incluyendo un escrito en el que manifestó que estaba “en espera de que la H. Comisión Interamericana considere el aceptar este Caso[][2]. Esta información fue trasladada al Estado al mismo tiempo que la denuncia inicial, el 22 de febrero de 2011.

23.          La CIDH observa que, de conformidad con lo dispuesto en la Convención Americana y el Reglamento de la Comisión, ésta tiene competencia para determinar la tramitabilidad de una petición tanto con base en la petición e información aportada por los peticionarios, como motu proprio[3]. En el presente asunto, la Comisión considera que se trata del primer supuesto, tomando en cuenta la petición inicial y los escritos presentados por la peticionaria antes de la apertura, por lo que pasa a analizar si se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad.

B.             Competencia

24.          La peticionaria se encuentra facultada, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión Interamericana. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto de quienes el Estado de México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que México es un Estado parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación.  Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.  Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione temporis, ya que la peticionaria alega presuntas violaciones ocurridas desde el 2006, cuando la Convención Americana ya se encontraba en vigor para México.

25.          De igual forma, la Comisión tiene competencia ratione loci para examinar la denuncia, toda vez que en ella se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado parte a la Convención. La Comisión también tiene competencia ratione materiae en este caso, en tanto la denuncia alega la posible violación de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.

C.             Requisitos de Admisibilidad

1.              Agotamiento de los recursos internos

26.          El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, tener la oportunidad de solucionarla antes de que sea conocida por una instancia internacional.

27.          En el asunto bajo examen, la CIDH observa que las partes debaten con respecto al cumplimiento de este requisito convencional. El Estado alega la falta de agotamiento de recursos internos, dado que las presuntas víctimas no interpusieron un recurso de amparo contra la sentencia de segunda instancia del 16 de octubre de 2008, mediante la cual el Juez del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito los absolvió del delito de delincuencia organizada, confirmó la sanción por cohecho, y ordenó su liberación inmediata. Por su parte, la peticionaria sostiene que se interpusieron al menos cuatro recursos de amparo y dos recursos de apelación para la tutela del derecho a la libertad y garantías del debido proceso de las presuntas víctimas, ninguno de los cuales resultó efectivo.

28.          Del análisis de la información y los documentos aportados por las partes, la CIDH advierte que las presuntas víctimas interpusieron en momentos distintos múltiples recursos para cuestionar las medidas de privación de la libertad personal. En efecto, la información a su alcance indica que, habiendo sido detenidos el 12 de enero de 2006, el 6 de marzo de 2006 interpusieron un recurso de amparo, identificado como 240/2006, reclamando la privación de libertad en su modalidad de arraigo, el cual habría sido sobreseído por el Juez Primero de Distrito de Amparos en Material Penal en el Distrito Federal al considerar que al momento de ser resuelto, las presuntas víctimas ya habían sido presentadas ante el juez del proceso. Asimismo, la Comisión nota que el 5 de abril de 2006 presentaron un recurso de amparo, identificado con el número 350/2006, dirigido a cuestionar la orden de detención emitida por la PGR fuera del procedimiento judicial, el cual fue denegado por el Juez Primero de Distrito de Amparos en Material Penal en el Distrito Federal al considerar que las presuntas víctimas estaban privadas de libertad con motivo de la medida de arraigo decretada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales y Federales en el Distrito Federal. De acuerdo a la información aportada, esta decisión fue impugnada ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal, el cual ratificó la resolución. Adicionalmente, se habría presentado el amparo 413/2006 contra la orden y autorización de traslado a un Centro Federal de Máxima Seguridad, el cual fue sobreseído por el Juez Primero de Distrito de Amparos en Material Penal en el Distrito Federal.

29.          Igualmente, la CIDH nota que en diferentes etapas del proceso, como por ejemplo, en los recursos de apelación y de amparo interpuestos, las presuntas víctimas impugnaron aspectos relacionados con las garantías del debido proceso. En particular, la información disponible indica que el 15 de marzo de 2006 las presuntas víctimas presentaron un amparo, identificado con el número 279/2006, con el objetivo de reclamar la obstaculización del acceso por parte de su abogado a las actuaciones de la averiguación previa seguida en su contra. Dicho recurso fue sobreseído por el Juez Primero de Distrito de Amparos en Material Penal en el Distrito Federal porque, según lo afirmado por la peticionaria y no controvertido por el Estado, “al momento de resolverse ya habían sido consignados al Juez del Proceso”. Asimismo, la información aportada indica que las presuntas víctimas interpusieron un recurso de apelación contra el auto de formal prisión ante el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, el cual resolvió reiterar los cargos por violación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y levantar la suspensión de los derechos políticos de los procesados. Adicionalmente, contra la sentencia condenatoria emitida el 14 de mayo de 2008 por el Juez del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Veracruz, las presuntas víctimas presentaron un recurso de apelación. Dicho recurso fue resuelto el 16 de octubre de 2008 por el Juez del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito, dictando la absolución de las presuntas víctimas por el delito de delincuencia organizada, y confirmando la sanción en cuanto al cohecho. La Comisión entiende que mediante esta sentencia de segunda instancia, parcialmente absolutoria, el proceso penal contra las presuntas víctimas quedó agotado.

30.          En el presente asunto, el Estado alegó que si las presuntas víctimas consideraban que esta resolución afectaba sus derechos, debieron interponer un recurso de amparo que permitiría cuestionar este acto jurídico. Sobre el particular, la Comisión observa que las violaciones de derechos que la peticionaria alega no se derivarían de dicha sentencia, sino de una secuencia de supuestos hechos a lo largo de su detención supuestamente arbitraria, arraigo y presuntas irregularidades del proceso penal al que fueron sujetos, alegaciones respecto de las cuales la CIDH observa que las presuntas víctimas agotaron los recursos ordinarios y presentaron al menos cuatro recursos de amparo que fueron denegados o sobreseídos. A partir de la información a su alcance, la Comisión nota que el resultado de la condena por cohecho contenido en la sentencia de segunda instancia, habría sido aceptado por las presuntas víctimas, dada su falta de cuestionamiento a nivel interno, por lo que la CIDH considera dicho extremo excluido de la etapa de fondo.

31.          Teniendo en cuenta los recursos interpuestos y agotados con relación al asunto materia de la petición, con base en el artículo 46 de la Convención, la Comisión concluye que el requisito de previo agotamiento se encuentra satisfecho, en los términos señalados. En consecuencia, la CIDH verifica que se han agotado los recursos previstos por la legislación mexicana y determina que la petición analizada cumple el requisito exigido en el artículo 46.1.a de la Convención.

2.              Plazo de presentación de la petición

32.          El artículo 46.1 de la Convención Americana dispone que para ser admisible, una petición debe, entre otras cosas, ser presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. En el presente asunto, la petición ante la CIDH fue presentada el 23 de febrero de 2007 y los recursos internos fueron agotados el 16 de octubre de 2008 con la sentencia del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito que resolvió el recurso de apelación. Por lo tanto, el agotamiento de los recursos internos se dio mientras el caso se hallaba bajo estudio de admisibilidad. En estas circunstancias, ha sido criterio constante de la Comisión que el cumplimiento del requisito de presentación de la petición en plazo se encuentra intrínsecamente ligado al agotamiento de los recursos internos y, por lo tanto, corresponde darlo por cumplido[4].

3.              Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional

33.          A los efectos de declarar admisible una petición, la Convención exige en su artículo 46.1.c, que la materia de la misma no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y, en su artículo 47.d, que no reproduzca el contenido de una petición ya examinada por éste u otro organismo internacional. De la información aportada por la peticionaria, la CIDH nota que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante “Grupo de Trabajo”) emitió una opinión el 11 de abril de 2007 en la que manifestó que la detención de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López era arbitraria, y solicitó al Estado que “adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Por su parte, el Estado no alegó que exista duplicación de procedimientos o cosa juzgada internacional.

34.           Para que se considere que en un caso hay duplicación o cosa juzgada internacional, además de identidad de sujetos, objeto y pretensión, se requiere que la petición esté siendo considerada, o haya sido decidida, por un organismo internacional que tenga competencia para adoptar decisiones sobre los hechos específicos contenidos en la petición, y medidas tendientes a la efectiva resolución de la disputa de que se trate[5].

35.           En la especie, la Comisión observa que, según las normas que rigen este mecanismo, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 como Procedimiento Especial y cumple con el mandato de investigar casos de detención impuesta arbitrariamente[6]. Por otro lado, el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso deriva de una fuente convencional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

36.          Establecido lo anterior, la Comisión encuentra que el presente caso no se refiere solamente a la detención arbitraria de las presuntas víctimas, sino también a la presunta violación de otros derechos, los cuales no constituyeron objeto de pronunciamiento por parte del Grupo de Trabajo, toda vez que se trataría de presuntas violaciones que no son de competencia de dicho organismo. Adicionalmente, la Comisión considera que se podrían identificar posibles violaciones al debido proceso que no fueron objeto de examen por parte del Grupo de Trabajo pues algunas de las decisiones cuestionadas se emitieron con posterioridad al pronunciamiento del mencionado Grupo de Trabajo. En efecto el Grupo de Trabajo emitió su opinión en abril de 2007, es decir un año y medio antes de la decisión final que dispuso la liberación inmediata de las presuntas víctimas (octubre de 2008). Durante dicho periodo, según lo alegado por la peticionaria, habrían continuado las presuntas violaciones a la protección judicial, a las garantías judiciales y a la integridad personal de las presuntas víctimas, al igual que habría continuado la detención arbitraria de las mismas.

37.          Por lo anterior, la CIDH considera que, dado el mandato del mencionado Grupo de Trabajo, referido a supuestos de detención arbitraria y tomando en cuenta los supuestos hechos ocurridos sucesivamente a la publicación de la Opinión del Grupo de Trabajo, no se presenta identidad de objeto y pretensión con la presente petición. En este sentido, la Comisión considera que no se han configurado los requisitos para determinar la inadmisibilidad de la petición, en base a los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención y del artículo 33 del Reglamento de la CIDH.

4.              Caracterización de los hechos alegados

38.          A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47.b de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al inciso (c) de dicho artículo.  El criterio para analizar la admisibilidad difiere del utilizado para el análisis del fondo de la petición dado que la Comisión sólo realiza un análisis prima facie para determinar si los peticionarios establecen la aparente o posible violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Se trata de un análisis somero que no implica prejuzgar o emitir una opinión preliminar sobre el fondo del asunto.

39.          Asimismo, ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. Corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría establecerse su violación si los hechos alegados son probados mediante elementos suficientes.

40.          La peticionaria alega que el Estado mexicano violó el derecho a la libertad personal de las tres presuntas víctimas al aprehenderles sin informarles oportunamente de qué se les acusaba, así como al mantenerlos arraigados por noventa días. También alega que no fueron presentados ante un juez dentro de un plazo razonable y que no fueron informados de las razones de su detención o de los cargos formulados contra ellos. Además, sostiene que no se respetó su derecho a la presunción de su inocencia, y se impidió el acceso de su abogado a las actuaciones de la averiguación previa, en violación de sus garantías judiciales. Según la peticionaria, el Estado también violó su derecho a la protección judicial al no ofrecer un recurso sencillo contra los actos que violaron sus derechos fundamentales en su detención, arraigo, y proceso penal. Alega que el Estado irrespetó su derecho de reunión, ya que la participación de tres personas es uno de los elementos para sustentar el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. México, por su parte, sostiene que el asunto ha quedado sin materia con la puesta en libertad de las presuntas víctimas.

41.          En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que, de ser probados, los hechos alegados podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos protegidos en los artículos 5 (integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana,  en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional.

42.          En cuanto al reclamo de la peticionaria sobre la presunta violación del artículo 15 (derecho de reunión) de la Convención Americana, la Comisión observa que la peticionaria no ofrece alegatos o sustento para su presunta violación por lo que no corresponde declarar dicha pretensión admisible.

                   V.              CONCLUSIONES

43.          Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, la Comisión Interamericana concluye que la presente petición satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:

1.             Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 5, 7, 8, y 25 de la Convención Americana en conexión con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

2.             Declarar inadmisible la presente petición en relación con el artículo 15 de la Convención Americana.

3.             Notificar a las partes la presente decisión;

4.             Continuar con el análisis del fondo de la cuestión; y
5.             Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 27 días del mes de octubre de 2015. (Firmado): Rose-Marie Belle Antoine, Presidenta; James L. Cavallaro, Primer Vicepresidente; Felipe González, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y Paulo Vannuchi, Miembros de la Comisión.




[1] Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión, el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
[2] Escrito de la peticionaria del 14 de noviembre de 2008, p. 2 (“Sin más por el momento nos despedimos no sin antes reiterarle los sentimientos de nuestra más alta estima y en espera de que la H. Comisión Interamericana considere el aceptar este Caso por las violaciones sistemáticas al debido proceso y sobre todo por lo que toca a la ilegalidad de la figura del Arraigo al que los señores Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Txompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López fueron sometidos por tres meses”).
[3] En particular, la CIDH toma nota del artículo 48 de la Convención Americana que, a la letra, dispone: “La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos: […] a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada […]”. Asimismo, el artículo 24 del Reglamento de la CIDH establece que: “La Comisión podrá, motu proprio, iniciar la tramitación de una petición que contenga, a su juicio, los requisitos para tal fin”.
[4] CIDH, Informe No. 46/15, Petición 315-01. Cristina Britez Arce. Argentina. 28 de julio de 2015, párr. 47.
[5] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Nº 96/98 (Admisibilidad), Petición 11.827, Peter Blaine, 17 de diciembre de 1998, párr. 42; CIDH, Informe de Inadmisibilidad Nº 89/05 de 24 de octubre de 2005, Petición 12.103, Cecilia Rosana Nuñez Chipana, Venezuela; CIDH, Informe Nº 01/09 (Admisibilidad), Petición 1491-05, Benito Antonio Barrios y otros, 17 de enero de 2009, párr. 66.
[6] Véase O.N.U. Comisión de Derechos Humanos, disponible en: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/08/ES-Factsheet-WGAD-formato.pdf